16 de abril de 2026
SANTA CRUZ
Cuestionan licitación millonaria sobre telemedicina y piden su anulación total
Legisladores provinciales advirtieron sobre posibles incompatibilidades en una oferta vinculada a exfuncionarios, criticaron el monto del proyecto y no descartan acudir a la Justicia si el proceso continúa
La licitación impulsada por el Gobierno de Santa Cruz para implementar un sistema de telemedicina sigue sumando cuestionamientos. Los diputados provinciales Eloy Echazú y Agostina Mora Doldán solicitaron formalmente su nulidad al advertir presuntas irregularidades, mientras que desde el ámbito médico también surgieron críticas sobre el diseño y la implementación del proyecto.
El planteo legislativo apunta principalmente a una de las ofertas presentadas, integrada en una Unión Transitoria de Empresas, por posibles vínculos con exfuncionarios del área de Salud que no habrían cumplido los plazos legales para contratar con el Estado. Según sostienen, esta situación podría vulnerar normas de ética pública y afectar la transparencia del proceso.
Además, los diputados cuestionaron tanto el monto de la iniciativa, superior a los $5.000 millones de pesos, como las condiciones del pliego, al considerar que establecen requisitos difíciles de cumplir para actores locales, lo que limitaría la competencia. También pusieron en duda la conveniencia de destinar esos recursos a un sistema tercerizado en lugar de reforzar la estructura sanitaria existente, en un contexto de falta de profesionales y reclamos salariales.
Las empresas oferentes fueron: U.T.E Portal Salud S.A, Go Baires Logística S.R.L y Vitalmed S.A.; U.T.E Internacional Health Services Argentina S.A y IT Consults S.A.; Medicardio S.R.L; Alegra Med S.A.
A estas objeciones se sumaron voces del sector médico, que plantearon inquietudes tras reuniones con autoridades provinciales. Entre los principales puntos señalados aparece la escasa participación institucional en el diseño del proyecto y la dificultad para que profesionales santacruceños puedan competir en igualdad de condiciones debido a las exigencias económicas y técnicas.
Asimismo, se advirtió sobre la necesidad de establecer controles claros sobre los profesionales que eventualmente brinden atención remota, especialmente en lo referido a la matrícula y la responsabilidad ante posibles conflictos legales. También se puso el foco en el rol que debería tener la telemedicina dentro del sistema: como complemento y herramienta de seguimiento, pero no como reemplazo de la atención presencial.
Pese a las críticas, el proceso licitatorio avanzó con la apertura de sobres y la presentación de cuatro oferentes. Desde el Ejecutivo sostienen que la iniciativa busca ampliar el acceso a la salud, sobre todo en zonas alejadas, mediante herramientas digitales.
Sin embargo, ante la acumulación de objeciones políticas y técnicas, los legisladores advirtieron que podrían recurrir a la Justicia si no se revisa el proceso.