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Informe especial

16 de julio de 2020

INFORME

"Ñoquis calientes" en el ministerio de Familia provincial

En Chubut, las causas de corrupción parecen no dar respiro. La Justicia abrió formalmente la investigación por presunta "defraudación al Estado" y posible "enriquecimiento ilícito" contra la exministra, Cecilia Torres Otarola. Se presume que nombraba personal que no prestaba servicios y le retenía parte del sueldo. Los detalles de la maniobra

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Por Mariela Branda

En la provincia de Chubut, las causas por corrupción, parecen ser una constante en los últimos años. A las emblemáticas, “El Embrujo”, “Revelación”, “Royal Cannin”, y otra cantidad de investigaciones asociadas a la época dasnevista que aún siguen en curso; ahora se suma la causa “Ñoquis Calientes”, la primera de corrupción, propiamente dicha, de la gestión de Mariano Arcioni como gobernador.

La Justicia investiga a la exministra de Familia de Chubut, Cecilia Torres Otarola y otros funcionarios de esa dependencia por la presunta comisión del delito de “defraudación al Estado”, en una primera etapa e “enriquecimiento ilícito”, en una segunda etapa de investigación.

La investigación comenzó cuando Otarola todavía estaba en el cargo aunque la apertura formal se presentó recién ayer. El que destapó la olla, fue un excolaborador de la exfuncionaria: Juan Martín Sandoval, quien radicó una denuncia por extorsión contra Otarola y contó algunos detalles de su manejo con el nombramiento de personal, primero en la Legislatura, y luego en la cartera de Familia. A raíz de esto, el MPF instruye al fiscal en jefe Omar Rodríguez, a iniciar la investigación.

La Oficina Anticorrupción del Ministerio Público Fiscal a través del fiscal Omar Rodríguez elevó la imputación en la causa caratulada “Cecilia Torres Otarola y otros p.s.a fraude a la administración pública” bajo el número 21745.

Allanamiento en las oficinas del Ministerio donde se encontraba Otarola a pesar de haber renunciado.

De acuerdo a la extensa presentación, son trece las personas imputadas que se encuentran involucradas en la misma cantidad de hechos, solicitándose la formalización de apertura de investigación de acuerdo al artículo 274 del código procesal penal.

Se imputa a la exministra de Familia,Cecilia Torres Otarola; la exsubsecretaria Jaquelina Rodera; su marido Marcelo Neira; su sobrino Facundo Solari Rodera; su hermana, Mara Rodera; su hijo, Branco Rodera Neira; Carlos Antonio Cundari (socio del marido de Rodera) y Miguel Angel Reto Trelles, todos domiciliados en Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Además a Silvana Adriana Cañumil, indicada como “la niñera”; Pamela Matamala, Facundo Andrés Jofré, todos colaboradores de Otarola. Por último la imputación alcanza también al ex ministro Coordinador de Mario das Neves, Alberto Gilardino y a su madre, Patricia Antonio.

Básicamente, se intenta determinar la existencia de “asesores” y personal con cargo, que no cumplían funciones para el ministerio de Familia por un lado; y por otro, el posible cobro de “retornos” de los sueldos de estas personas, como una devolución de favores por el nombramiento.

La maniobra de los asesores ñoquis

En el escrito presentado por la Fiscalía se sostiene que “de los elementos de convicción recogidos hasta el momento, estamos en condiciones de afirmar que Cecilia Torres Otarola antes de asumir en el cargo de diputada provincial en diciembre del año 2015, poseía un comercio denominado 5mentarios, el cual se encontraba ubicado en la ciudad de Esquel. A partir del año 2014, hasta su asunción como diputada, empleo en dicho comercio a Silvana Adriana Cañumil. Posteriormente, ya como diputada provincial, gestionó y logró el ingreso a la casa de las leyes, en el cargo de empleada administrativa de tercera, y luego en el cargo de asistente de Bloque, hasta el 12 de Diciembre del año 2019.

Si bien Cañumil, figuraba en los papeles prestando funciones en la Legislatura provincial, en los hechos cumplía funciones de niñera a cargo de los hijos menores de edad de la diputada”.

