12 de febrero de 2026
DIPUTADOS
Qué dijeron los diputados patagónicos en el debate del régimen penal juvenil
En el tratamiento del proyecto impulsado por el Gobierno nacional, legisladores de la Patagonia expusieron posturas dispares que fueron desde el acompañamiento condicionado hasta el rechazo frontal, en un debate atravesado por la falta de recursos, el rol del Estado y las políticas públicas para las infancias
El debate por el nuevo régimen penal juvenil en la Cámara de Diputados dejó al descubierto fuertes diferencias entre los representantes patagónicos. Mientras algunos legisladores coincidieron en la necesidad de actualizar el marco normativo vigente, otros cuestionaron con dureza el enfoque del proyecto y advirtieron sobre sus consecuencias sociales y presupuestarias.
El diputado José Glinski, de Unión por la Patria, ex ministro de Seguridad de Chubut y ex jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, sostuvo que resulta necesario legislar sobre un régimen penal juvenil, aunque fue crítico del contenido del proyecto en discusión. Señaló que la iniciativa presenta serias deficiencias y advirtió que no existen los recursos económicos necesarios para implementar las medidas que propone. En ese sentido, planteó la necesidad de avanzar en la creación de una comisión bicameral específica que permita un seguimiento permanente de las condiciones de detención de los menores privados de la libertad y de quienes están a cargo de su custodia, con el objetivo de garantizar controles y revisiones periódicas.
Desde Río Negro, el diputado Martín Mango, del mismo partido que Glinski, adoptó una postura abiertamente crítica y calificó la iniciativa como un “ataque a la infancia”. Sostuvo que el proyecto apunta a que niños y adolescentes terminen en el sistema carcelario común y aseguró que el debate se da en un contexto que, a su entender, busca justificar un proceso de desinversión en políticas públicas destinadas a la niñez, la educación y la inclusión social. Según el legislador, sin un abordaje integral, el régimen penal juvenil termina funcionando como una respuesta punitiva a problemas estructurales.
Por su parte, la diputada neuquina Karina Maureira, representante de La Neuquinidad, dejó entrever que acompañará el proyecto, aunque con matices. Señaló que una eventual nueva ley no puede reemplazar a las políticas públicas de prevención y contención social, y reclamó un fuerte respaldo territorial y presupuestario para su implementación. Como ejemplo de acompañamiento a las juventudes, destacó el programa de becas Gregorio Álvarez, al que consideró una experiencia de referencia en América Latina en materia de inclusión educativa.
En contraste, los diputados patagónicos alineados con el oficialismo nacional evitaron fijar posición durante el debate en comisión. La ausencia de intervenciones públicas fue leída dentro del recinto como una señal de acompañamiento sin objeciones al proyecto del Poder Ejecutivo, que se encamina a ser votado en general sin modificaciones sustanciales por parte de ese bloque.
El tratamiento del régimen penal juvenil continúa generando tensiones políticas y expone un debate de fondo sobre el rol del Estado, el financiamiento de las políticas sociales y el enfoque con el que se aborda la problemática de niños y adolescentes en conflicto con la ley penal.