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Sábado, 7 septiembre 2024
Argentina
5 de julio de 2024
NEUQUEN

Reinstauraron un millonario embargo para Comarsa por contaminación ambiental

La empresa, encargada de manejar residuos petroleros de Vaca Muerta, deberá pagar un monto de 7 millones de dólares después de que el Tribunal Superior de Justicia anuló fallo que establecía el embargo en equivalente a una multa por 200 mil pesos 

Reinstauraron un millonario embargo para Comarsa por contaminación ambiental
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El Tribunal Superior de Justicia de Neuquén reinstauró embargos por 7 millones de dólares sobre los bienes de la empresa Comarsa, dedicada a la recuperación de residuos peligrosos, tras una impugnación extraordinaria presentada por el fiscal de Delitos Ambientales, Maximiliano Breide Obeid. Esta decisión anula un fallo previo del Tribunal de Impugnación que había limitado el embargo a 200 mil pesos, basándose en la multa vigente para casos de contaminación.

Los vocales Evaldo Moya y Alfredo Elosu Larumbe del TSJ coincidieron con la fiscalía y las querellas particulares, que sostenían que las medidas cautelares debían cubrir el decomiso de bienes obtenidos ilícitamente. La medida también alcanza a los bienes de dos de los tres imputados en la causa, incluyendo cuentas bancarias y billeteras virtuales. Los imputados son J.M.L., presidente y accionista mayoritario de Comarsa, H.E.B., exdirector suplente, y F.A.P., exgerente general y responsable técnico de la empresa.

El caso, que abarca desde 2014 hasta la actualidad, investiga la contaminación ambiental y el peligro a la salud pública generado por Comarsa en un predio del parque industrial de Neuquén capital. Según la fiscalía, la empresa no cumplió con el tratamiento adecuado de residuos petroleros, generando graves daños ambientales y simulando ganancias para justificar la distribución de honorarios y dividendos.

Los cargos formulados incluyen contaminación peligrosa para la salud pública y administración fraudulenta. La acusación está respaldada por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y la Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén (APDH) como querellantes particulares.

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