Por otra parte, en oportunidad del ejercicio como diputada provincial, Cecilia Torres Otarola, “gestionó y concretó el ingreso a la Legislatura Provincial, de Jaquelina Rodera, luego Subsecretaria del Ministerio de Desarrollo y Familia, -con quien la unía un estrecho vínculo de amistad- y el esposo de ésta última, Marcelo Neira, actual Director de Políticas Sociales. Asimismo, gestionó un contrato de Locación de Obra, respecto del hijo de los nombrados, Branco Rodero Neira, para que cumpliera funciones en la Legislatura Provincial”.

En el año 2017 ingresaron a prestar servicios, en las mismas condiciones, Alexis Ganga, luego Erica Paludi, y Martín Sandoval. A las tres personas mencionadas la diputada Otarola las obligaba a dejar parte de su sueldo en provecho propio. Para ello, dichas personas al momento de cobrar sus haberes mensuales debían entregar un porcentaje elevado de su sueldo a Silvana Cañumil, quien era la que encargada de llevar a cabo la recaudación. La operación aludida se hacía por medio de transferencias bancarias. Cañumil una vez que se hacía del dinero lo giraba a las cuentas de Torres Otalora, que poseía en el Banco de la Provincia de Chubut, y Banco de la Nación Argentina, todo esto según las suposiciones de la Justicia.

Ya en el cargo de Ministra, gestionó y logró el nombramiento de Jaquelina Rodera, amiga personal, designada en el cargo de Subsecretaria de Desarrollo Social, el esposo de ésta, Marcelo Neira, en el cargo de Director de Políticas Sociales, Mara Rodera, hermana de Jaquelina, en el cargo de Directora de Control de Auditoría y compras, Facundo Solari Rodera, sobrino de la Subsecretaria, en el cargo de Director General, Raúl Rodera, -hermano de Jaquelina- en el cargo de Secretario de la Ministro, Silvana Cañumil, ocupa un cargo con rango de Subsecretaria, Carlos Antonio Cundari, Secretario Privado de Jaquelina Rodera, Miguel Reto, en el cargo de Director General.

En el otro grupo de la planta política nombrada por Cecilia Torres Otarola, se menciona a Pamela Matamala, Directora de la Juventud, quien presta servicios en la privada de la Ministro.

Por su parte, Facundo Andrés Jofre, ocupa el cargo de Director General, es oriundo de la ciudad de Dolavon y tendría vínculos con la nombrada Matamala.

Según los registros bancarios a los que tuvo acceso la Fiscalía, el nombrado el día 7 de mayo de 2020, realiza una transferencia dineraria de $75.000 a Pamela Matamala. A su vez, Pamela Matamala, le realizó transferencias bancarias a la cuenta de Silvana Cañumil, los días 24 de abril de este año por un monto de $87,816; y el día 7 de mayo de 2020, por un monto de $84.216.

Por su parte Cañumil Silvana le hace una transferencia a Torres Otarola a una cuenta de su titularidad, el día 27 de abril de 2020, por un monto de $100.000. Asimismo, con fecha 4 de mayo de 2020 la nombrada Cañumil le hace una transferencia a Torres Otarola, a la cuenta sueldo de la última nombrada, un monto de $ 78.656,82 . Además, el día 8 de junio de 2020, Cañumil le efectúa una transferencia bancaria a Jaquelina Rodera por un monto de $50.000, y nuevamente a Torres Otarola, a la cuenta del banco Nación por un monto de $100.000 el día 8 de junio de 2020. La Fiscalía cree que serían alrededor de un millón y medio, en total, el monto recibido por la exministra de estas transferencias.

Por último, se imputó a Antonio Patricia, ocupa un cargo de Directora General en el Ministerio. La nombrada es madre de Alberto Gilardino. Según relata la Fiscalía, “del análisis preliminar de los movimientos bancarios, se desprende que la nombrada en el mes de junio del 2020, le efectuó transferencias bancarias al cuil perteneciente a su hijo, por un total de $ 187.200, luego de haber ingresado en su cuenta a sueldo el dinero en concepto de haberes por el cargo de Directora.

