Los legisladores del bloque Unión por la Patria enviaron una nota a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Alicia Mercau, solicitando que se deje sin efecto la designación del diputado por pueblo como parte del organismo encargado de llevar adelante los jury contra los magistrados. Los motivos

Continúa la polémica por la designación de Boffi en el Tribunal de Enjuiciamiento

La designación del diputado por la provincia de Santa Cruz Piero Boffi como parte del Tribunal de Enjuiciamiento -el organismo encargado de llevar adelante los jury contra los magistrados- se tiñó de polémica durante las últimas horas dentro de la jurisdicción patagónica.

En el día de ayer, los magistrados de Santa Cruz cuestionaron la designación de Boffi como integrante del Tribunal de Enjuiciamiento porque “no resulta ser letrado”.

En las últimas horas se sumaron al reclamo los legisladores del bloque Unión por la Patria, quienes enviaron una nota a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Alicia Mercau, solicitando que se deje sin efecto la designación del diputado.

“Queremos expresar nuestra profunda preocupación por la falta de apego y las normas y la constitución puesta de manifiesto por las autoridades de esta Cámara, resulta muy claro que existe una intencionalidad de la Presidencia de esta Legislatura y los diputados oficialistas con una dudosa y doble moral. Una es la que vemos diariamente en redes sociales y medios de comunicación, donde se muestran como paladines de la defensa de la moral ciudadana y los valores republicanos. La otra es la de los hechos concretos que violan normas y violentan las instituciones”, señalaron los legisladores en primer lugar.

Por otro lado agregaron: “En el discurso, se jactan de ponerle fin a la designación de jueces amigos y a la utilización política de la Justicia. La realidad es otra: nombran en el Consejo de la Magistratura, organismo constitucional dedicado a la selección de magistrados, al diputado Fernando Españón, presumiblemente implicado en causas penales”.

Y comentaron: “Vemos como el señor Vicegobernador amenaza públicamente a jueces y autoridades de los organismos de control, lo que demuestra una clara acción de amedrentar a todos aquellos que tienen la función de controlar la rendición de cuentas de sus propios actos”.

Finalmente, y citando el artículo 129 de la Constitución provincial, indicaron: “Los magistrados de los tribunales inferiores y funcionarios de los ministerios públicos podrán ser acusados por cualquier habitante ante un Tribunal de Enjuiciamiento formado por un miembro del Tribunal Superior, un diputado letrado, si los hubiese, y un letrado del Foro Provincial elegido por sorteo efectuado por el TSJ. Si no hubiera diputado letrado, será reemplazado por otro miembro”.

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