La Tecla Patagonia hace un repaso de lo que sucedió durante este año en la Legislatura de la provincia continental más austral del país. Cómo fue la dinámica de la política, qué cambios se produjeron, cuáles proyectos se trataron y lo pendiente

El Balance Legislativo del 2024 en Santa Cruz

El pasado viernes, con la presentación del informe de gestión del Ejecutivo a cargo del Jefe de Gabinete de Ministros, José Daniel Álvarez, concluyó el año legislativo en la provincia de Santa Cruz. Este periodo estuvo marcado por un cambio de gran relevancia en el panorama político provincial tras el fin de tres décadas de predominio kirchnerista, lo que dio paso a una nueva administración que, al menos en sus promesas iniciales, se comprometió a fomentar un diálogo institucional más abierto y plural.

Sin embargo, el desarrollo del poder legislativo reveló una dinámica compleja que produjo resultados mixtos en relación con estas expectativas, dejando un balance que combina logros destacados, aunque también se deja una pauta en la implementación de una agenda de transformación política y social, que seguirá al menos por los siguientes tres años.

Los movimientos de piezas

El ciclo legislativo, iniciado el 1 de marzo, abarcó un total de 16 sesiones ordinarias y 6 extraordinarias. Uno de los eventos más relevantes fue el cambio de alineación política de los legisladores Cristian Ojeda, de Perito Moreno, y Fernando Pérez, de Los Antiguos, quienes decidieron unirse al bloque oficialista Por Santa Cruz. Este movimiento fortaleció la posición del gobierno al otorgarle una mayoría que le permitió sancionar leyes sin necesidad de construir acuerdos amplios con otras fuerzas políticas.

En paralelo, la Cámara de Diputados experimentó tres reemplazos durante el año: Adriana Nieto asumió el lugar de Iris Rasguido -que asumió a mitad de año la titularidad del Concejo Provincial de la Educación-, Patricia Urrutia reemplazó a Víctor Chamorro tras su prematuro fallecimiento, y el exministro de Gobierno Pedro Luxen ocupó recientemente la banca de Pedro Valenzuela, que renunció a la Cámara alegando motivos personales.

En ese marco, el arribo más llamativo fue el de Luxen, ya que su asunción como diputado estuvo llena de especulaciones. Primero se atrasó, estaba pactada para los primeros días de noviembre y luego se adelantó, ya se había hablado que no llegaría hasta marzo del año que viene, para que el oficialismo tuviera las manos para asegurarse la adhesión al RIGI.
El mismo gobernador Vidal aseguró que Luxen será el puente más estrecho entre el Ejecutivo y el Legislativo y que su desembarco en la Legislatura permitirá darle más garantías a las leyes que se envían desde la casa de Gobierno.

El contexto político estuvo marcado, además, por una reconfiguración de los bloques legislativos que evidenció una fragmentación creciente. Por un lado, Daniel Peralta y Carlos Alegría, ambos provenientes de Unión por la Patria, formaron un bloque independiente alineado con el intendente de El Calafate, Javier Belloni. Por otro lado, Pedro Muñoz estableció un bloque unipersonal denominado Cambia, lo que subrayó la diversidad de intereses representados en la legislatura y las dificultades para construir consensos sólidos.

Un contexto difícil

En el plano social y económico, el año estuvo profundamente atravesado por conflictos laborales que tuvieron un impacto directo en la agenda legislativa. Entre estos conflictos, destacan los despidos en Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) y en los proyectos de las represas hidroeléctricas, temas que generaron intensos debates tanto en las comisiones como en las sesiones extraordinarias.

Sin embargo, la falta de consenso entre los legisladores obstaculizó avances concretos en estas materias. Un ejemplo emblemático fue el proyecto de Emergencia Petrolera presentado por el diputado Fernando Españón, que tenía como objetivo proteger 4.500 empleos tras la retirada de YPF de la provincia. Este proyecto proponía medidas para prohibir despidos en las áreas afectadas y mitigar el impacto económico, pero no logró obtener el respaldo necesario para su aprobación.

En el ámbito administrativo, destacó la sanción de la Ley de Emergencia Alimentaria y Administrativa, cuyo objetivo principal era agilizar los procesos de contratación en sectores críticos como la educación, la salud y el desarrollo social. Sin embargo, la implementación de esta ley fue objeto de críticas por parte de la oposición, que señaló una falta de información y transparencia en su ejecución.

A pesar de que la red nacional de periodistas de investigación (RUIDO) valoró positivamente la transparencia legislativa de Santa Cruz, el nuevo gobierno montó otra web oficial, lo que dejó incompleta la información sobre los proyectos individuales de cada diputado y generó cuestionamientos sobre la continuidad de las políticas de transparencia. Además, las iniciativas destinadas a fortalecer el Tribunal de Cuentas y otros mecanismos de control avanzaron con lentitud, limitando su impacto real en la fiscalización y rendición de cuentas.

El periodo legislativo también estuvo atravesado por tensiones políticas significativas. Entre estas, se incluye la denuncia del gobierno actual sobre el manejo irregular de $32 millones en gastos protocolares por parte del exvicegobernador Eugenio Quiroga, así como la revelación de 19 empleados que percibían salarios sin desempeñar funciones. Estas situaciones no solo alimentaron un clima de confrontación política, sino que también generaron cuestionamientos éticos profundos sobre el manejo de los recursos públicos.

Un tema de gran relevancia como la coparticipación a los municipios no se trató en el ámbito Legislativo, sino que directamente el Ejecutivo decretó los nuevos coeficientes para definir lo que le corresponde a cada comuna en base al Censo de 2022, lo que generó en malestar en la capital de Río Gallegos, que vio una reducción significativa de sus ingresos.

Proyectos tratados

Entre los proyectos destacados que quedaron pendientes de resolución, figura la reforma integral del sistema de salud, la cual no logró superar las discusiones en las comisiones legislativas debido a la falta de acuerdos entre los distintos bloques. En materia ambiental, si bien la provincia adhirió al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), no se concretaron incentivos locales que promovieran las energías renovables y otros sectores estratégicos, lo que dejó pendiente una asignatura clave para el desarrollo sostenible de la región.

Durante las sesiones ordinarias, se abordaron diversos temas importantes. Por ejemplo, en la 16ª sesión se aprobó el Presupuesto 2025 y la adhesión al RIGI; en la 14ª se discutieron iniciativas como la creación del Colegio de Psicopedagogos y proyectos relacionados con el consumo problemático y la prevención del suicidio; mientras que en la 9ª sesión se dio luz verde a la creación de la empresa estatal "Santa Cruz Puede Sociedad Anónima". En contraste, las sesiones extraordinarias presentaron resultados dispares, con eventos como la presentación del informe de gestión en la 6ª sesión y la suspensión de la 4ª por falta de quórum.

El balance legislativo de 2024 mostró cierto nivel de avance en áreas como la planificación presupuestaria y la reconfiguración política. Sin embargo, también demuestra los desafíos persistentes en términos de construcción de consensos, ejecución efectiva de políticas públicas y atención a problemáticas estructurales.

De cara a 2025, será crucial que la Legislatura no solo logre superar sus divisiones internas, sino que también articule estrategias más efectivas para abordar las desigualdades sociales y aprovechar el potencial económico de una provincia rica en recursos naturales, pero aún marcada por tensiones estructurales profundas y desafíos de gobernanza que exigen soluciones innovadoras y sostenibles.

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