3 de septiembre de 2025
NEUQUEN
Políticos y jueces en la mira: avanza en la Legislatura el proyecto de los narcotests
La iniciativa que establece exámenes toxicológicos sorpresivos para autoridades y funcionarios de los tres poderes del estado logró despacho favorable por unanimidad en la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia
El proyecto de ley que establece exámenes toxicológicos obligatorios para autoridades y funcionarios de los tres poderes del Estado provincial logró despacho por unanimidad en la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia.
El cuerpo que preside el diputado Ernesto Novoa (Comunidad) introdujo modificaciones al dictamen original emitido por la comisión de Desarrollo Humano y Social. El tema continuará su tratamiento en la comisión de Hacienda y Presupuesto.
A propuesta de la diputada Brenda Buchiniz (Cumplir), se acordó incorporar la realización de test rápidos homologados de orina o saliva –de uso habitual en fuerzas de seguridad y en el sector privado- en forma sorpresiva y en el ámbito laboral, con análisis de laboratorio confirmatorio solo ante resultado positivo. La legisladora destacó la agilidad y el menor costo de este tipo de pruebas frente a las de análisis de sangre.
Durante el debate, hubo advertencias sobre la constitucionalidad de las sanciones previstas. El diputado Federico Méndez (Comunidad) recordó que la suspensión o destitución de funcionarios está regulada por la Constitución provincial y no puede delegarse en la autoridad de aplicación. “El debido proceso es el que está en la Constitución, no podemos crear un nuevo procedimiento”, sostuvo. En una línea similar se expresó el diputado César Gass (JxC-UCR) quien pidió un análisis más profundo del aspecto constitucional.
Si el test rápido detecta la presencia de sustancias prohibidas, la iniciativa dispone la realización inmediata de un análisis confirmatorio en un laboratorio habilitado, designado por sorteo. El funcionario podrá solicitar, dentro de las 48 horas, una contraprueba en otro laboratorio distinto, con la posibilidad de ser asistido por un perito de parte. También tendrá derecho a recusar el laboratorio asignado, debiendo fundar su pedido, que deberá resolverse en un plazo máximo de 48 horas.
Una vez confirmado el resultado positivo de la contraprueba, la autoridad de aplicación deberá remitir el informe al organismo en el que se desempeña el funcionario para que se activen los mecanismos previstos en la Constitución Provincial y la legislación vigente en materia de responsabilidad de funcionarios públicos. Se prevé la suspensión preventiva por única vez, por un plazo máximo de 3 meses. Vencido ese plazo, el deberá someterse a un nuevo examen toxicológico.
La negativa injustificada a testearse se equipara a un resultado positivo. A la vez, se reafirmó que el costo del examen estará a cargo del funcionario y se facultó a descontarlo de los haberes.
Las sanciones dependerán del cargo. Corresponderá la suspensión o revocación del mandato para funcionarios electos y comprendidos en la artículo 266 de la Constitución provincial; mientras que para los alcanzados por el artículo 267 (miembros del Poder Judicial no sujetos a juicio político) la remoción será conforme a la ley de procedimiento del jurado de enjuiciamiento.
Por otro lado, la iniciativa estipula la creación de una Comisión Evaluadora Interpoderes que se encargará de supervisar los criterios de evaluación para los casos positivos, emitir dictámenes técnicos a pedido de la autoridad de aplicación, recomendar mejoras en los protocolos de control y actuar como órgano de consulta ante situaciones no contempladas en la reglamentación. Asimismo, propone la creación de un registro interno confidencial para trazabilidad y control, con resguardo de datos personales.
El alcance incluye a gobernador y vice; jefe de Gabinete, ministros y secretarios; diputados y diputadas; integrantes del Tribunal Superior de Justicia, fiscal y defensor general; jueces, fiscales y defensores; consejeros de la Magistratura; directivos de organismos autárquicos y empresas del Estado; e intendentes y concejales.
Al hablar, el diputado Novoa destacó que el proyecto implica que no haya privilegios para los funcionarios públicos. “Nos sometemos a los mismos controles que un trabajador común. Es un criterio de igualdad”, afirmó.
Antecedentes
En Santa Fe y San Luis, los narcotests ya están en marcha, con procedimientos claros y sanciones definidas.En Córdoba, la obligatoriedad está reglamentada tanto a nivel municipal como provincial, con énfasis en la transparencia y la lucha contra el narcotráfico. En Mendoza, la medida aún es un proyecto en trámite, sin aplicación confirmada.
Santa Fe
Desde julio de 2025, el gobierno de Santa Fe, liderado por el gobernador Maximiliano Pullaro, implementó narcotests obligatorios, sorpresivos y periódicos para agentes policiales, personal del Servicio Penitenciario y funcionarios políticos.
Los tests, realizados mediante hisopado bucal, detectan sustancias como cocaína, marihuana, benzodiazepinas, opioides, metanfetaminas y anfetaminas. La medida, enmarcada en la disposición 12/2025, busca garantizar la integridad y transparencia en las fuerzas de seguridad y la gestión pública. En caso de inasistencia, se aplican sanciones disciplinarias, y un resultado positivo puede llevar a la suspensión o apartamiento del cargo, priorizando un abordaje sanitario para casos de consumo problemático.
San Luis
En noviembre de 2024, San Luis comenzó a aplicar narcotests obligatorios a funcionarios y empleados de los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), incluyendo al gobernador Claudio Poggi, bajo la Ley de Ejemplaridad y Coherencia.
Los exámenes, que consisten en análisis de orina, se realizan de forma anual y aleatoria, seleccionando a los funcionarios mediante sorteos organizados por la Lotería de San Luis. A partir de febrero de 2025, se implementaron sorteos mensuales para testear a 100 funcionarios por vez, afectando a unos 1.500 en total.
Los costos de los tests son asumidos por los propios funcionarios, excepto para policías, penitenciarios y personal de Salud, donde los cubre el gobierno provincial.
Un resultado positivo implica medidas como licencias, suspensión temporal o cese en el cargo, y la negativa a realizar el test puede derivar en la remoción o un juicio político, según el poder al que pertenezca el funcionario.
Córdoba
El narcotest es obligatorio para funcionarios municipales y provinciales. En la ciudad de Córdoba, desde mayo de 2023, una ordenanza municipal exige que los funcionarios electos (intendentes, concejales, tribunos de cuentas) y otros cargos de jerarquía presenten anualmente un certificado negativo de consumo de drogas ilegales, con controles aleatorios adicionales.
Mendoza
Se presentó un proyecto de ley en enero de 2024, impulsado por el senador Marcos Quattrini de La Unión Mendocina, para establecer narcotests obligatorios a funcionarios públicos de alto rango y municipales. Aunque Mendoza fue pionera en proponer esta medida, el proyecto aún no ha sido aprobado y permanece en discusión. La iniciativa busca garantizar la ética pública y contempla suspensiones temporales con tratamiento para casos de consumo problemático, pero no hay información confirmada sobre su implementación efectiva hasta la fecha.