La Tecla Patagonia
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Desde la agrupación manifestaron su preocupación frente a la posible revocatoria de todas las causas presentadas ante la justicia rionegrina que frenan la renovación del contrato entre Catedral Alta Patagonia SA y el gobierno municipal, y que implicaría que el contrato se pueda firmar
En este sentido se destacó que la iniciativa popular avalada con 5641 firmas de ciudadanos barilochenses fue declarada “inadmisible” en una resolución aprobada por el bloque de concejales que responde al Intendente Gustavo Gennuso.
De esta manera se presentaron una Demanda Contencioso Administrativa solicitando la impugnación de esa resolución para que se pronuncien y la declaren aceptada o rechazada y así poder darle curso. Asimismo se recordó que la Carta Orgánica Municipal establece que si se acepta la iniciativa popular entonces no se concreta la firma del contrato y si se rechaza se da lugar a la segunda etapa de juntada de firmas hasta llegar a las 10.000 y se lograría el Referéndum popular; por lo tanto, “inadmisible” es una forma burda de “cajonearla”.
“El proceso de esta demanda se encuentra detenido porque lo asimilan incorrectamente a la Cautelar presentada por el legislador Ramos Mejía que es una causa con un objeto totalmente diferente a la nuestra. De esta forma el Superior Tribunal de Justicia (STJ) tiene el poder absoluto de decisión sobre el destino del recurso económico más importante de Bariloche, como es el Cerro Catedral” enfatizaron mediante un comunicado.
“Nuestra historia nos ha demostrado que existieron y existen hechos de corrupción y por esa razón estamos preocupados y sospechamos que, entre gallos y medianoche, la justicia rionegrina podría darnos la espalda tal como lo han hecho el poder ejecutivo y el poder legislativo. De concretarse esta maniobra en las fiestas, no solo se comprobaría que se trata de un hecho de corrupción, sino que demostraría la complicidad del poder judicial en los entramados políticos y comerciales en los que se quieren rifar nuestros bienes y recursos naturales” recalcaron desde “Vecinos por un Cerro para todos”.
“Si el STJ revoca la Cautelar junto a las otras causas acumuladas estaría legitimando el negocio que el gobernador Weretilneck y el intendente Gennuso pretenden realizar con CAPSA. De firmarse el contrato, la concesionaria obtendría ciertos derechos sobre el cerro que le permitirían iniciar acciones legales contra el municipio en caso que la justicia determine más adelante la ilegalidad del proceso y/o contrato, ya que el mismo viola la Carta Orgánica Municipal, entre otras irregularidades. Los costos económicos y las consecuencias sociales y ambientales serán la hipoteca que en definitiva pagaremos todos los vecinos” criticaron.
En esta línea concluyeron “Desde Vecinos reafirmamos nuestra posición en defensa de la Carta Orgánica Municipal y de nuestros bienes y recursos naturales, subrayando nuestro carácter autónomo y que no estamos en contra de la empresa, pero no vamos a permitir que realicen un negociado inmobiliario bajo la excusa de la modernización del cerro. Guardamos la esperanza que el poder judicial haga uso de su independencia de los otros poderes y falle en beneficio de la comunidad y no permitan que el Catedral sea un regalo de navidad en estas fiestas”.