4 de diciembre de 2025
FINANCIAMIENTO
El Ejecutivo neuquino quedó habilitado para tomar créditos por hasta U$D 150 millones
La norma publicada en el Boletín Oficial autoriza al Gobierno provincial a concretar operaciones de financiamiento con el Banco Mundial destinadas principalmente a infraestructura turística, con un plazo de pago de hasta 32 años y posibilidad de uso alternativo ante emergencias
El Gobierno de Neuquén oficializó esta semana, a través de la publicación de la Ley 3536 en el Boletín Oficial, la autorización para realizar una o más operaciones de crédito público por hasta U$D 150 millones —o su equivalente en otras monedas— con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), organismo que integra el Grupo Banco Mundial. La normativa habilita al Ejecutivo a avanzar con acuerdos de financiamiento que incluyen intereses, comisiones y gastos asociados.
Según el texto sancionado por la Legislatura el 13 de noviembre, los fondos serán destinados prioritariamente al Proyecto de Infraestructura Resiliente para el Desarrollo Económico Regional y la Creación de Empleo – Fase 1, orientado a mejorar la conectividad hacia destinos turísticos clave, promover inversiones en sitios de valor natural y fortalecer la capacidad institucional vinculada al desarrollo del sector.
La ley fija parámetros para las futuras operaciones, entre ellos un plazo total de hasta 32 años, con siete años de gracia para el repago de capital, y tasas y comisiones que se establecerán conforme las condiciones habituales utilizadas por el Banco Mundial para este tipo de líneas. Asimismo, faculta al Ejecutivo a afectar en garantía fondos de la Coparticipación Federal, como ocurre en los convenios financieros de este tipo.
El articulado también autoriza a suscribir documentos, prorrogar jurisdicción a tribunales extranjeros y acordar condiciones técnicas de la deuda; incluso contempla la posibilidad de modificar los términos establecidos si ello implica una mejora para la provincia. Las reglas y procedimientos del Banco Mundial prevalecerán sobre la legislación local en materia de contrataciones relacionadas con los proyectos financiados.
Otro punto relevante de la norma es la facultad que otorga al Ejecutivo para redirigir el destino de los recursos en caso de crisis o emergencias elegibles, definidas como eventos que puedan causar impactos económicos o sociales significativos, de acuerdo con los criterios del organismo internacional.
El paquete legal exime de impuestos provinciales a todos los actos vinculados con estas operaciones de crédito y habilita al Ejecutivo a realizar las reestructuraciones presupuestarias necesarias para su implementación. La ley entró en vigencia inmediatamente tras su publicación en el Boletín Oficial.