26 de agosto de 2026
NEUQUEN
Se frustró el desalojo de dos comunidades mapuches y deberán retirar el operativo
La diligencia judicial ordenada para los lof Kinxikew y Melo sobre tierras ubicadas en cercanías de Villa La Angostura no pudo completarse en los términos establecidos. La defensa de las comunidades confirmó que el procedimiento se frenó y planteó abrir una instancia de arbitraje para buscar una salida al conflicto
La Justicia neuquina suspendió el desalojo previsto contra los lof Kinxikew y Melo, luego de que el procedimiento no pudiera ejecutarse de manera completa. La medida representa un alivio para las comunidades mapuches, que permanecían en el lugar ante el avance del operativo, aunque no resuelve la disputa de fondo por la ocupación y titularidad de las tierras.
El abogado de las comunidades, Virgilio Sánchez, explicó que una diligencia de estas características no puede considerarse cumplida de manera parcial. Según sostuvo, al no haberse completado el procedimiento en las condiciones fijadas por la orden judicial, el desalojo quedó frustrado y, para intentar concretarlo nuevamente, la parte interesada deberá gestionar un nuevo mandamiento.
La consecuencia inmediata es el repliegue de quienes participaron del operativo. De acuerdo con lo planteado por la defensa, deberán retirarse del predio las fuerzas de seguridad, los representantes de la familia Broer —parte demandante en el expediente— y los demás actores que intervinieron en la diligencia. De esta manera, las familias de los lof recuperan el ingreso y permanencia en sus viviendas mientras se define cómo continuará la causa.
El conflicto se desarrolla sobre tierras correspondientes al lote pastoril 42, cuya ocupación por parte de las familias mapuches forma parte de una disputa que se extiende desde hace años. Las comunidades sostienen que existe una relación histórica con ese territorio y que sus integrantes descienden de familias que permanecieron vinculadas al lugar durante generaciones. En 2011, los lof iniciaron el proceso de recuperación territorial que derivó en el litigio actual.
La defensa también puso sobre la mesa antecedentes administrativos vinculados al reconocimiento de las comunidades. Entre ellos figura la inscripción de la personería jurídica de los lof en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas en 2006 y el reconocimiento realizado en 2023 respecto de la ocupación tradicional de las tierras. También se mencionó el antecedente del Parque Nacional Nahuel Huapi, que habría registrado presencia de las familias en el sector desde antes de 1902.
Sánchez remarcó que la suspensión del desalojo no significa que la Justicia haya resuelto quién tiene derecho sobre las tierras. El expediente continúa abierto y las distintas partes mantienen sus posiciones respecto de la ocupación, la propiedad y los derechos que consideran aplicables al territorio en disputa.
Ante la dificultad para encontrar una salida dentro de la vía judicial, el abogado propuso avanzar hacia una instancia de arbitraje. La alternativa, contemplada por el nuevo Código Procesal de Neuquén según explicó Sánchez, permitiría generar un espacio de negociación entre las partes con el objetivo de alcanzar un acuerdo que evite que el conflicto continúe escalando mediante nuevas medidas judiciales y operativos.
La suspensión se produjo después de una serie de movilizaciones en respaldo de las comunidades. El sábado 22 de agosto se realizó una caravana que reunió a organizaciones y personas de distintas localidades de la región, mientras que el conflicto también adquirió repercusión fuera del ámbito provincial. Ahora, con el operativo suspendido y las fuerzas obligadas a retirarse, la discusión vuelve a centrarse en cómo resolver el conflicto territorial sin que una nueva intervención termine profundizando la confrontación.