11 de junio de 2026
SANTA CRUZ
Corrupción en YCRT: quedaron firmes las condenas por la obra que nunca se hizo
La Corte Suprema confirmó las penas contra el empresario Juan Carlos Lascurain y el exasesor Juan Marcelo Vargas por el desvío de 50 millones de pesos destinados a una obra vial que nunca se concretó. También quedó firme la absolución del exfuncionario Miguel Larregina
La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme este jueves una parte central del expediente que investigó el desvío de fondos públicos destinados a obras en el yacimiento carbonífero de Río Turbio, uno de los casos de corrupción más emblemáticos vinculados a Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT).
El máximo tribunal rechazó los recursos extraordinarios presentados por las defensas del empresario Juan Carlos Lascurain, expresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), y del exasesor Juan Marcelo Vargas, por lo que quedaron firmes las condenas a cuatro años de prisión que habían sido dictadas en instancias anteriores. Al mismo tiempo, la Corte desestimó el planteo impulsado por la fiscalía para revertir la absolución del excoordinador de YCRT, Miguel Ángel Larregina, decisión que también quedó definitiva.
La resolución fue adoptada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti mediante la aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que habilita al tribunal a rechazar recursos sin pronunciarse sobre el fondo de la cuestión.
La investigación giró en torno a una obra que debía ejecutarse en el acceso a la mina de carbón: la denominada "Avenida de los Mineros", un tramo vial de aproximadamente siete kilómetros entre Río Turbio y 28 de Noviembre que finalmente nunca fue construido. Según quedó acreditado durante el juicio oral, a fines de 2015 fueron desviados alrededor de 50 millones de pesos a favor de la empresa FAINSER S.A., a través del libramiento de tres cheques emitidos en los últimos días de la gestión nacional de ese momento.
La firma estaba vinculada a Lascurain y era presidida por Romina Mercado, sobrina de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner e hija de la exgobernadora santacruceña Alicia Kirchner. Durante el debate oral, el empresario reconoció haber recibido el anticipo económico, aunque sostuvo que los fondos fueron destinados a la contratación de personal y a tareas preliminares para la futura ejecución del proyecto.
El Tribunal Oral Federal N°7 había considerado probado que existió una maniobra de peculado, es decir, la utilización indebida de recursos públicos por parte de funcionarios y particulares que participaron en la operatoria. En ese contexto fueron condenados el entonces interventor de YCRT y exintendente de Río Turbio, Atanacio Pérez Osuna; el empresario Lascurain; el asesor Juan Marcelo Vargas; el excoordinador Miguel Larregina; y el exintendente Horacio Matías Mazú, quien falleció posteriormente.
Sin embargo, en 2023 la Cámara Federal de Casación Penal revisó el caso y confirmó las condenas de Pérez Osuna, Lascurain y Vargas, aunque absolvió a Larregina. Ahora, con la decisión adoptada por la Corte Suprema, esa resolución quedó firme.
En el caso de Pérez Osuna, la condena ya había adquirido firmeza en 2021 debido a deficiencias formales en la presentación realizada ante el máximo tribunal. El exfuncionario permanece detenido.
Además de las penas privativas de libertad, la sentencia contempla la obligación de restituir al Estado el dinero desviado, actualizado con los intereses correspondientes. La fiscal del juicio, Fabiana León, había solicitado oportunamente la ejecución de esa reparación económica, estimada originalmente en 50 millones de pesos.
La causa se convirtió en el primer juicio oral vinculado a presuntas irregularidades en YCRT. No obstante, aún permanece pendiente otro proceso de mayor envergadura relacionado con el supuesto desvío de más de 264 millones de pesos destinados a obras en la mina de carbón. Ese expediente tiene entre sus principales acusados al exministro de Planificación Federal Julio De Vido y fue el que derivó en su desafuero y posterior detención en 2017.