La niñera y el jardinero, los dos casos que hicieron más ruido

La señalada como niñera de los hijos de Otarola, Silvana Cañumil, acompaña a la funcionaria desde hace varios años. Primero, fue nombrada como asesora cuando ella era diputada provincial. El nombramiento entonces fue oficializado en febrero 2017. Luego, con la llegada de Otarola al ministerio de Familia, Cañumil, fue designada como subsecretaria con un sueldo de $156.454,00, según consta en los registros públicos. A pesar de estar obligada a concurrir a trabajar de lunes a viernes y con horario, Cañumil, no pisó el Ministerio hasta que trascendieron las primeras informaciones sobre su persona en medios períodisticos.

Otarola, la niñera Cañumil y los hijos de la exministra.

La otra función de Cañumil, que suponen los investigadores que cumplía, era de la “recaudadora” o “cajera” de la Ministra. Todos los depósitos de los presuntos “retornos” están hechos a la cuenta bancaria de Cañumil, quien luego se los giraba a la exministra.

Otro de los casos que más llamó la atención para los investigadores fue el del jardinero. Se trata de Miguel Angel Reto Trelles, un hombre de 35 años, de nacionalidad peruana que tiene domicilio en la ciudad de Buenos Aires y que sin embargo, figura en la nómina del ministerio de Familia con categoría 4 (rango de Director) y un sueldo de $85.873. Es decir que en total, desde su nombramiento a la fecha, el jardinero habría embolsado más de $340 mil del Estado provincial.

Según los testimonios y la hipótesis de la Fiscalía, Trelles no desempeñaba tareas habituales para la cartera de Desarrollo Social y tendría vínculo con Jacqueline Rodera, exsubsecretaria de Desarrollo Social.

El "jardinero" además cuenta con el antecedente comprobado de haber recurrido a una probation por agresiones físicas contra su ex concubina.

También se detectaron movimientos bancarios desde la cuenta de Trelles hacia la cuenta de la niñera de Otarola,

Juan Martín Sandoval (Exfuncionario del Ministerio de Familia / Denunciante)

“Desde la Legislatura vengo viendo estas irregularidades”

Sandoval cumplió funciones como asesor de Cecilia Torres Otarola, primero en la Legislatura entre los años 2015 y 2019. Luego, con el desembarco en el ministerio de Familia provincial, el contador se hizo cargo de la Dirección del área de Desarrollo Social. En abril pasado, se desvincula. Según comentó a La Tecla Patagonia, su decisión respondió a razones familiares y además a la falta de cumplimiento de algunas cuestiones por parte de la entonces Ministra.

A partir de ahí comenzó, según relata el contador, un embate en los medios de Otarola contra su persona. Sandoval contestó, radicó una denuncia por extorsión en la Fiscalía de Esquel y se fue destapando una gran olla de presunta corrupción que hoy es investigada por la Justicia.

Juan Martín Sandoval. Foto: Gentileza EQS Notas

Sandoval relató a este medio cómo desde la Legislatura comenzó a detectar irregularidades en el nombramiento de asesores. “Desde la Legislatura venía marcando estas cuestiones tanto a Otarola como a su círculo cercano. Sobre todo desde el punto de vista de AFIP, porque podía tener problemas. Luego en el ministerio de Familia, a los quince días de asumir, comenzaron estas irregularidades. También las marqué puertas adentro, incluso con la directora de Administración que en febrero se tuvo que ir porque la obligaban a firmar cosas que la podían comprometer desde el punto de vista profesional”, indicó.

