23 de diciembre de 2024
CHUBUT
La Justicia autorizó el desalojo mapuche en el Parque Nacional Los Alerces
La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia revocó la suspensión que impedía el desalojo de la seccional El Maitenal, ocupada desde 2020 por un integrante de la comunidad Paillako. La medida podría ejecutarse en enero y sentar un precedente para futuros casos en áreas protegidas
La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia autorizó el desalojo de la seccional de guardaparques El Maitenal, en el Parque Nacional Los Alerces, ocupada desde diciembre de 2020 por Cruz Ernesto Cárdenas, integrante de la comunidad mapuche Paillako. La resolución revoca la suspensión previa dictada en noviembre y avala el pedido de la Administración de Parques Nacionales para ejecutar la medida.
El fallo, emito la semana pasado de diciembre de 2024, se fundamenta en el artículo 285 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y se sustenta en el Decreto de Necesidad y Urgencia 1083/2024, que derogó la prórroga de la Ley 26.160 de emergencia territorial indígena. Este decreto eliminó la suspensión de desalojos en tierras ocupadas por comunidades indígenas, lo que permite avanzar con el procedimiento.
El presidente de Parques Nacionales, Cristian Larsen, celebró la decisión y expresó en redes sociales que el fallo podría sentar un precedente histórico para prevenir futuras ocupaciones en áreas protegidas.
El conflicto, que se extiende desde hace más de tres años, incluye denuncias de episodios violentos y problemas de acceso al área por parte del personal de Parques Nacionales. En agosto, el Juzgado Federal de Esquel había ordenado el desalojo, pero la medida fue suspendida para permitir la presentación de un recurso extraordinario ante la Corte Suprema.
El juez Guido Otranto será el encargado de implementar la resolución. Aunque no ha recibido aún la notificación formal, se espera que el desalojo pueda concretarse en enero de 2025.
Aunque el fallo refuerza la posición del Estado sobre áreas protegidas, organizaciones y expertos advierten sobre la vigencia de normativas internacionales, como el Convenio 169 de la OIT, que protegen los derechos territoriales indígenas y deben ser consideradas en el marco del conflicto.