22 de noviembre de 2024
CHUBUT
El próximo lunes iniciará el juicio oral y público de la causa Ñoquis Calientes
El caso tiene como figura central La exdiputada y exministra de Familia Cecilia Torres Otarola, que será juzgada junto a seis imputados más por presuntos actos de corrupción relacionados al uso indebido de recursos públicos. La Fiscalía solicitará penas que incluyen prisión efectiva e inhabilitación para ocupar cargos públicos
El próximo lunes 25 de noviembre comenzará en la Oficina Judicial de Rawson el juicio oral y público por la causa conocida como “ñoquis calientes”. Siete personas están imputadas, entre ellas la exdiputada provincial y exministra de Familia de Chubut, Cecilia Torres Otarola. Junto a ella, también serán juzgados Branco Rodero Neira, Facundo Solari Rodera, Marta Rodera, Miguel Ángel Reto Reyes, Silvana Cañumil y Jaquelina Rodera.
El caso involucra acusaciones de presuntos actos de corrupción y mal uso de recursos públicos. Según la investigación, Torres Otarola habría exigido a empleados contratados como asesores en la Legislatura provincial que devolvieran una parte de sus salarios. Asimismo, se le atribuye la designación de personas de su entorno en cargos de alta jerarquía durante su gestión como ministra, quienes no residían en la provincia ni cumplían funciones efectivas, lo que dio origen a la denominación mediática de la causa.
El fiscal Omar Rodríguez, titular de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Administración Pública (UFEDAP), lideró la investigación. Las imputaciones abarcan delitos como fraude a la administración pública, concusión e incumplimiento de deberes de funcionario público. El tribunal que decidirá el veredicto está conformado por los jueces Carlos Richieri, José Luis Ennis y Marcela Pérez Bogado.
Entre las acusaciones más graves, se señala a Torres Otarola como la figura central de la presunta actividad delictiva. Se le imputan ocho hechos de fraude a la administración pública, tres por concusión y cinco por fraude, en concurso ideal con incumplimiento de deberes de funcionario público. Para la exfuncionaria, la Fiscalía anticipa que solicitará una pena no inferior a cuatro años de prisión efectiva, además de la inhabilitación especial para ejercer cargos públicos.
Los otros imputados enfrentan penas que van desde los dos años de prisión en suspenso hasta los tres años, dependiendo de su grado de participación en los hechos. La resolución de esta causa representa un caso emblemático en la lucha contra la corrupción en la provincia de Chubut y se espera que marque un precedente en el manejo de los recursos públicos.