“A partir de mi salida del Ministerio, que si bien fue una decisión personal vinculada a mi familia, empezó a haber ataques hacia mi persona, tratando de echarme la culpa de algunas irregularidades como el no pago de becas de Movimientos sociales; cuestiones que estaban ajenas a mi poder de decisión. Empezó una persecución de su parte con dichos en diferentes medios sobre supuestas “cuestiones” mías que iban a empezar a aparecer en las redes. A los dos días aparece un facebook trucho donde se me acusó de cosas que son totalmente mentiras desde lo laboral hasta lo profesional. A los pocos días, sale el caso de la masajista quien supuestamente tenía documentación que me comprometía. A raíz de todo eso hice la denuncia ante la Fiscalía de Esquel por extorsión”, agregó Sandoval.

En este sentido, añadió: “A partir de la denuncia por extorsión que presenté, el Procurador General, Jorge Miquelarena, le solicita al fiscal Omar Rodríguez que investigue mis dichos. Allí, me convocan y comienza la investigación de todas las irregularidades tanto en la Legislatura como en el Ministerio”.

Consultado específicamente sobre desde cuándo existirían este tipo de irregularidades con los nombramientos de asesores, Sandoval, indicó: “Desde la Legislatura, yo vengo viendo y denunciando estas cuestiones. Denunciando, quizás no en la Justicia pero sí se lo he reclamado a ella y lo he dicho en algunos medios, esto que se retenía una parte de los sueldos. Incluso lo hablé con otros legisladores de entonces que me decían eso no se había así. Cuando pasamos a la órbita del Ministerio y se realizan estos nombramientos a mediados de enero, yo fui parte de la mesa chica en la cual la Ministra y la subsecretaria (Jaqueline Rodera), definieron los cargos. Ahí las puse en alerta sobre gente que no vivía en la Provincia y que pretendían nombrar. Me respondieron que esto estaba hablado con el Gobernador y que no había problema porque los asesores no debían cumplir tareas dentro de la Provincia. Después, lo otro que generó muchos problemas internos en el Ministerio, fue el nombramiento de funcionarios, que tenían que cumplir tareas con horario de lunes a viernes y no habían pisado el Ministerio. Nunca los vi”, explicó el exfuncionario.

Sobre los casos del jardinero (Reto Trelles) y la niñera, nombrada como subsecretaria, (Silvana Cañumil), Sandoval explicó que no prestaban tarea alguna para el Ministerio. “En el caso de Reto Trelles, no tenía ninguna función. Solo estaba nombrado. Silvana Cañumil, comenzó a prestar alguna tarea esporádica en el Ministerio a partir de las denuncias periodísticas en la cual se las vinculaba como la niñera de los hijos de Otarola”.

Además de cuidar a los hijos de la Ministro, Cañumil, cumplía la tarea de “recaudadora”. “Todos los depósitos que realizaban estos asesores pasaban por la cuenta bancaria de Cañumil. Era la cajera de la Ministra. Otro caso que me llamó la atención fue el nombramiento de la madre del exministro, Alberto Gilardino, Patricia Antonio. Gilardino me manda a mí vía Telegram, la fotocopia del documento de la madre y yo le advierto sobre esta situación. Esto mismo le expuse al fiscal Rodríguez cuando me convocó porque además a Antonio no la vi en ninguna actividad relacionada al cargo y tampoco la vi en el Ministerio”.

Respecto a los posibles retorno, Sandoval, dijo tener conocimiento que “algunos asesores depositaban parte del sueldo en la cuenta de Cañumil; otros no cumplían tareas pero cobraban todo el sueldo. En esa situación estaba el marido de Jacqueline Rodera (exsubsecretaria), Marcelo Neira, que ocupaba un cargo de Director pero nunca pisó Rawson; también la hermana de Rodera, Mara Rodera, que estaba nombrada como directora de Compras pero tampoco fue nunca. Ellos eran funcionarios por lo tanto debían estar de lunes a viernes en las oficinas del Ministerio”, concluyó.

Omar Rodríguez (Fiscal a cargo de la causa)

“Detectamos un trama que tiene que ver con aprovecharse de la función pública para quedarse con dinero del Estado”

“Esta causa surge con una manifestación que hizo Juan Martín Sandoval, en otro contexto en una causa por extorsión en Esquel. Este hombre al fiscal de Esquel le hace algunas declaraciones que tienen que ver con cuestiones que él vio siendo asesor de Otarola, primero en la Legislatura y luego como funcionario en el Ministerio de Familia. Cuenta una serie de actos que tenían en principio apariencia delictiva. A partir de ese momento, tomo intervención y comienza a investigar”, relató en diálogo con La Tecla Patagonia, el fiscal Omar Rodríguez.

