La Tecla Patagonia
Todos los derechos reservados
El conflicto salarial que desde hace semanas atraviesa a la Policía de Santa Cruz comenzó a ingresar en una nueva etapa. Mientras las protestas perdieron intensidad en buena parte del territorio provincial y varias dependencias retomaron su funcionamiento habitual, el oficialismo legislativo salió a respaldar la decisión del Gobierno de Claudio Vidal de otorgar el aumento salarial por decreto y cuestionó la continuidad de las medidas de fuerza.
El pronunciamiento del bloque Por Santa Cruz se conoció luego de que el Poder Ejecutivo ratificara mediante el Decreto N° 660 la Resolución Ministerial N° 342, que había dispuesto la recomposición salarial para el personal de las Fuerzas Policiales y de Seguridad.
La norma consolida el esquema salarial anunciado días atrás, basado en la actualización del valor punto y la creación de dos nuevos adicionales: uno remunerativo no bonificable denominado "Compensador" y otro no remunerativo ni bonificable denominado "Cumplimiento Efectivo del Servicio". Al mismo tiempo, deja sin efecto una serie de suplementos específicos que hasta ahora integraban la estructura salarial de la fuerza y faculta a los ministerios de Seguridad y de Economía a instrumentar las medidas necesarias para su implementación.
Desde el oficialismo sostuvieron que el Gobierno agotó las instancias de negociación antes de avanzar con la resolución administrativa. En ese sentido, remarcaron que durante el funcionamiento del Consejo del Salario se presentaron numerosas propuestas que no alcanzaron un acuerdo con los representantes policiales, lo que derivó en la decisión de formalizar la recomposición por vía administrativa, posteriormente ratificada mediante el decreto provincial.
El bloque también defendió el alcance del incremento al señalar que la nueva escala ubica a la Policía de Santa Cruz entre las fuerzas provinciales con mejores remuneraciones del país y consideró que la medida fue adoptada procurando compatibilizar la mejora salarial con la situación financiera de la provincia.
Al mismo tiempo, los legisladores oficialistas cuestionaron la continuidad de las protestas que aún persisten en algunos puntos de Santa Cruz. En su interpretación, la mayoría de los efectivos ya retomó sus funciones y el conflicto dejó de tener el nivel de adhesión que mostró durante los primeros días de reclamo, atribuyendo la permanencia de algunas manifestaciones a motivaciones políticas más que a un planteo representativo del conjunto de la fuerza.
El escenario, de hecho, comenzó a mostrar diferencias entre las distintas regiones de la provincia. En la zona norte, efectivos de ciudades como Caleta Olivia, Pico Truncado y Las Heras levantaron las medidas de fuerza luego de recibir el compromiso de revisar la situación salarial en los próximos meses y de no aplicar sanciones a quienes participaron de las protestas. En cambio, en Río Gallegos, El Calafate y otras localidades del sur continúan los acampes y las manifestaciones, donde los efectivos insisten con la reapertura de la negociación salarial.
En su comunicado, el bloque Por Santa Cruz también vinculó la capacidad financiera de la provincia para continuar mejorando los salarios públicos con la situación de las cajas previsional y de salud. Los legisladores señalaron que las deudas que mantienen algunos municipios con esos organismos limitan la disponibilidad de recursos para fortalecer las políticas salariales y sostuvieron que el cumplimiento de esas obligaciones resulta clave para garantizar la sustentabilidad del sistema.
Mientras tanto, el conflicto permanece abierto. Aunque la intensidad de las protestas disminuyó respecto de los días de mayor tensión, los sectores que mantienen las medidas de fuerza continúan reclamando la reapertura del diálogo y cuestionan que la recomposición haya sido definida de manera unilateral por el Ejecutivo, pese a que el Gobierno considera concluida la discusión salarial tras la ratificación del aumento mediante el Decreto N° 660.