5 de octubre de 2026
¿NUEVAS REGLAS?
Santa Cruz discute una ley para limitar la extranjerización de tierras
El proyecto busca mantener en 15% el máximo de tierras rurales que pueden quedar en manos extranjeras, crear un registro provincial y establecer controles previos para las operaciones. La iniciativa avanzó en comisión y pasó a Recursos Naturales
La Legislatura de Santa Cruz avanza con un proyecto para crear un régimen provincial destinado a controlar la extranjerización de tierras rurales y proteger sectores considerados estratégicos. La iniciativa fue impulsada por los diputados Agostina Mora Doldán, Carlos Godoy y Carlos Alegría y esta semana avanzó en la comisión de Asuntos Constitucionales.
Uno de los principales puntos de la propuesta es mantener un límite del 15% para la titularidad extranjera de tierras rurales, tanto sobre el total de la superficie provincial como en cada departamento. Además, una misma nacionalidad extranjera no podría concentrar más del 30% de ese porcentaje.
El proyecto también establece topes para la superficie que podría controlar un mismo extranjero, grupo económico o conjunto de personas vinculadas. Los límites variarían según el departamento, con máximos de 30.000 hectáreas en Deseado y Magallanes, 20.000 en Corpen Aike y Güer Aike y 10.000 en Lago Buenos Aires, Río Chico y Lago Argentino.
Otro eje está puesto en las zonas consideradas estratégicas. La propuesta busca impedir operaciones sobre determinadas tierras fiscales y establecer controles especiales cuando los inmuebles estén vinculados con cuerpos de agua, glaciares, acuíferos, áreas protegidas, zonas costeras o sectores de seguridad de frontera.
Para estas operaciones se requeriría una autorización provincial previa, que deberá evaluar cuestiones vinculadas con el acceso a los recursos naturales, la seguridad hídrica, energética y alimentaria, el desarrollo rural y la protección ambiental.
El proyecto también contempla la creación de un Registro Provincial de Tierras Rurales, que incluiría un inventario georreferenciado de los inmuebles y datos sobre sus titulares, beneficiarios finales, situación dominial y ubicación respecto de áreas estratégicas.
A su vez, cada operación alcanzada por la norma debería contar con un Certificado Provincial de Habilitación Territorial antes de concretarse. El documento deberá acreditar que se cumplen los límites y condiciones establecidos y que se cuenta con las autorizaciones nacionales que correspondan.
La iniciativa incluye además excepciones para determinados extranjeros con residencia prolongada y arraigo en Santa Cruz. Al mismo tiempo, prevé multas de entre el 1% y el 20% del mayor valor entre el monto de la operación, la valuación fiscal o la tasación oficial del inmueble para quienes incumplan las restricciones.
Tras el debate en la comisión de Asuntos Constitucionales, el proyecto obtuvo el antedespacho y continuará su tratamiento en la comisión de Recursos Naturales, donde se analizarán sus alcances antes de avanzar hacia una eventual discusión en el recinto.