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Miércoles, 19 febrero 2025
Argentina
19 de febrero de 2025
SANTA CRUZ

El Ejecutivo va a la carga y busca declarar la Emergencia Hidrocarburífera

El bloque oficialista, Por Santa Cruz, presentó en la Legislatura provincial un proyecto de ley para declarar la Emergencia Hidrocarburífera, en medio del conflicto por la salida de YPF. Retiros voluntarios, daño ambiental, y la incertidumbre sobre los puestos de trabajo, algunos de los puntos claves de este conflicto que busca destrabar el Ejecutivo

El Ejecutivo va a la carga y busca declarar la Emergencia Hidrocarburífera
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Este martes por la mañana el bloque por Santa Cruz presentó en la mesa de entrada de la Legislatura un proyecto de ley bajo el titulo "Emergencia Hidrocarburífera", y da un paso más en la presión que busca ejercer sobre YPF ante su inminente retiro de la provincia. 

Lo cierto es que la salida de YPF de las áreas maduras que operaba en Santa Cruz no se está dando de la manera más ordenada y conveniente, tanto en términos ambientales como en términos contractuales, laborales y de logística. La empresa estatal petrolera selló acuerdos por retiros voluntarios con más de 2000 trabajadores, y esta situación complica la continuidad del resto de los operarios que no desean aceptar esa oferta. 

En esta línea, el gobierno provincial protagoniza un tire y afloje con YPF por acordar ciertas pautas para salida, según relatan, y poder garantizar puestos de trabajo y una continuidad en la explotación de las áreas que resulten rentables para las nuevas empresas. 

El proyecto presentado por el oficialismo pretende declarar "la Emergencia Hidrocarburífera en todo el ámbito del territorio de la provincia de Santa Cruz, respecto de la totalidad de las concesiones hidrocarburíferas que YPF S.A. posee en nuestra Provincia", y tendrá vigencia "a partir de la publicación de la presente y hasta el 31 de Diciembre de 2025, y podrá ser prorrogada por el Poder Ejecutivo Provincial, por igual período". 

El art 2 del escrito autoriza al Ejecutivo provincial, la administración central, entes autárquicos y descentralizados, empresas y sociedades del Estado, a "arbitrar todas las acciones, flexibilizar y/o agilizar procedimientos y dictar las medidas administrativas y legales que sean necesarias en tal sentido", con el fin de resguardar y proteger "los recursos hidrocarburíferos, las fuentes de trabajo de nuestros habitantes y la producción sostenida en dichas concesiones". 

En la fundamentación del proyecto, los diputados remarcan el vínculo histórico que ha tenido Santa Cruz con los "yacimientos petrolíferos fiscales", y que desde la perforación del primer pozo hasta entonces "no solo nuestra economía se nutrió de los recursos provenientes de hidrocarburos, sino que la vida de los habitantes, el progreso social y el desarrollo de las ciudades estaban enraizadas con esta actividad". 

Por otro lado, en referencia al contexto actual, señalan que la decisión de retirarse de las áreas convencionales de YPF sin el consenso con el Estado Provincial "han dificultado una transición ordenada a los fines de asegurar la continuidad y la necesaria reactivación de la actividad". Y agregan que "ha puesto en la incertidumbre los puestos de trabajo de los empleados y ha colocado en una incomoda posición los recursos de la economía provincial". 

El Ejecutivo remarca que su principal objetivo con esta emergencia es que se ordene la transición y se garanticen los puestos laborales, pero es el segundo intento que tuvo, si se tiene en cuenta la presentación para una emergencia petrolera que presentaron en septiembre de 2024, y que todavía se encuentra en debate en comisiones. 

Hasta el momento no hay una postura clara por parte de los demás bloques, pero algunos diputados lejanos al oficialismo sostienen que el Ejecutivo podría haber hecho más desde sus facultades por los trabajadores que aceptaron un retiro voluntario por miedo a perder sus puestos de trabajo, y con una oferta de dinero que no era la más beneficiosa para ellos. Desde el gremio que nuclea a los trabajadores petroleros tampoco han manifestado su postura frente a este proyecto. 

El proyecto lleva la firma de los diputados oficialistas Fernando Españon, Santiago Aberastain, Claudia Barrientos, Piero Boffi y Javier Jara. 

 

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