Es una de las principales industrias de la región y la más afectada por la pandemia. La tensión política por las propuestas de salvatajes y las alternativas locales que manejan las provincias

Por Alejandro De Angelis

Si existiera una medición de pérdidas en millones que causó la pandemia, sin duda
alguna la industria del turismo estaría al tope del ranking, por diversos factores que la
convierten en la más afectada. El principal, que fue la idea del desplazamiento de
personas de un país a otro que terminó por propagar el virus, lo que provocó que la
primera medida adoptada por los Gobiernos de todo el mundo fuera la cancelación de
viajeros. Eso la convierte en la primera actividad en parar, y seguramente la última en
reactivarse.

En ese camino de incertidumbre, tanto como el comportamiento del virus, los actores
involucrados reclaman desde el inicio de la cuarentena soluciones para afrontar las
estrepitosas caídas de ingresos. Las demandas van desde asistencias económicas hasta
planes de reactivación parcial, que permitan comenzar a movilizar algo de toda la gran
maquinaria que se alimenta de las excursiones, los alojamientos y los dólares.
Según se estima, la industria del turismo aporta el 10% del PBI de nuestro país y un 9,4%
de la población laboral y, debido a la crisis sanitaria, este sector es uno de los más
afectados por la pandemia.

La discusión parlamentaria

Mientras los días pasan, la discusión en el Congreso avanza. En principio, hay dos
proyectos que confrontan intereses y beneficios, y tensan la cuerda que mide la
correlación de fuerza para uno y otro lado. El que cuenta con apoyo mayoritario de los
Diputados nacionales, es el presentado por el Frente de Todos, mientras que el del
bloque de Juntos por el Cambio tiene un respaldo minoritario en la Cámara.

Concretamente, el oficialismo impulsa un "Plan de Auxilio, Capacitación, Infraestructura y Promoción” que contempla una inversión estatal de hasta 16.000 millones de pesos. También otorga beneficios fiscales una moratoria impositiva a empresas turísticas, y créditos a tasa subsidiada.

Por su parte, desde Juntos por el Cambio impulsan la Emergencia Turística en todo el
territorio nacional. El mismo instituye un régimen extraordinario de emergencia
económica, laboral, tributaria y financiera por el plazo de un año y empieza a regir desde
el inicio de la pandemia. También se crea un programa de para empleadores y
trabajadores que consiste en la obtención de un “Salario Complementario”, constituido por
una asignación abonada por el Estado Nacional para los trabajadores en relación de
dependencia del sector privado.

Esta última fue la que más apoyo obtuvo de las Cámaras que nuclean a la mayoría de los
involucrados en la industria, pero que no logró consenso en el tratamiento de Comisiones
como sí lo hizo el del oficialismo, por lo que se le dará curso en el recinto.

Las soluciones regionales

La mayoría de las provincias votaron sus respectivas emergencias turísticas. En el caso
de la Patagonia, tanto Santa Cruz, como Río Negro y Chubut declararon medidas de
similar alcance. La única provincia de la región que aún no lo hizo fue Neuquén, ya que
consideraron que el Ejecutivo había establecido herramientas de ayuda por fuera de una
decreto específico para el sector.

En pos de avanzar en la nueva normalidad, la provincia que Gobierno Omar Gutiérrez
definió la vuelta al turismo interno a partir de agosto. Será en algunas localidades, solo
para visitantes regionales y con estrictos protocolos sanitarios. Mismo camino siguieron
en otros puntos del país, como Salta, Catamarca, Corriente o La Pampa, con un
escenario epidemiológico controlado.

El caso patagónico impide mayores movimientos. El principal impedimento es la
conectividad, ya que se trata de un territorio amplio donde a gran parte de los destinos es
necesario acceder vía aérea. A eso se le agrega que una buena parte del ingreso
proviene del turismo extranjero, hoy sin fecha de retorno a la vista.

En Río Negro, el exgobernador y actual senador Alberto Weretilneck propuso una ley de
auxilio urgente a las ciudades cuya economía dependa totalmente de la llegada de
visitantes. Allí incluye a Bariloche, El Bolsón, El Calafate, San Martín de los Andes y Villa
La Angostura entre otras.

Para Santa Cruz, hubo dos intentos truncos desalentados por el rebrote de coronavirus surgido en las últimas semanas. Uno fue la implementación de un corredor turístico entre
Río Gallegos y las localidades más próximas, y el otro la habilitación de Calafate para visitantes internos. Ambos quedaron paralizados ante el escenario epidemiológico actual.

La realidad indica que no existe aún un plan de reactivación del sector que permita
garantizar la seguridad sanitaria, y mucho menos una continuidad en el tiempo. Por el
momento, se trata de intentos, pruebas y retrocesos, motorizados más por la necesidad
que por la convicción de llevar a cabo una estrategia segura. En el sur, hay comunidades
enteras que viven alrededor de la industria, que hoy viven inmersas en una gran
incertidumbre sobre su futuro. En muchos casos, la mano del Estado no llega y en otros,
es insuficiente. Con o sin ley, la emergencia del sector es un hecho.

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