26 de mayo de 2026
ESCENARIO
Super RIGI en el sur: entre promesas de inversión y dudas sobre la autonomía fiscal
El nuevo régimen impulsado por el Gobierno nacional promete atraer megaproyectos tecnológicos y energéticos por más de USD 1.000 millones en Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz. Pero la letra chica exige fuertes límites impositivos para provincias y municipios, reabriendo el debate sobre soberanía, recursos y federalismo
La Patagonia volvió a quedar en el centro del mapa económico nacional tras el envío al Congreso del denominado “Súper RIGI”, el nuevo Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias con el que el Gobierno de Javier Milei busca atraer capitales multimillonarios vinculados a sectores estratégicos y tecnologías del futuro.
El proyecto, presentado formalmente por el Ministerio de Economía, apunta a captar inversiones superiores a los 1.000 millones de dólares mediante un esquema de beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios incluso más agresivo que el RIGI original aprobado dentro de la Ley Bases. Y en ese diseño, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz aparecen como territorios clave por sus recursos naturales, condiciones geográficas y potencial energético.
La iniciativa está enfocada exclusivamente en actividades que actualmente no tienen desarrollo industrial consolidado en el país o que permanecen en etapas experimentales. Allí aparecen sectores como el hidrógeno verde, el GNL onshore, los reactores modulares nucleares, los centros de datos, la fabricación de tecnologías limpias, la cadena del uranio y los minerales estratégicos.
Para el Gobierno nacional, la apuesta consiste en convertir a la Argentina en un polo regional de industrialización tecnológica vinculada a recursos naturales. Para las provincias patagónicas, en cambio, el escenario abre una discusión mucho más compleja: cómo captar inversiones históricas sin resignar capacidad de recaudación ni control territorial durante las próximas tres décadas.
Uno de los principales atractivos del régimen es el paquete de beneficios ofrecidos a las empresas. El proyecto contempla una reducción de Ganancias al 15%, amortización acelerada de activos, eliminación de derechos de importación y exportación y estabilidad normativa garantizada por 30 años. Además, habilita progresivamente la libre disponibilidad de divisas generadas por exportaciones.
En el mapa patagónico, Neuquén aparece como una de las provincias mejor posicionadas para capitalizar el nuevo esquema. El potencial de Vaca Muerta ya no se limita solamente al petróleo y el gas no convencional, sino también a proyectos de industrialización energética, especialmente el desarrollo de GNL en tierra y nuevas cadenas asociadas a fertilizantes y petroquímica.
Río Negro, por su parte, observa una oportunidad en el avance de industrias tecnológicas vinculadas a energía renovable y centros de datos de gran escala. El clima frío patagónico, sumado a la disponibilidad energética y la expansión de parques eólicos, coloca a la provincia como candidata para captar inversiones en infraestructura digital y producción de hidrógeno de bajas emisiones.
En Chubut, el debate se conecta tanto con la continuidad petrolera como con la búsqueda de nuevas actividades productivas. El potencial del uranio en Cerro Solo, la reactivación de áreas maduras y la posibilidad de desarrollar cadenas vinculadas a energías limpias aparecen como algunos de los ejes donde el Súper RIGI podría generar interés empresario.
Santa Cruz, en tanto, concentra expectativas alrededor del shale en Palermo Aike y del hidrógeno verde. Los recursos eólicos de la meseta santacruceña son considerados entre los más competitivos del mundo para producir energía renovable destinada a exportación, especialmente hacia mercados europeos.
Sin embargo, detrás del entusiasmo inversor aparece el punto más sensible del proyecto: las restricciones fiscales impuestas a provincias y municipios que adhieran al régimen.
El texto establece que las jurisdicciones no podrán aplicar alícuotas superiores al 0,50% en Ingresos Brutos para estos proyectos y elimina prácticamente el Impuesto de Sellos sobre contratos y operaciones vinculadas a las inversiones. También limita la capacidad municipal de cobrar tasas calculadas sobre facturación o ventas.
En términos prácticos, esto obliga a gobernadores e intendentes a resignar herramientas históricas de recaudación a cambio de intentar captar proyectos industriales de enorme escala.
La discusión adquiere especial relevancia en provincias patagónicas donde el sostenimiento de rutas, puertos, servicios y obras de infraestructura depende en gran medida de recursos propios vinculados justamente a la actividad energética y extractiva.
Mientras sectores oficialistas sostienen que sin estabilidad fiscal y baja presión tributaria estas inversiones jamás desembarcarían en Argentina, las críticas advierten sobre un posible debilitamiento de la autonomía provincial y municipal consagrada constitucionalmente.
También emergen cuestionamientos ambientales y geopolíticos. Es que el proyecto no incorpora exigencias suficientemente claras sobre evaluación de impacto ambiental ni mecanismos específicos de control frente a eventuales daños ecológicos.
En la Patagonia, donde existen antecedentes de fuertes conflictos territoriales vinculados a minería, hidrocarburos y uso del agua, el debate se cruza con la discusión sobre soberanía de recursos y extranjerización de activos estratégicos.
Otro de los puntos observados es el impacto desigual sobre las pymes locales. Los montos mínimos exigidos —que parten desde cientos de millones de dólares— dejan prácticamente afuera a empresas regionales y favorecen exclusivamente a grandes conglomerados internacionales capaces de movilizar capital intensivo.
En paralelo, persiste otra incógnita clave: cómo sostener un proceso de industrialización de gran escala en una región donde muchas obras de infraestructura pública permanecen paralizadas por el ajuste fiscal nacional.
Pese a esas tensiones, el Gobierno nacional apuesta a que el Súper RIGI se convierta en una herramienta decisiva para cambiar el perfil productivo argentino y acelerar inversiones que hasta ahora permanecían frenadas por la inestabilidad económica y tributaria.
En la Patagonia, mientras tanto, el debate recién empieza. Gobernadores, legisladores, sindicatos, cámaras empresarias y comunidades locales deberán medir el alcance de una iniciativa que promete inversiones históricas, pero que también reabre viejas discusiones sobre quién controla, recauda y decide sobre los recursos estratégicos del sur argentino.