El gobernador Claudio Vidal lanza un megaproyecto que pretende potenciar el desarrollo agropecuario, pesquero, industrial y hasta inmobiliario de la Provincia, ¿De que se trata la propuesta?

Santa Cruz: empresa estatal de alimentos

Desde sus inicios en la gestión del gremio petrolero santacruceño, Claudio Vidal ha procurado llevar adelante proyectos de intervención social característicos de los principios de un Estado de bienestar. Claros son los ejemplos con las aperturas de proveedurías de la mutual el gremio hidrocarburífero y hasta la inauguración un feedloot para abastecer de carne y leche a los mercados locales. Todo con el fin manifiesto de que la gente pueda tener un acceso a bienes de primera necesidad a menor precio.

Ahora, a contramano de la política de libre de mercado que se pretende instalar desde la Presidencia y al frente de la Gobernación de la jurisdicción sureña, Vidal presentó en los últimos días la propuesta más ambiciosa tras su asunción en el Ejecutivo el pasado 10 de diciembre: una empresa estatal de alimentos de nombre Santa Cruz Puede.
Según comunicaron oficialmente, se trata de una iniciativa casi inédita en términos provinciales y nacionales, especialmente por la envergadura del proyecto, que va más allá de la producción y desarrollo alimenticio.

Durante la semana, el mandatario explicó en varias ocasiones que la idea es que la provincia pueda generar bienes propios, apuntando a la creación de empleo genuino, el crecimiento de una industria soberana y que el precio de los alimentos sea menor del que se tiene que traer del resto del país. Asimismo, señaló que ya se dio el primer paso con la recuperación del buque Liliana, a inicios de año, lo que permitirá la recolección de recursos pesqueros sin tener que recurrir a terceros, y anticipó que ya se está preparando la adquisición de una segunda embarcación.

Qué dice la letra chica de la iniciativa

Formalmente, la propuesta viene acompañada de un Proyecto de Ley, que debe ser aprobado por la Legislatura Provincial para que la empresa se constituya dentro del marco legal vigente. La Tecla Patagonia tuvo acceso al texto, que fue presentado ante la Cámara de Diputados el 17 mayo, en el que si bien se especifican algunos pormenores del emprendimiento, faltan definiciones en cuanto las áreas que pretende abarcar.

De entrada, se establece que la empresa Santa Cruz Puede se constituirá como una sociedad anónima unipersonal -único accionista es la misma Provincia- y tendrá como objeto la realización de actividades “agropecuarias, pesqueras, industriales, comerciales, de desarrollo inmobiliario, y comercio exterior, entre otras”, según dice la nota del gobernador adjunta al proyecto.

De ese modo, reiterando el desarrollo industrial y la generación de valor agregado, el mandatario también pronostica que la puesta en marcha del proyecto “conllevará a su vez el desembarco de empresas manufactureras con políticas de desarrollo sostenible, la competitividad en el mercado interno, el abastecimiento promoviendo la cadena de valor local, creando acuerdos y alianzas estratégicas atractivas” y garantizaría atraer inversiones extranjeras.

En cuanto al proyecto en sí, la propuesta consta de 12 artículos, en la que se establece que tendrá su sede en la ciudad de Río Gallegos y se regirá por las disposiciones de la Ley 19.550 y sus modificatorias.

La empresa tendrá un amplio objeto social que abarcará diversas actividades productivas, desde el sector agropecuario y pesquero hasta el industrial y comercial. Entre las principales actividades, se destacan la "explotación comercial de todos los derivados de estas actividades" y la "compra, arrendamiento y adquisición de embarcaciones destinadas a la pesca" . Además, se involucrará en el desarrollo inmobiliario y en la importación y exportación de productos.

Uno de los objetivos clave de la nueva empresa será "agregar valor a la producción primaria de la provincia" y "posicionar un proceso de industrialización local" que incremente los indicadores industriales a nivel local, regional y nacional . También se espera que la empresa aliente la inversión en tecnología, fomente la llegada de empresas manufactureras sostenibles y genere empleo priorizando la mano de obra local.

