22 de mayo de 2026
SUSPENSION DE JUICIO A PRUEBA
Andacollo: dos comerciantes pagarán $137 millones al municipio y evitarán un juicio
Los imputados accedieron a una suspensión de juicio a prueba tras un acuerdo avalado por la Fiscalía y la municipalidad local. La investigación seguirá respecto de dos exfuncionarios municipales que continúan acusados en la causa
Dos comerciantes acusados de participar en maniobras defraudatorias contra la Municipalidad de Andacollo evitarán llegar a juicio oral luego de acordar el pago de $137 millones en concepto de reparación económica y aceptar una serie de condiciones de conducta durante un año.
La medida fue homologada este miércoles por una jueza de garantías, luego de que el pedido realizado por las defensas de los imputados contara con el aval del Ministerio Público Fiscal y de la Municipalidad de Andacollo, que actúa como querellante en el expediente.
Los beneficiados por el acuerdo son K.C.V. y J.C.V., propietarios de un corralón que mantenía vínculos comerciales con el municipio como proveedor. Ambos habían sido acusados formalmente en noviembre del año pasado por una serie de maniobras que, según la investigación, provocaron un perjuicio económico superior a los $128 millones para las arcas municipales.
Como parte del acuerdo, los comerciantes se comprometieron a abonar $137 millones a la comuna y deberán cumplir distintas pautas de comportamiento durante los próximos doce meses. Entre ellas figuran presentaciones periódicas ante la Dirección de Población Judicializada, la obligación de informar cualquier cambio de domicilio, no cometer nuevos delitos y abstenerse del consumo de estupefacientes, además de evitar excesos en el consumo de alcohol.
La salida procesal adoptada corresponde a una Suspensión de Juicio a Prueba, una herramienta prevista para determinados delitos cuando los acusados no poseen antecedentes penales, no son funcionarios públicos y enfrentan penas que podrían ser de cumplimiento condicional. El beneficio puede ser revocado si se incumplen las condiciones impuestas.
La investigación del Ministerio Público Fiscal sostiene que se cometieron 13 hechos irregulares mediante una estructura organizada en la que cada uno de los involucrados tenía un rol específico. Entre las maniobras detectadas aparecen certificaciones de supuestas horas de alquiler de maquinaria vial que nunca se habrían realizado y la disposición irregular de áridos provenientes de la cantera municipal, entre otras operaciones.
La causa comenzó tras una denuncia presentada por el intendente de Andacollo, Manuel San Martín, y derivó en una investigación que alcanzó tanto a particulares como a funcionarios de la gestión municipal.
Aunque la situación de los dos comerciantes quedó encauzada mediante este acuerdo, el expediente continuará abierto para otros dos imputados: Eduardo Argentino Zenteno, quien se desempeñaba como secretario de Servicios, Redes y Espacios Verdes, y Carlos Daniel Leiva, entonces director de Redes del municipio.
Ambos eran funcionarios públicos al momento de los hechos investigados y permanecen bajo investigación por las presuntas maniobras que, según la acusación, generaron un perjuicio millonario para el municipio del norte neuquino.