“Fui recolectando testimonios de otras personas, información de los bancos y distintos organismos y detectamos esta trama que tiene que ver con aprovecharse de la función pública para hacerse de fondos del Estado. Tiene varias etapas. En la Legislatura, presumimos que Otarola se quedaba con el sueldo o parte del mismo de los asesores; también contrató al hijo de la luego, subsecretaría Jacquelina Rodera, le hizo un contrato de locación de servicios y este muchacho era estudiante de medicina por lo tanto nunca concurrió a prestar servicios a la Legislatura, para lo cual había sido contratado”, agregó el representante del Ministerio Público Fiscal.

“Lo otro que investigamos es el fraude respecto de su niñera, Silvana Cañumil. Otarola la hace ingresar a la Legislatura pero en realidad le asigna como funciones el cuidado de sus hijos. Engañando a los funcionarios, se le pagaba un sueldo como trabajadora de la Legislatura”, indicó Rodríguez.

Allanamientos en las vivienda de Otarola y en la de sus colaboradoras.

“Luego, en la última parte de esta investigación, estamos indagando sobre los “ñoquis” propiamente dicho, que son aquellos que accedieron a cargos a través de ella. Porque en realidad, la primera maniobra de defraudación tiene que ver con el Gobernador, para que éste firme los decretos designando a estas personas. Básicamente las designa por idoneidad. Una idoneidad que era aparente o ficticia porque en ningún momento se acreditan certificaciones académicas ni nada por el estilo. Muchas de estas personas que están relacionadas con la familia Rodera viven en Buenos Aires. Nunca vinieron a la Provincia y cobraran el sueldo. El marido de Jacquelina Rodera tenía cargo de Director, entrevisté al subsecretario que estaba por encima de él y nunca lo vio en el Ministerio. Y, Mara Rodera, hermana; Facundo Solari, sobrino; Cundari, socio del esposo de Rodera; Miguel Reto Trelles, el famoso jardinero que también tiene relación con Rodera. Pudimos acreditar que el “jardinero”, le hizo un depósito el 3 de junio pasado, después de cobrar el sueldo, a Silvana Cañumil, quien presumimos recaudaba para Otarola”.

Rodríguez aclaró que “en algunos casos estos ñoquis allegados a Otarola, los Rodera y la madre de Alberto Gilardino, cobraban el sueldos completo y no pagaban “retorno”. Era como una especie de favor. En otros, sí les pedía la mitad del sueldo. El tramo del enriquecimiento ilícito no lo comenzamos a investigar, lo haremos en una segunda parte. Vamos a investigar durante todo el período que ella fue funcionaria pública cómo evolucionó su patrimonio”.

Consultado sobre la metodología usada para las presuntas maniobras de retorno mediante depósitos bancarios, el Fiscal sostuvo: “Es tremendo porque están todos los rastros, han dejado rastros por todos lados y con nombre y apellido. No hay forma que la niñera pueda justificar los depósitos por más de un millón y medio de pesos que le hizo a Torres Otarola. Porque además, estuvimos allanando la casa de la niñera y vive en condiciones humilde”.

Sobre la figura del exministro Coordinador de Das Neves, quien estuvo vinculado y declaró como arrepentido en las causas de corrupción ligadas al extinto Gobernador; Rodríguez sostuvo: “Presenté la imputación tanto para la madre, Patricia Antonio, quien figura en el listado de asesores de la exministra como para él, a quien entendemos la madre le giraba el dinero del sueldo. Gilardino tenía una relación con Otarola a quien le llevaba algunas cosas legales; ella quiso ponerlo dentro del equipo en el Ministerio pero no podía porque justamente estaba involucrado en causas de corrupción de la gestión anterior y políticamente no era conveniente. Entonces, lo que hace es ubicar a la madre como prestanombre”, indicó.