El proyecto de ley autoriza al Poder Ejecutivo Provincial a determinar la composición y tipo de acciones que integrarán el capital social de la firma. Además, se establece que la empresa estará exenta del pago de impuestos provinciales, lo cual podría significar un importante incentivo para su crecimiento y desarrollo.

La normativa también detalla que la sociedad mantendrá una vinculación laboral de derecho privado con su personal, regida por la Ley de Contrato de Trabajo. Esta disposición asegura que las relaciones laborales se mantendrán bajo un marco regulatorio acorde a las leyes nacionales.

Asimismo, se instruye a la Escribanía Mayor de Gobierno de la Provincia de Santa Cruz a realizar todos los actos notariales necesarios para la inscripción en el Registro Público y Contralor de Personas Jurídicas del Acta Constitutiva y Estatuto de la firma, sin que ello implique erogación alguna.

En lo que concierne al estatuto, se especifica que la nueva entidad contará con un capital social inicial de 30 millones de pesos y el directorio de la empresa estará compuesto por hasta tres directores titulares, quienes serán responsables de la administración y representación legal de la sociedad. Estos directores serán designados por la asamblea de accionistas, que en este caso está representada en su totalidad por la Provincia de Santa Cruz. La duración de los mandatos de los directores será de dos años, con posibilidad de reelección.

La sociedad tendrá una duración de 99 años, con la posibilidad de prórroga por decisión de la asamblea. La fiscalización de la empresa estará a cargo de un síndico titular y un suplente, encargados de velar por el cumplimiento de las normativas legales y la correcta administración de la sociedad.

En cuanto a la resolución de conflictos, se ha determinado que cualquier disputa relacionada con la aplicación del estatuto será resuelta por los tribunales ordinarios de Río Gallegos, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción.

Los primeros detractores

Luego del anuncio, la primera organización en poner reparos a la propuesta del Ejecutivo Santacruceño fue la Federación Económica de Santa Cruz (FESC), que mediante un comunicado subrayaron la importancia de que el Estado enfoque sus recursos en resolver problemas urgentes en la provincia. "Creemos que el Estado debe enfocar sus recursos y esfuerzos en atender los graves problemas que hoy se viven en Santa Cruz, como los problemas en salud, educación o la grave falta de infraestructura generalizada que padecen muchos santacruceños, como ser la carencia de agua potable, cloacas, gas y luz eléctrica, solo por citar algunos ejemplos".

Además, la organización critica la idea de que el Estado siga siendo el principal empleador, aunque sea a través de figuras jurídicas diferentes. "El Estado no puede seguir siendo el principal empleador aun disfrazando la figura en sociedades", manifestó la federación, destacando la necesidad de políticas de promoción y sostenimiento para el sector privado, especialmente para las pequeñas y medianas empresas (PyMEs).

La federación también cuestiona la incursión del Estado en actividades que podrían ser realizadas por el sector privado, señalando que si este no participa es debido a la falta de recursos o a la inviabilidad económica. "No podemos aceptar que se siga desviando y dilatando la discusión sobre qué tipo de desarrollo se pretende para la provincia y con qué actores", afirmaron. La FESC enfatiza que, a pesar de las constantes declaraciones del gobierno sobre la escasez de recursos, se pretende destinar fondos a actividades que no corresponden a la función del Estado.

Históricamente, según la FESC, las empresas estatales han terminado siendo una carga para los contribuyentes. "El Estado debe ser promotor de la actividad privada, no competir y mucho menos de forma desleal al no pagar impuestos, como este proyecto estipula", señalaron, citando ejemplos anteriores como la empresa de pórfidos, hoteles albergues provinciales y municipales, la pista de esquí en Río Turbio, y los mataderos municipales.

"Todas buenas ideas plasmadas en un papel, pero que en la práctica solo generaron más empleo público, menos recursos para potenciar al sector privado, y más carga impositiva para todos los santacruceños".

Finalmente, la FESC lamenta no haber sido consultada sobre los beneficios de este proyecto para el sector que representa. "No fuimos consultados ni informados sobre los beneficios para el sector que representamos, solo somos tenidos en cuenta a la hora de pagar más impuestos y la suba de los servicios como ser la energía eléctrica por parte de la empresa estatal Servicios Públicos".

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