12 de septiembre de 2025
RIO NEGRO
Destituyeron al juez laboral Guerra Labayén por incumplimientos reiterados
El Consejo de la Magistratura de la Primera Circunscripción Judicial resolvió remover al magistrado de la Cámara del Trabajo por acumulación de causas vencidas y pérdida de competencia en expedientes. También lo inhabilitó por cinco años para ocupar otros cargos judiciales

El Consejo de la Magistratura de la Primera Circunscripción Judicial de Río Negro destituyó por unanimidad al juez de la Cámara del Trabajo de Viedma, Gustavo Guerra Labayén, tras un proceso disciplinario en el que se acreditaron conductas reiteradas de incumplimiento en el dictado de sentencias dentro de los plazos legales. La resolución incluyó, además, una inhabilitación de cinco años para ejercer cualquier cargo judicial.
El juicio político analizó hechos ocurridos entre marzo de 2023 y febrero de 2024, período en el que el magistrado acumuló 25 causas con plazo vencido para fallar, de las cuales 17 fueron consideradas como parte de un atraso sistemático en la emisión de sentencias definitivas. En otros ocho expedientes se configuró la pérdida de competencia, lo que el Consejo consideró un “quiebre institucional diferente” al mero atraso.
Durante el debate, Guerra Labayén reconoció las demoras, pero argumentó que se debieron a su búsqueda de calidad técnica en los fallos. El planteo fue rechazado en la sentencia, que calificó como “inadmisible” la afirmación de que una demora podía ser ventajosa para asegurar la irrecurribilidad de las resoluciones. El Consejo remarcó que la calidad de los fallos debe ir de la mano con el cumplimiento de los plazos.
El cuerpo disciplinario también advirtió la falta de arrepentimiento y reflexión del magistrado, quien mantuvo hasta el final una postura justificatoria de su accionar. Testimonios de colegas y funcionarios dieron cuenta de la magnitud de las demoras y de la imposibilidad de revertirlas, incluso ante advertencias de la Auditoría Judicial.
La resolución subrayó que las demoras afectaron derechos fundamentales, dado que las causas laborales tienen carácter alimentario y repercuten directamente en las condiciones de vida de los trabajadores. Además, destacó que la conducta del magistrado generó una “severa pérdida de confianza en los justiciables y en los auxiliares de justicia”.
El Consejo concluyó que los hechos probados evidencian un apartamiento grave e injustificado de las obligaciones constitucionales y legales, y que la persistencia de esa conducta, sumada a la ausencia de reflexión, justificaban la destitución y la inhabilitación. La acusación fue sostenida por el procurador Jorge Crespo, mientras que la defensa estuvo a cargo del abogado Fernando Chironi.