24 de mayo de 2020
EXCLUSIVO - CHUBUT
El proyecto de Arcioni para reestructurar la deuda plantea renunciar a la inmunidad soberana
La Tecla Patagonia tuvo acceso al texto que el viernes pasado presentó el Gobernador, al presidente de la Legislatura y a los jefes de bloque, mediante el cual se declara “prioritaria para el interés de la Provincia la restauración de la sostenibilidad de la deuda pública provincial”. Cuáles serían las facultades que tendría el Ejecutivo de aprobarse la iniciativa
El Ejecutivo de Chubut, viene trabajando en conjunto con Nación para lograr la reestructuración de sus pasivos, contraídos mayormente en dólares. Para esto, el gobernador, Mariano Arcioni, y su equipo de Economía, necesitan algunas facultades extraordinarias que deberá otorgarle la Legislatura.
En este contexto, el primer mandatario provincial mantuvo el viernes pasado una videoconferencia para presentar ante el vicegobernador, Ricardo Sastre y los tres jefes de bloques en la Legislatura, los alcances del proyecto.
La Tecla Patagonia tuvo acceso en exclusiva al documento que el Gobernador le presentó a los legisladores para su estudio y conversación durante el fin de semana largo que transcurre. Del análisis del mismo se deprenden varios puntos polémicos, sin dudas el que mayores dudas genera es el que establece la renuncia a la inmunidad soberana, lo cual habilitaría los embargos de los bienes públicos de la Provincia incluso recursos naturales.
El texto comienza estableciendo un marco coyuntural en el cual se explica los motivos por los cuales Chubut necesita avanzar en la reestructuración de su deuda.
Entre los argumentos se sostiene que “la crisis que enfrenta la Provincia no es un fenómeno aislado, sino que toda la Nación se encuentra en una grave situación. Esto amerita tomar las medidas más eficaces y urgentes que estén al alcance, ya que los sectores más vulnerables de la población requieren soluciones inmediatas e impostergables”.
En esta línea expresa que “durante los primeros cuatro meses del 2019 los precios internacionales de los hidrocarburos han presentado una recomposición, llegando a su valor máximo del año en abril de 74,93 dólares el barril de petróleo, lo que significó un incremento del 66,8%, luego de haber cerrado el 2018 con valores bajos
Ya entrados en el corriente año, el escenario internacional y la amenaza -ahora hecha realidad- de una Pandemia del virus COVID-19 que derrumbe las actividades y producción económicas a nivel mundial, han causado un cambio radical en la tendencia de los precios internacionales del petróleo, ocasionando una caída de dimensiones alarmantes, lo que redunda en un abrupto descenso en los ingresos por regalías que percibe la Provincia del Chubut, ubicando a esta en una situación económica aún más crítica, y a la que se adunan las catastróficas consecuencias sobre las finanzas públicas ocasionadas por el desplome en la actividad económica a resultas de las medidas de prevención dispuestas”, indican los considerandos del proyecto de ley del Ejecutivo de Chubut.
El artículo 1 de la norma establece que “en virtud de la emergencia económica, financiera y administrativa del Estado Provincial dispuesta por el artículo 1° de la Ley VII Nº 91, se declara prioritaria para el interés de la Provincia la restauración de la sostenibilidad de la deuda pública provincial a fin de crear condiciones para asegurar la sostenibilidad de dicha deuda y a tal fin se autoriza al Poder Ejecutivo a poner en práctica los mecanismos y/o instrumentos financieros que juzgue más apropiados, en el marco del artículo 62 de la Ley de Administración Financiera”.
Específicamente hace referencia a los títulos de deuda emitidos por la Provincia: bonos garantizados de la Provincia al 7,750% con vencimiento en 2026 (BOCADE), y bonos garantizados de la Provincia al 8,875% con vencimiento en 2023 (BOPRO).
En el artículo 2 se indica que “las operaciones que se lleven adelante en el marco de lo previsto por la presente ley deberán cumplir necesariamente con los lineamientos para la sostenibilidad de la deuda bajo legislación extranjera publicados por el Gobierno Nacional vigentes a la fecha de la presente ley y prever que la primer cuota de amortización de capital que deba afrontar la Provincia no se produzca con posterioridad al ejercicio 2023”.
Asimismo se otorgan una serie de autorizaciones extraordinarias al ministerio de Hacienda provincial entre las cuales se destacan: la realización de operaciones de crédito público establecidas por el artículo 62 de la Ley de Administración Financiera; la realización de los trámites correspondientes y la suscripción de la documentación necesaria, a fin de dar cumplimiento a las operaciones dispuestas en el inciso precedente; la afectación en garantía, cesión en pago y/o en propiedad fiduciaria de los fondos provenientes de la Coparticipación Federal de Impuestos; y/o de las regalías hidrocarburíferas.
Por último en el inciso D del artículo 4 del proyecto se autoriza al Poder Ejecutivo a través del ministerio de Hacienda a “la inclusión en la normativa y en los documentos pertinentes necesarios para instrumentar las operaciones de crédito público autorizadas en la presente ley, de la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales extranjeros, la determinación de la ley aplicable a las operaciones de crédito público autorizadas por la presente norma incluyendo leyes extranjeras, la renuncia a cualquier inmunidad soberana y/o defensas de no justiciabilidad, y/u otros compromisos habituales para operaciones con títulos en los mercados internacionales”.