11 de julio de 2025
CHUBUT
El MPF desestimó la denuncia penal contra los ministros del STJ
La Fiscalía concluyó que no se configuró ningún delito en las decisiones administrativas cuestionadas de los magistrados. La causa se había iniciado por denuncias de aumentos salariales, compras de vehículos y supuestos casos de nepotismo
El Ministerio Público Fiscal del Chubut resolvió desestimar la denuncia penal presentada contra los ministros del Superior Tribunal de Justicia (STJ) al considerar que no hubo delito en los hechos investigados. Así lo determinó el equipo de fiscales conformado por resolución N°120/25 del procurador general Jorge Miquelarena, tras una investigación preliminar que incluyó toma de testimonios, análisis documental y evaluación jurídico-penal de las actuaciones.
La denuncia había sido presentada por la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial y apuntaba a todos los integrantes del máximo tribunal por supuestas irregularidades en el uso de recursos públicos, como aumentos salariales para los propios jueces, compra de vehículos de alta gama y asignación de pasajes y viáticos por montos elevados.
Además, el escrito advertía sobre posibles actos de nepotismo —como el nombramiento de Marina Obregón, presuntamente vinculada afectivamente a uno de los ministros— y de persecución institucional, luego del despido de dos empleados del área de prensa por expresiones críticas en grupos privados de mensajería.
Sin embargo, la fiscalía entendió que, si bien las situaciones descritas podrían generar reproches administrativos o éticos, no se encuadran en ninguna figura delictiva tipificada por el Código Penal. Por ello, resolvió cerrar la causa y no formular imputaciones penales.
La decisión se toma semanas después de que el propio STJ decidiera dejar sin efecto los aumentos salariales cuestionados, tras una fuerte presión por parte del gremio judicial SITRAJUCH, organizaciones de la magistratura y hasta del Poder Ejecutivo provincial.
El gobernador Ignacio Torres había exigido públicamente la marcha atrás con los incrementos y la incorporación del Poder Judicial al censo de empleados públicos. “No puede haber privilegios en un contexto donde todos hacemos un esfuerzo”, declaró en ese momento.
La resolución firmada por los ministros Javier Raidán, Camila Banfi Saavedra, Ricardo Napolitani, Silvia Bustos y Andrés Giacomone revocó parcialmente los beneficios económicos adoptados en la acordada 5412, aunque no derogó otras medidas como la autoasignación de secretarios privados, pasajes y vehículos oficiales.
Desde el gobierno provincial se mostraron prudentes ante la decisión judicial de la fiscalía, aunque insistieron en la necesidad de avanzar con mayores controles sobre el uso de recursos en todos los poderes del Estado. Mientras tanto, desde la Asociación de Magistrados anticiparon que seguirán reclamando transparencia y limitar lo que consideran prácticas discrecionales dentro del Poder Judicial.