5 de diciembre de 2025
RIESGO SANITARIO
Tras dos décadas, Santa Cruz le sacó la concesión a la gestora de residuos patogénicos
La Provincia dio por terminado el contrato con LAMCEF S.A. por incumplimientos en el servicio y dispuso la recuperación inmediata de la planta de tratamiento en Río Gallegos, además de habilitar acciones legales y la contratación urgente de un prestador transitorio
El Gobierno de Santa Cruz oficializó este viernes la rescisión del contrato de concesión con la empresa LAMCEF S.A., responsable del servicio de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos biopatogénicos en toda la provincia. La decisión se formalizó mediante el Decreto 1074, publicado en una edición especial del Boletín Oficial, y se fundamenta en la interrupción del servicio desde agosto de 2025 y en el incumplimiento de obligaciones esenciales previstas en la concesión vigente desde 2006.
De acuerdo con los informes remitidos por hospitales y centros de salud de todo el territorio provincial, la empresa dejó de realizar los retiros programados hace varios meses, acumulándose residuos patológicos en depósitos que, en algunos casos, fueron improvisados por falta de espacio. El Ministerio de Salud y Ambiente señaló que esta situación generó riesgo sanitario y ambiental, sin que existiera una respuesta efectiva por parte del prestador.
La Secretaría de Articulación y Monitoreo había intimado a la firma el 25 de agosto para restablecer el servicio, bajo apercibimiento de aplicar penalidades y avanzar con la rescisión. LAMCEF respondió el 1° de septiembre atribuyendo la interrupción a desperfectos en tres vehículos afectados al servicio, pero el Gobierno consideró insuficientes esos argumentos por tratarse de contingencias previstas en el contrato y que debían ser comunicadas de inmediato, cosa que no ocurrió. También indicó que la empresa no aportó documentación probatoria que respaldara su explicación.
El decreto señala que la Provincia mantiene al día los pagos acordados en la última readecuación tarifaria firmada en julio de 2024, por lo que descarta que la suspensión del servicio se vincule con demoras o incumplimientos del Estado. Además, recuerda que el contrato establece que la empresa debe garantizar frecuencias, cantidades y provisión de insumos básicos para la gestión de residuos patogénicos, obligaciones que —según los informes oficiales— no fueron cumplidas.
La normativa también destaca que el incumplimiento afecta la salud pública y el derecho constitucional a un ambiente sano, lo que constituye un elemento determinante para proceder a la rescisión por culpa del concesionario. La medida se basa en las disposiciones del contrato, el pliego licitatorio y la normativa vigente en materia de contrataciones, que prevén la interrupción injustificada del servicio como causal de finalización unilateral.
El decreto instruye al Ministerio de Salud y Ambiente a ejecutar las garantías de cumplimiento del contrato, y dispone la desocupación administrativa de la planta de tratamiento de residuos biopatogénicos en Río Gallegos. y de todos los bienes afectados al servicio, que son propiedad de la Provincia según lo establecido en la concesión. Los equipos y elementos no vinculados a la prestación deberán ser inventariados y luego trasladados a un depósito provincial para su posterior devolución a la empresa.
La cartera sanitaria deberá adoptar todas las medidas necesarias para asegurar la continuidad del servicio y podrá requerir el auxilio de la fuerza pública en caso de ser necesario. Además, se ordena iniciar de inmediato una contratación por razones de urgencia, mientras se avanza en una nueva licitación pública para seleccionar al futuro concesionario.
El decreto también instruye a la Fiscalía de Estado a promover las acciones civiles y penales correspondientes en función de los incumplimientos detectados, con el objetivo de resguardar los intereses de la Provincia.