Respecto al gobernador, Mariano Arcioni y a su vínculo con estas irregularidades, el Fiscal mencionó que “en nuestra primera hipótesis el Gobernador aparece engañado en su buena fe. Otarola le acerca un listado de persona que en teoría son idóneas para trabajar con ella. Esto no significa que si aparecen nuevos elementos de prueba, finalmente se lo vincule”.

Por último consultado sobre la posible detención preventiva de la exministra, el representante del Ministerio Público expresó: “Si cualquiera de las personas imputadas comete algún acto que se indique como señal de entorpecimiento o peligro de fuga, pude ser detenida para resguardar el proceso. Hasta ahora todos han estado a derecho y esto no se solicitó. Nos falta ahora la pericia de los teléfonos que secuestramos que las vamos a hacer en unos días. Por experiencia previa, esto es una caja de pandora, pueden aparecer otros personajes y otros hechos”.

Manuel Pagliaroni (Pte. Bloque Juntos por el Cambio)

“Se evidencian nuevamente falta de controles internos”

“Nosotros más allá de lo que ha surgido con el caso de la exministra, Cecilia Torres Otarola, es que hay, en primer lugar una falta de control interno dentro del Poder Ejecutivo. No puede ser que un Ministro designe personal sin que absolutamente nadie haga algún tipo de control. Más allá de la responsabilidad que le cabe al Ministro, entendemos que debiera haber controles internos”, expuso Pagliaroni en diálogo con La Tecla Patagonia.

“Hay otros organismos, como el caso del Tribunal de Cuentas, que también debe llevar un control de esas situaciones. O por ejemplo, las declaraciones juradas de los funcionarios cuando asumen y cuando se van del cargo. Porque lamentablemente volvemos a caer en lo mismo que se cayó hace algunos años, a la falta de controles internos”, concluyó.

Desde el bloque Juntos por el Cambio y a raíz de la causa Otarola, solicitaron informes al Poder Ejecutivo para conocer en detalles todas las personas que están designadas en las diversas áreas del Gobierno, cuánto cobran y qué funciones prestan.

“Diríjase al Señor Gobernador de la Provincia del Chubut, en los términos y alcances del artículo 134 inciso 3 de la Constitución Provincial, para que en plazo de CINCO (5) días hábiles a partir de notificada la presente, tenga a bien informar a esta Honorable Legislatura:
Detalle completo con discriminación por Ministerio, Secretaría y/o Entidades Autárquicas, del organigrama vigente y el/la funcionario/a designado en cada uno de los casos, desde la autoridad máxima hasta la categoría de Director, desde el 10 de Diciembre de 2019 a la fecha.

Personas designadas como Personal de Gabinete, indicando para cada caso: nombre y apellido, DNI y Ministerio o Secretaría en la que desarrolla sus actividades, fecha de inicio de actividades, remuneración percibida o equiparación salarial dispuesta, desde el 10 de Diciembre de 2019 a la fecha”, indica el texto remitido al Gobernador.

**Ni redes, ni notas: silencio stampa de Otarola

A pesar que la exministra Otarola ha utilizado en varias oportunidades las redes sociales para realizar descargos respecto a las polémicas en las que se vio envueltas; en las últimas semanas y tras su salida del Ministerio de Familia, no lo ha hecho. Además, Otarola cerró sus redes que antes como funcionaria tenía abiertas, de manera que únicamente quiénes sean sus “amigos” puedan leer lo que publica.

El único movimiento registrado en su Facebook, fue hace seis días, el posteo de una llamativa frase perteneciente a Juan Domingo Perón. “El que quiera conducir con éxito, tiene que exponerse; el que quiere éxitos mediocres que no se exponga nunca; y si no quiere cometer ningún error lo mejor es que no haga nada”, dice la frase citada por la exfuncionaria.

Más allá de esto, La Tecla Patagonia**, intentó sin éxito comunicarse para el presente informe con Torres Otarola. De igual forma, con varios de sus excolaboradores.

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