9 de abril de 2025
NEUQUEN
Formularon cargos contra integrantes de “Viento Sur” por fraude al Estado
La Fiscalía imputó a tres referentes de la cooperativa como autores del delito de “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública” y a otras 3 personas por haber colaborado con la estafa que supera los 1.300 millones de pesos. Además, el juez ordenó el embargo de bienes y cuentas a nombre de la cooperativa, y la inhibición general de bienes de los imputados
El Ministerio Público Fiscal de Neuquén formuló cargos contra tres referentes de la cooperativa “Viento Sur”, que está siendo investigada desde julio del año pasado por supuesto fraude al Estado al haber presuntamente desviado más de 1.300 millones de pesos que debían ser destinados a programas de capacitación.
El fiscal jefe Pablo Vignaroli y el fiscal del caso Juan Narvaez formularon cargos a tres referentes de una cooperativa, identificados con las siglas D.A.M; S.E.B y L.L.V.
El monto de la defraudación se calcula en 1.341.400.640 pesos.
En tanto, a otros tres integrantes de la organización, identificados por sus iniciales como M.G.S, B.R.V.N y F.G.S, les imputaron haber prestado colaboración para que los primeros lograran su objetivo.
En agosto de 2022, Viento Sur fue beneficiada con la creación de un programa mediante el cual el Estado provincial, a través del Ministerio de Desarrollo Social, comprometía desembolsos mensuales como aportes no reintegrables que debían destinarse a la capacitación laboral de integrantes de organizaciones sociales para su inserción laboral o en la economía social.
De acuerdo con el convenio, las organizaciones debían presentar una rendición detallada de las acciones implementadas”. Pero la investigación desarrollada por el equipo de la fiscalía de Delitos Económicos permitió verificar que el dinero no fue destinado a los fines dispuestos por el programa, sino que el dinero se destinó al pago de sueldos y de proveedores, al pago de servicios, inversiones en plazos fijos y la compra de bienes e inmuebles, entre los que se destacan un terreno en San Martín de los Andes, otro en Junín de los Andes, otro en Cutral Co y otro en la Meseta, en Neuquén capital.
También se detectó la compra de una camioneta Renault Kangoo 2015, un camión Ford F-250 y una camioneta DFSK C32.
“Surge de lo expuesto que el dinero no fue destinado a los fines dispuestos por el programa creado mediante el decreto 1672/22”, concluyó Vignaroli.
Las conductas que se le atribuyen a los imputados para concretar la defraudación fueron diversas. A D.A.M, le imputaron “haber pergeñado toda la maniobra defraudatoria, con el fin de beneficiarse con el dinero sustraído, en su rol de referente de la organización social FOL (que había participado activamente de las manifestaciones públicas desarrolladas en agosto de 2022 y que derivaron en la creación del programa destinado al financiamiento de capacitaciones laborales)”.
A S.E.B le atribuyó haber llevado adelante la maniobra dirigida por D.AM y, como tesorera de la Cooperativa Viento Sur y apoderada de la cuenta corriente, “realizó 4.156 transferencias, por un monto superior a los $553.000.000, constituyó los plazos fijos y administró el dinero”.
A la persona identificada como L.L.V, que se desempeñaba primero como vocal y luego como secretaria, presidenta y apoderada de la cooperativa, se le imputó haber realizado 154 transferencias por un monto aproximado de 32 millones de pesos con los que constituyó los plazos fijos y administró esos fondos.
En tanto, a M.G.S; R.V.B.N y F.G.S, la fiscalía les atribuyó haber colaborado con la maniobra, prestando su cuenta bancaria para que las otras tres personas imputadas les transfirieran dinero del programa de capacitaciones.
Los hechos imputados se encuadran en los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (artículo 173, inciso 7, del Código Penal; en función del artículo 174 inciso 5) en calidad de coautores a D.A.M; S.E.B y L.L.V; y en calidad de partícipes necesarios a M.G.S, B.R.V.N y F.G.S (artículos 45, 46 y 48 del Código Penal).
Los funcionarios judiciales solicitaron al juez Raúl Aufranc la declaración de investigación compleja y un plazo de un año para poder llevarla adelante. Además, solicitaron como medida cautelar el embargo de bienes y cuentas a nombre de la cooperativa, como así también la inhibición general de bienes de los imputados. El juez Aufranc hizo lugar a las medidas solicitadas y dictó un embargo de bienes por el plazo de 6 meses.