8 de junio de 2012
RÍO NEGRO
Se creó la Empresa Minera Rionegrina SA
La Legislatura de la provincia del Río Negro sancionó la ley que crea la Empresa Minera Rionegrina (EmiR SA), una sociedad anónima con capital estatal mayoritario
La Legislatura de la provincia del Río Negro sancionó la ley que crea la Empresa Minera Rionegrina (EmiR SA), una sociedad anónima con capital estatal mayoritario, que se dedicará al estudio, exploración, explotación, transporte, almacenamiento, industrialización y comercialización de las sustancias minerales y sus derivados, con el objeto de promover el desarrollo de la minería rionegrina a través del aprovechamiento de los recursos naturales.
Entre otras cuestiones, la empresa deberá promover el desarrollo minero, desplegando actividades de investigación, prospección, exploración, explotación, acopio, desarrollo, industrialización, preparación y extracción de sustancias minerales, pudiendo desarrollarla por sí, por intermedio de terceros o asociada a terceros.
Se encargará además del transporte, almacenaje, distribución, comercialización e industrialización de estos productos mineros y sus derivados –directos o indirectos-, incluyendo la importación de insumos vinculados a las actividades de exploración, explotación e industrialización minera.
Conjuntamente de promover la innovación tecnológica, EMiR SA podrá utilizar el procedimiento previsto en el Titulo Vigésimo Primero del Código de Minería y explotar por sí, asociada a terceros o por terceros, las minas que descubriese durante la investigación.
La autoridad minera procederá a inscribir, a nombre de EMiR SA todas las solicitudes de derechos mineros que ésta denunciare, las que denunciaren los terceros que trabajen bajo contrato o las sociedades o grupos de colaboración empresaria que conformare EMiR SA, sin perjuicio de las obligaciones y/o derechos que de los contratos suscriptos con la citada sociedad resultaren a favor de los terceros contratados, de los terceros asociados, o de los restantes componentes de los grupos empresarios.
El Poder Ejecutivo suscribirá el Estatuto Social e integrará el capital social a aportarse por la provincia. En todo momento la provincia deberá ser titular de acciones que representen por lo menos el sesenta por ciento del capital social y votos.
Los derechos derivados de la titularidad de las acciones de propiedad del Estado Provincial en EMiR SA serán ejercidos por el Ministerio de Producción de Río Negro.
No serán aplicables a la empresa las leyes de Administración Financiera y Control Interno del Sector Provincial H nº 3186, la de Procedimiento Administrativo A nº 2938 y aquellas normas que regulen la contratación por parte de la administración pública, debiendo la empresa sujetar sus contrataciones a lo que establezca su propio reglamento.
Los organismos constitucionales de control existentes en la provincia ejercerán sus facultades sobre EMiR SA. La Empresa podrá acogerse a los beneficios de la ley de Inversiones Mineras nº 24196 y a cualquier otro régimen promocional o de beneficios nacionales o provinciales que se dicten en el futuro.
El debate
El miembro informante del proyecto de ley impulsado por el Ejecutivo, votado en única vuelta, fue la legisladora Arabela Carreras.
La diputada del FpV definió al proyecto como “una herramienta más de las muchas que este Gobierno necesita para sacar a la Provincia del estancamiento, para concretar los objetivos de desarrollo económico y productivo que nos hemos propuesto”.
“Con la ley lo que proponemos es generar recursos justamente donde no existen otras fuentes de ingreso, estamos buscando un equilibrio territorial que permita dignificar la vida, la labor de tantos rionegrinos que no encuentran otra salida real en los distintos lugares donde se encuentran”, argumentó.
Observó que “nuestro suelo tiene un potencial escasamente explotado y en muchos casos inexplorado”.
Advirtió que “la sustentabilidad se considera tanto en materia ambiental como social y económica”.
Mencionó la creación de un Consejo Ambiental para garantizar que distintas organizaciones puedan participar en el control de todas las explotaciones mineras.
Por la oposición, Adrián Casadei (ACD) manifestó la oposición de su bloque a la iniciativa por estar en desacuerdo con "la política minera que se pretende dubitativamente seguir desde diciembre", cuestionó que no se hayan tenido en cuenta las autonomías municipales y regionales, y que el Departamento Provincial de Aguas (DPA) no tenga injerencia en la ley.
Magdalena Odarda (ARI) definió al proyecto como parte de un proceso de entrega del patrimonio nacional que comenzó con la dictadura y siguió con la década del '90. Sostuvo que detrás de la creación de esta empresa “esconden el fomento de la megaminería, a gran escala, a cielo abierto y con uso de tóxicos”.
Advirtió que “va a ser imposible participar de la renta minera cuando no se ha tocado ni siquiera una coma del paquete de leyes nacionales que dan beneficios extraordinarios a la megaminería”.
Criticó el “modelo extractivista focalizado en producir bienes de especulación financiera para sostener monedas sin respaldo” y afirmó que con esta empresa “vamos a coparticipar en la responsabilidad en las consecuencias sobre el pasivo ambiental que va a quedar de manera irreversible”.
Por el bloque Unidos por Río Negro, Ricardo Ledo, aunque expresó que una empresa minera “es una herramienta importante y fundamental para poder manejar los recursos de nuestra provincia”, no acompañó el proyecto. Lamentó que “no haya existido un marco de debate rico que permita una herramienta más solida”.
Luis María Esquivel (FpV) desestimó con ejemplos “las falacias” planteadas por la oposición sobre el consumo de agua que requeriría la explotación minera, el aporte tributario que la actividad representa y sobre el uso del cianuro.
El legislador pidió “abandonar los cuentitos, las fábulas y las creencias religiosas”.
“Acá estamos hablando de la vida de nuestros coprovincianos y de mejorarle la calidad de vida a las regiones más postergadas de nuestra provincia”, concluyó.
El legislador Bautista Mendioroz criticó la instalación de una “falsa antinonomia” entre los que están a favor y en contra de la minería. Se manifestó a favor de la minería, pero en contra de la megaminería a cielo abierto.
“Nos oponemos a un modelo de desarrollo rentista, extractivista, que no posee consenso social, y esto no lo reemplaza la licencia social ambiental”, sostuvo.
Finalmente, la legisladora Ana Piccinini criticó fuertemente al jefe de bloque de la Alianza Concertación, Bautista Mendioroz, y cerró el debate pidiéndole al “pueblo descreído, después de lo que pasó (gestión radical), que confíe porque la política minera nos va a aportar recursos".
Garantizó que se llevará adelante una minería “controlada y seria”.