27 de octubre de 2025
RIO NEGRO
Denunciaron a JSRN por violar la veda tras una de sus peores derrotas electorales
El legislador Santiago Ibarrolaza acusó ante la Justicia Federal a funcionarios y legisladores de Juntos Somos Río Negro por un acto oficial realizado en plena veda electoral. La presentación se produce en medio del declive político del espacio de Weretilneck, que perdió toda representación en el Congreso
El oficialismo provincial de Río Negro, Juntos Somos Río Negro (JSRN), enfrenta una nueva controversia tras el revés electoral del domingo. El legislador Santiago Ibarrolaza presentó una denuncia penal ante la Fiscalía Federal de Viedma contra seis dirigentes oficialistas, a quienes acusa de violar la veda electoral al participar en un acto público con fines proselitistas dos días antes de los comicios generales.
La presentación, patrocinada por el abogado Daniel Fernando Mayor, apunta al intendente de Viedma, Marcos Castro; al ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren; a la comisionada de Fomento de San Javier, Gladys Almuna; y a las legisladoras provinciales Marcelo Szczygol, Roberta Scavo y María Celia Cévoli. Según el escrito, todos participaron el viernes 24 de octubre en la firma de convenios de obras públicas en la capital provincial, un acto expresamente prohibido por el artículo 64 del Código Nacional Electoral, que impide la realización y difusión de actividades de gobierno durante la veda.
Como prueba, Ibarrolaza acompañó videos y publicaciones oficiales en redes sociales y medios locales, entre ellas una nota del diario La Palabra sobre el lanzamiento de obras en San Javier, donde el ministro Echarren menciona: “Viernes a la mañana…”, confirmando que el evento se realizó durante el período de restricción. La denuncia, radicada ante el fiscal Marcos Escandell, pide determinar si hubo una infracción electoral y aplicar las sanciones previstas en el artículo 133 bis del Código Nacional Electoral, que contempla inhabilitación de uno a diez años para los funcionarios responsables.
En su presentación, el legislador recordó que la Cámara Nacional Electoral y la Corte Suprema de Justicia han sostenido que el uso de recursos públicos o símbolos estatales durante la campaña “viola la neutralidad que debe regir el accionar gubernamental” y puede afectar la integridad del proceso electoral.
La denuncia se produce apenas horas después de que el oficialismo provincial sufriera un duro retroceso político en las urnas. En las elecciones legislativas nacionales, JSRN fue desplazado por las fuerzas nacionales y quedó sin representación en el Congreso, confirmando un repliegue del poder provincial que había sostenido durante más de una década bajo el liderazgo de Alberto Weretilneck.
El caso reaviva las tensiones dentro del oficialismo, donde distintos sectores reconocen que la derrota “expuso el desgaste del proyecto provincial” y la dificultad para competir con los espacios nacionales en un escenario de creciente polarización.
La Fiscalía Federal de Viedma deberá resolver ahora si impulsa la investigación penal contra los funcionarios involucrados. De hacerlo, el expediente podría transformarse en un nuevo foco de conflicto para el gobierno provincial, en medio de una etapa de pérdida de poder político y cuestionamientos institucionales.