Por Sebastián Simonetti
El 2022 será un año de muchas definiciones políticas de cara a las elecciones, pero también se pondrán en juego otras discusiones cruciales para el futuro. Algunas de ellas tendrán lugar en la Patagonia, un terreno muchas veces olvidado, donde el federalismo es más un eslogan de campaña que un hecho comprobable en la práctica.Por este motivo, gobernadores sureños ya trabajan de manera conjunta en un tema de gran relevancia para la región.
En 2023 vencerán las concesiones de las represas hidroeléctricas que hoy están bajo dominio del Estado nacional y otorgadas a empresas privadas. La intención de las provincias, y en la que ya trabajan legisladores de Neuquén y Río Negro por indicación de Omar Gutiérrez y Arabela Carreras, es que vuelvan a manos provinciales una vez que finalicen los contratos actuales.
Las concesiones de las represas en cuestión finalizan el próximo año, atento a que el contrato fue firmado en 1993 por un plazo de 30 años. En efecto, y de acuerdo al propio marco regulatorio, las centrales deben ser revertidas sin cargo al concedente, es decir, al Estado nacional.
Allí se abrirá un debate político y, también, judicial. Nación sostiene que las presas son de índole nacional porque afectan directamente al interconectado de energía eléctrica, mientras que las provincias se aferran a la reforma del ‘94, que estableció que los recursos naturales son de las provincias.
Otro tema que subyace a la discusión es la cuestión de las regalías hidroeléctricas: Neuquén exige una devolución correspondiente al lapso comprendido entre agosto de 2016 y julio de 2021, que supera los 1.164 millones de pesos. ¿Cómo puede modificarse el mapa si las represas vuelven a manos provinciales? Y hay un detalle no menor de fondo: el costo que
pagan en las provincias por un bien que producen. Exigen tarifa diferencial por ser productoras y reclaman que hoy se les cobra traslado y transporte de la energía, desconociendo su rol en la cadena de producción.
El mapa de las represas y sus actuales administraciones
Argentina cuenta con 95 represas hidroeléctricas con distintas modalidades de concesión (multinacional, binacional, nacional y privada), de las cuales un puñado se encuentra en la
región Comahue (Neuquén y Río Negro). Sobre el río Limay figuran las represas de Alicurá,
Piedra del Águila, Pichi Picún Leufú, El Chocón y Arroyito; mientras que sobre el río Neuquén se encuentran las denominadas Planicie Banderita, Portezuelo Grande, Loma de la Lata y El Chañar.
Las hidroeléctricas operativas en el país se agrupan en dos conjuntos: por un lado las que, en su origen, eran propiedad de Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado, y por el otro las que se encontraban bajo la órbita de Hidronor S.A. Las concesiones de este segundo grupo
de centrales son las que vencen a partir de 2023. Se trata de seis usinas ubicadas en la región de Comahue.
Las empresas detrás de la gestión de las represas
Entre las represas que están en el Comahue se encuentra Planicie Banderita, central que es propiedad de Orazul Energy. Dicha firma gestiona también las presas Portezuelo Grande, Loma de la Lata y El Chañar en manos de Orazul Energy.
El manejo de El Chocón lo tiene el grupo Enel de origen italiano con participación también
en Enel Generación Costanera, ex Central Costanera; Central Dock Sud y Enel Green Power Argentina, en lo que refiere a Generación; Enel Trading Argentina S.R.L., ex-Cemsa,
en Comercialización; Edesur S., en Distribución; y TESA, CTM y Yacylec, en Transporte.
En el caso de Piedra del Aguila, la dueña es SADESA (que comparte directorio con Central Puerto), mientras que la empresa AES administra Alicurá. En tanto Pichi Picún Leufú es
propiedad de Pampa Energía y Arroyito de Enel.
Entre sus titulares se encuentran empresarios de alto perfil, como Marcelo Mindlin
(presidente de Pampa Energía) y Nicolás Caputo (SADESA, entre otras), amigo del
expresidente Mauricio Macri, y otros no tan conocidos, como los banqueros
Guillermo Reca y Eduardo Escasany, que participan en este negocio.
Parte del planteo sobre las represas hidroeléctricas se ampara en el antecedente de la Ley Corta en el año 2006. Allí, todas las provincias pasaron a tener poder concedente de los yacimientos, y cuando llegó el momento de los vencimientos de las concesiones dadas en los ‘90 tuvieron que negociar las prórrogas de esas concesiones.
En ese momento se informó acerca de cuál era el estado de cada pozo petrolero y, en base a eso, pusieron un precio a la prórroga de las concesiones por diez años. Es un ejercicio que las provincias ya han hecho en el pasado y pretenden emular de cara al debate sobre las represas hidroeléctricas en el 2023.
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