11 de noviembre de 2024
CHUBUT
Masacre de pingüinos: pidieron cuatro años de prisión efectiva para Ricardo La Regina
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) llevó a cabo la audiencia de cesura de pena para el productor declarado culpable por daño agravado y crueldad animal, en el marco de una causa de matanza de más de 100 pingüinos en la reserva natural de Punta Tombo. Tanto la fiscal Florencia Gómez como los abogados querellantes solicitaron cuatro años de cárcel de cumplimiento efectivo
Esta mañana, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) del Chubut llevó a cabo la audiencia de cesura de pena para el productor y empresario Ricardo La Regina, quien fuera declarado la semana pasada culpable por daño agravado y crueldad animal, en el marco de una causa de matanza de más de 100 pingüinos y destrucción de alrededor de 150 nidos de dichos animales en la reserva natural de Punta Tombo, a unos 100 kilómetros de la ciudad de Rawson.
En este contexto, la fiscal que investigó la causa, Florencia Gómez y los abogados querellantes, pidieron cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo en contra del productor ganadero.
Para la fiscal Gómez, el imputado era consciente de sus actos y la fragilidad del ciclo reproductivo del pingüino afectado por el paso de la retroexcavadora utilizada. Dijo que su conducta fue de “crueldad hacia los pingüinos además de otras especies afectadas por el paso de la máquina pesada”. Destacó la “muerte de 240 pingüinos que ya no podrán cumplir con su ciclo reproductivo”. Afirmó que su actuación “no tuvo lógica” y que nunca pidió permiso para realizar esas tareas porque “no se lo hubiesen concedido”. Dijo que el daño generado fue “gravísimo con consecuencias también para las generaciones futuras”.
Por su parte el querellante Martín Castro, además de coincidir con la fiscal del caso, se refirió a la necesidad del resarcimiento, la reparación del daño y su afectación al Estado. También pidieron el resarcimiento económico “superior a los 500.000 dólares”, las costas del proceso, la cesión de 500 hectáreas para proteger la fauna allí existente.
El abogado querellante Eduardo Hualpa, representante de entidades ambientalistas, coincidió con lo solicitado por la fiscal general Gómez y el querellante Castro. A las penalidades económicas, agregó el decomiso de la máquina retroexcavadora que el imputado utilizó para los movimientos de tierra en función de su actividad ganadera. Hualpa hizo alusión a la necesidad de determinar con claridad los objetivos de los bienes y dinero, en caso que el Tribunal haga lugar a lo pedido por los acusadores.
El abogado defensor del condenado, Federico Ruffa destacó “la ausencia del Estado” para prevenir este conflicto, la existencia de un camino que ejecutó el tío del imputado sin que el mismo Estado realice denuncia alguna, y el conflicto familiar que lo llevó a realizar los movimientos de tierra, sin que el mismo Estado intervenga a pesar de los reclamos del imputado.
Afirmó que su asistido “nunca tuvo intenciones de producir ese daño”, además de fundamentar las razones por las cuales no es necesario el decomiso de la máquina y que la superficie de terreno que se pretende incautar “resulta un tanto exagerada”.
Señaló además que el imputado es solo “administrador del campo” y que la propiedad del mismo sigue perteneciendo a la totalidad de su familia. Concluyó en pedir un año de prisión.
Los jueces Eve Ponce, María Martini y Carlos Richieri resolverán la pena en el plazo legal estipulado para dictar sentencia. No lo harán de manera pública en una audiencia, sino por escrito y de manera electrónica a las partes.