La denuncia fue presentada por la vocal del Tribunal de Cuentas, Yanina Gribaudo, la cual incluye una millonaria suma que se pagó en sobreprecios en el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV). Además, se certificaban obras que no avanzaban y se detectaron contrataciones irregulares

Denuncian al intendente Grasso y funcionarios por “sobreprecios y desvío de fondos”

En Santa Cruz, una denuncia por irregularidades relacionadas a sobreprecios y desvío de fondos, le apuntó a un intendente y otros funcionarios provinciales, en el marco de una investigación que se enfocó en maniobras ocurridas al interior del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV).

Se trata de un informe que realizó el Tribunal de Cuentas, en donde se advirtieron posibles delitos de parte de quien condujo el organismo entre 2015 y 2018, Pablo Grasso (Río Gallegos) y que también vinculó a varios funcionarios de la provincia.

La denuncia fue radicada por la vocal del Tribunal de Cuentas, Yanina Gribaudo, quien determinó pruebas que hablaban de “delitos de corrupción” que involucran al intendente Pablo Grasso, a Oscar Arbe, Subgerente de Ferrocarril y Puertos de YCRT, a Juan Pedro Cvitanic, y a Jonathan Nifosi, entre otros funcionarios provinciales.

Según el informe al cual accedió La Tecla Patagonia, la denuncia incluye una millonaria suma que se pagó en sobreprecios. Además, se certificaban obras que no avanzaban y se detectaron contrataciones irregulares.

La primera denuncia fue radicada en el Juzgado de Instrucción Penal N° 1, a cargo de la Dra. Marcela del Valle Quintana, y luego se realizó otra en sede federal en la fiscalía a cargo del Dr. Julio Cesar Zarate.

“Se puede evidenciar en ambos expedientes un cúmulo de irregularidades que llevan a la conclusión de un apartamiento alarmante y consciente de las normas por parte de los funcionarios del organismo, y la presunción de haber incurrido en delitos contra la administración pública”, especificó Gribaudo en la denuncia, quien no es la primera vez que le apunta a intendentes peronistas.

Además, Gribaudo remarcó que “lamentablemente, esta es una muestra más de que en nuestro país, y más aún, en nuestra provincia, la lucha contra la corrupción, la transparencia y el castigo a los funcionarios que no cumplen las normas, está muy lejos de ser una realidad”.

PAGO DE OBRAS QUE NO TERMINARON

Entre los hechos denunciados está la creación de un plazo fijo de forma irregular para canalizar fondos provenientes de aportes del Gobierno Nacional, de los cuales, entre otras cosas, no se consignan los intereses ni el destino de ese dinero.

Además, se constató el pago de sobreprecios y la realización de contrataciones irregulares. Se detectó el pago de obras que no fueron concluidas y la certificación de obras que no habían llegado a concretarse.

"Un hecho curioso que marca la forma de operar dentro del IDUV fue el pago de repuestos y equipamientos para vehículos que estaban fuera de funcionamiento", se lee en el informe que accedió este medio.

A su vez, las autoridades que presentaron las denuncias destacaron que este tipo de maniobras "demuestra la existencia de mecanismos orquestados para llevar a cabo hechos delictivos, de corrupción y gozar de impunidad".

Otro caso denunciado es el uso de facturas truchas para hacer figurar gastos y compras. Se trata de una maniobra de adulteración de documentos públicos para fraguar gastos y así disponer de dinero para otro fin.

"El uso de facturas apócrifas está totalmente probado en la causa presentada ante la justicia y podría ascender a más de 100 millones de pesos", agregaron.

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