25 de septiembre de 2026
SANTA CRUZ
Provincia salió a defender el proyecto turístico en la Península de Magallanes
El titular del Consejo Agrario Provincial, Hugo Garay, rechazó las versiones sobre una supuesta entrega de tierras y aseguró que la iniciativa se tramita sobre un predio privado y bajo las normas ambientales vigentes. El organismo llevará el expediente a la Legislatura ante el pedido de informes
El Gobierno de Santa Cruz salió a fijar posición sobre la polémica generada alrededor de un proyecto turístico previsto en la Península de Magallanes. El presidente del Consejo Agrario Provincial (CAP), Hugo Garay, defendió el avance de la iniciativa y cuestionó las versiones que plantean que la Provincia habría cedido tierras públicas o permitido construcciones sin cumplir con los controles correspondientes.
En declaraciones radiales, el funcionario sostuvo que el expediente atravesó las instancias administrativas previstas y que la propuesta debe analizarse a partir del marco normativo que regula el área protegida. Según explicó, el proyecto original presentado por la empresa tuvo que ser modificado porque no se ajustaba a las condiciones establecidas en el Plan de Manejo de la Península de Magallanes.
Ese plan fue aprobado en 2022, durante la gestión provincial anterior, después de un proceso que incluyó estudios técnicos, modificaciones y una audiencia pública. Garay remarcó que la administración actual no modificó ese esquema para habilitar el emprendimiento, sino que exigió que la iniciativa empresarial se adaptara a las condiciones ya vigentes.
Uno de los puntos sobre los que puso el foco el titular del CAP fue la situación dominial de las tierras. Garay aseguró que los inmuebles involucrados en el proyecto pertenecen al dominio privado desde hace décadas y que sus títulos fueron transferidos durante la década de 1960. De esta manera, rechazó que pueda hablarse de una entrega reciente de tierras provinciales para desarrollar el emprendimiento.
La superficie total de la Península de Magallanes ronda las 38.900 hectáreas, aunque el proyecto turístico se encuentra localizado sobre un predio privado de unas 20 hectáreas. De acuerdo con la información difundida por el Gobierno, la iniciativa contempla 24 cabañas, con una capacidad máxima de 60 plazas, además de sectores comunes y senderos.
El expediente ambiental también cuenta con antecedentes propios. La empresa presentó el estudio de impacto ambiental en 2023 y obtuvo su aprobación en 2024, luego de la intervención de los organismos correspondientes. El desarrollo deberá cumplir, además, con condiciones específicas relacionadas con el tratamiento de efluentes, la prevención de incendios y otras medidas destinadas a reducir el impacto sobre el entorno.
Garay sostuvo que el Consejo Agrario tendrá un rol de fiscalización durante la ejecución del proyecto para comprobar que las obras se mantengan dentro de los parámetros autorizados. La discusión, de esta manera, no queda limitada a la autorización inicial, sino que contempla controles sobre el desarrollo efectivo del emprendimiento.
El funcionario también defendió el argumento económico detrás de la propuesta. Según planteó, la inversión privada apunta a ampliar la oferta turística de El Calafate con un producto destinado a un segmento de visitantes que actualmente cuenta con pocas alternativas. Desde la mirada del Gobierno provincial, el emprendimiento podría traducirse en empleo y mayor movimiento económico, siempre condicionado al cumplimiento de las exigencias ambientales.
La controversia tendrá ahora una instancia institucional en la Legislatura de Santa Cruz. El CAP confirmó que responderá al pedido de informes realizado por los diputados y que presentará allí la documentación vinculada con el proyecto. La exposición estará acompañada por integrantes de las áreas técnicas, legales y de Áreas Protegidas del organismo.
Garay cuestionó además lo que definió como información distorsionada sobre el caso y sostuvo que el expediente no contiene elementos ocultos. La presentación ante la Legislatura permitirá que los legisladores accedan a los antecedentes administrativos, ambientales y dominiales y planteen sus consultas directamente a los responsables del organismo provincial.