El gobernador Claudio Vidal convocó a una sesión extraordinaria este lunes 6 de octubre a las 14.00, con el objetivo de que se debata la reincorporación de Eduardo Sosa como Procurador General de la Provincia, quien fue removido de su cargo por una reforma de 1995, bajo el mandato de Néstor Kirchner. Es en el marco de la batalla que libró el Ejecutivo con el Poder Judicial

La Legislatura tratará la reincorporación de Eduardo Sosa como Procurador General

En el marco de la batalla que libró el Ejecutivo de Santa Cruz con el Poder Judicial, el gobernador Claudio Vidal convocó a una sesión extraordinaria en la Legislatura este lunes 6 de octubre a las 14.00 con el objetivo de que se debata la reincorporación de Eduardo Sosa como Procurador General. Se trata de un proyecto impulsado por Pedro Luxen, representante del bloque oficialista y exministro de Gobierno, siendo una de las personas de mayor confianza del dirigente petrolero.

Vale destacar que Sosa fue removido de su cargo a través de una reforma que se llevó a cabo en 1995 y que fue impulsada durante el mandato de Néstor Kirchner. Ese mismo año, el cuerpo sancionó una ley por la cual el cargo de Procurador General de dividió en dos: Agente Fiscal ante el Tribunal Superior de Justicia por un lado; y de Defensoría por el otro. Tras la aprobación de dicha normativa, Sosa no fue nombrado para ninguno de dichos cargos.

La resolución de la convocatoria, a la cual tuvo acceso La Tecla Patagonia, indica que la sesión tiene el objetivo de tratar la “terna propuesta por orden alfabético y en pliego abierto de los profesionales que se proponen para conformar el Tribunal Superior de Justicia en carácter de vocales de ese cuerpo colegiado; y el proyecto de ley vinculado a la modificación de ciertos artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial número 1600 y modificatorias”.

Por otro lado, un documento al cual también tuvo acceso este medio y que ingresó esta tarde a la Cámara de Diputados manifiesta que “este proyecto es de trascendental importancia institucional, ya que tiende a saldar una deuda histórica de la provincia de Santa Cruz y a restablecer la plena vigencia de la supremacía constitucional gravemente menoscabada por el incumplimiento de mandatos judiciales”.

Y continúa: “El espíritu de esta reforma se enfoca en la necesidad imperiosa de honrar la letra y el espíritu de los fallos emitidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). Como es de público conocimiento, la provincia de Santa Cruz incurrió en una persistente y reiterada reticencia por parte de las autoridades para disponer la reincorporación del Procurador General Eduardo Emilio Sosa, a pesar de que esta Corte ordenó su restitución en el cargo de Agente Fiscal ante el Superior Tribunal de Justicia (TSJ). Entre tantas intervenciones judiciales que se sucedieron, merecen ser destacadas la sentencia de la CSJN del 20 de octubre de 2009 y su posterior ratificación del 14 de septiembre de 2010 ordenaron al gobernador de la Provincia la carga de reponer al Dr. Sosa”.

“La omisión y el tiempo transcurrido configuraron un desconocimiento inadmisible de las sentencias de la Corte y constituyeron un palmario desconocimiento del principio de división de poderes y una agresión al funcionamiento de las instituciones republicanas locales. El atropello institucional contra la figura del Procurador General, iniciado con la Ley 2404 que dispuso el cese de funciones del Dr. Sosa, al desdoblar su competencia, no podía ser reparado con una mera indemnización, sino que requería el restablecimiento del orden institucional afectado”, detalla el documento.

Y concluye: “En definitiva, este proyecto de ley no solo busca saldar la deuda con la Procuración, asegurando que el abuso institucional que sufrió la figura del Procurador General no se repita, sino que, además, alinea la estructura del Ministerio Público con las exigencias de un sistema republicano que respeta las decisiones del Poder Judicial Federal. Por las razones expuestas, pongo a consideración de la Honorable Legislatura de la provincia de Santa Cruz la presente iniciativa, en la convicción de que su implementación fortalecerá el sistema de justicia provincial, garantizando la independencia y estabilidad que las instituciones fundamentales merecen”.

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