El magistrado, acusado de mal desempeño por la presunta liberación indebida de un empresario ganadero, argumentó que actuó en concordancia con la ley, ya que el procesado todavía no tenía una sentencia firme. “Es muy fácil deshonrar y mal informar”, aseveró

El juez Lerena salió a defenderse y aseguró que el Jury en su contra está “fabricado”

El Juez Diego Lerena, actualmente enfrentando un proceso judicial por presunto mal desempeño, emitió una declaración detallada defendiendo sus acciones y cuestionando la legitimidad del procedimiento iniciado en su contra. El conflicto gira en torno a su decisión de otorgar libertad a Oscar Núñez, condenado sin sentencia firme, mediante un recurso de Habeas Corpus.

El magistrado explicó que el recurso de Habeas Corpus llegó a su juzgado "por subrogancia legal, en consulta obligatoria al haber sido rechazado por el juez de instrucción". Argumentó que su intervención fue conforme a la ley y aclaró que la jurisdicción le otorgaba la capacidad territorial para administrar justicia, mientras que la competencia delimitaba su atribución jurídica para actuar dentro de esos márgenes.

El juez también desmintió las acusaciones de parcialidad debido a una supuesta amistad con la esposa del condenado. Aclaró que su anterior apartamiento del caso se debió estrictamente a razones de "delicadeza y decoro" ya que ella trabajaba en la misma dependencia judicial. "Es totalmente falso que se invoque amistad íntima", afirmó Lerena, señalando que la jubilación de la esposa del procesado eliminó la causal de apartamiento y permitió que retomara el caso con imparcialidad.

Sobre la decisión de conceder la libertad a Núñez, Lerena sostuvo que actuó "con el imperio que me otorga la ley y siguiendo la actual jurisprudencia de la CSJN y de los tribunales nacionales", argumentando que la detención era inconstitucional por violar la presunción de inocencia. Subrayó que su decisión estaba basada en una convicción real de justicia y en que Núñez ofreció garantías suficientes para asegurar su comparendo cuando fuera requerido.

Lerena denunció que su resolución fue anulada de manera irregular por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que actuó "fuera de todo proceso, fuera de la ley", motivado por el juez de la cámara criminal Jorge Yance, quien calificó la decisión de "gravedad institucional". El TSJ, de manera "intempestiva" y en "tiempo récord", nulificó la resolución de Lerena y ordenó la detención de Núñez, a pesar de que el fiscal no había mantenido el recurso de casación.

El juez también criticó las irregularidades en el procedimiento del Jury en su contra, iniciado tras una denuncia administrativa de la Sociedad Rural. Señaló arbitrariedades como la integración incompleta del TSJ para receptar audiencia y la rápida suspensión de sus funciones sin respetar su derecho a la defensa. "Arbitrariedades y atropellos vergonzosos", declaró Lerena, cuestionando la imparcialidad del proceso y calificando la situación como una "persecución, cacería impune".

Lerena concluyó expresando su esperanza de que estos abusos de poder sean revertidos para poder reconstruir una provincia donde se respete la ley, incluso por aquellos que administran justicia.

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