28 de enero de 2026
CAUSA YPF
Nación acusa a Burford de hostigamiento sistemático y pidió frenar el discovery
A través de la Procuración del Tesoro, el Estado pidió suspender el proceso de discovery, una instancia judicial del sistema estadounidense que obliga a las partes a entregar correos, mensajes y documentación relevante para la causa
En el marco del juicio por la expropiación de YPF realizada en 2012, que se tramita en los tribunales de Nueva York, el Gobierno nacional volvió a apuntar contra Burford Capital, principal financista de los fondos que demandaron a la Argentina.
El planteo también solicita dejar sin efecto el pedido para que la Argentina sea declarada en desacato y reclama un stay, es decir, una suspensión temporaria del proceso mientras se resuelven cuestiones centrales del expediente.
La presentación se realizó mientras aún se espera una definición sobre si queda firme el fallo que condenó al país a pagar más de U$D16.000 millones, más intereses acumulados desde septiembre de 2023.
Según el Gobierno, los pedidos impulsados por Burford constituyen un “hostigamiento sistemático” contra un Estado soberano, a través de requerimientos de información que calificó como intrusivos, desproporcionados y ajenos al objeto del juicio.
Desde la Procuración advirtieron que los demandantes fueron escalando sus reclamos hacia pedidos cada vez más costosos e inaceptables desde el punto de vista jurídico, con el objetivo de entorpecer el normal funcionamiento del Estado.
En ese marco, cuestionaron el pedido de información sobre las reservas de oro del Banco Central y recordaron que esos activos pertenecen al BCRA y están protegidos por la inmunidad de ejecución, por lo que no pueden ser embargados.
A mediados de enero, Burford solicitó que la jueza Loretta Preska declare en desacato a la Argentina, aunque la definición no será inmediata y se resolverá recién tras las audiencias previstas para fines de marzo.
La Procuración sostuvo que, desde la asunción del actual gobierno en diciembre de 2023, la Argentina cumplió plenamente con las obligaciones impuestas por el tribunal y colaboró con el discovery, aportando más de 115.000 páginas de documentación.
Para el Gobierno, ese proceso fue desvirtuado y utilizado como una herramienta de presión para obstaculizar la recuperación económica del país, una conducta que calificó como jurídicamente y moralmente inaceptable.
Finalmente, el Estado ratificó que continuará utilizando todas las herramientas legales disponibles para defender su soberanía, el Estado de Derecho y frenar pedidos que vulneren la Constitución y el derecho internacional.