La Tecla Patagonia
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Por Alejandro De Angelis
“En este contexto nada alcanza”, confesó a La Tecla Patagonia un alto funcionario santacruceño, horas después de conocerse el decreto de Emergencia económica y comercial firmado por la gobernadora Alicia Kirchner, como respuesta a reclamo de las Cámaras y entidades ante la grave crisis que afrontan por la parálisis de la actividad, en el marco del cumplimiento del aislamiento social obligatorio instaurado por el Gobierno nacional.
"Rompieron todos los esquemas, teníamos la vida más o menos organizada, con un cronograma de actividades, programas pautados y las familias lo mismo. De golpe, en el mundo que estaba pensando más allá, dándole demasiada atención a la economía, a una economía competitiva que no tenía en cuenta mucho al hombre a nivel mundial y nos encontramos con esto. Algo que sabemos cómo ha empezado y que tenemos que protegernos", manifestó la mandataria provincial al justificar la medida.
Concretamente, el escenario que se plantea para Santa Cruz en los próximos meses es crítico. Caerán las regalías petroleras, principal ingreso para las arcas, en una estimación de pérdida que oscila los 600 millones de pesos solo para el mes de marzo y se reducirán las coparticipaciones, tanto a nivel nacional por la caída en la recaudación como la provincial, por una fuerte merma en el cobro de Ingresos Brutos, que afectará directamente a los municipios.
Alcances de la norma
Una de las principales medidas adoptadas en base al decreto tiene que ver con el lanzamiento de una línea de “créditos blandos”, apuntado a las PYMES y los pequeños comerciantes, en línea con lo dispuesto Banco Central de la República Argentina. En el caso santacruceño, el decreto otorga al Ministerio de Economía el poder subsidiar la tasa de interés que establece el BCRA (24%) para que las empresas locales puedan acceder a préstamos con una tasa aún más baja, de entre el 17 y 19 %.
Asimismo, el Poder Ejecutivo Provincial instruyó a Distrigas y Servicios Públicos Sociedad del Estado, las empresas provinciales distribuidoras de gas y luz en todo el territorio santacruceño, a suspender cualquier cortes por deuda durante la vigencia de la Emergencia. Para los grandes usuarios y comercios también habrá prohibición de corte por falta de pago, al tiempo que se estableció que los vencimientos de las facturas de abril, mayo y junio puedan cancelarse en hasta 12 cuotas a partir de julio.
En el plano impositivo, la ASIP fue habilitada a suspender los intereses resarcitorios y se podrá aplicar un período de gracia de tres meses ante los planes de facilidades de pago que se establezcan durante la Emergencia Económica y Comercial. También se eximirá por 90 días el pago de las tasas administrativas cuando no superen los $400 y no se cobrarán por tres meses ninguna de las tasas correspondientes a la Secretaría de Turismo, uno de los sectores más afectados por el cierre de fronteras y la suspensión de vuelos, y otro de los grandes aportantes a la economía provincial.
Superpoderes
Uno de los puntos claves del decreto, que deberá ser refrendado por la Legislatura provincial en los próximos días y necesitará la adhesión de los municipios y comisiones de fomento, es la discrecionalidad que se le otorga al Ministerio de Economía provincial, a cargo de Ignacio Perincioli, quien podrá reorientar recursos y administrar pagos en función de las necesidades de las instituciones provinciales en el contexto de la pandemia.
En tal sentido, una de las primeras medidas adoptadas fue el envío a través del Ministerio de Desarrollo provincial, de “refuerzos para asistencia social” a todas las Comunas, por un total de 30 millones de pesos. Fundamentalmente, dicho “refuerzo” estará destinado a los beneficiarios de planes sociales, destinado fundamentalmente al incremento de módulos y asistencias especiales.
Santa Cruz no solo se ve afectada de manera directa por la recesión general que ocasiona el aislamiento, que limita el consumo a los alimentos y deja a miles de rubros sin actividad. La principal problemática de la provincia es que su matriz productiva se ve resentida por la crisis mundial. El sector petrolero, la minería y el turismo, los sectores de mayor aporte a las arcas santacruceñas, son aquellos que mayor caída han experimentado.
En el caso del crudo, se debió no solo al “efecto coronavirus” sino también a una disputa de las principales potencias mundiales. El turismo, fue el apuntado como el principal transmisor del virus en todo el mundo y, por consiguiente, la primera actividad cancelada, y la minería apenas funciona con guardias mínimas y protocolos establecidos específicamente para la actividad.
En ese marco, la Emergencia decretada por la Gobernadora no alcanza. Solo brinda una herramienta de alivio temporario, que de sostenerse las condiciones actuales de aislamiento social, verá diluidos sus efectos rápidamente.
Ignacio Perincioli (Ministro de Economía provincial)
“Distintos sectores se ven afectados y no hay que dejar de atenderlos”
El ministro de Economía, Finanzas y Obras Públicas de Santa Cruz, Ignacio Perincioli habló sobre los detalles de la emergencia económica y comercial decretada por la Gobernadora en los últimos días. “Trabajamos para ver de qué manera podemos ir ayudando a los sectores y los pequeños comerciantes que están sufriendo el impacto económico de la pandemia del coronavirus", explicó el funcionario.
Asimismo, al sector consultado sobre el alcance de las medidas, consideró que "se trata de medidas que salen a atender esta emergencia ya que si bien es sanitaria, tenemos que atender el impacto económico que esta situación está causando", al tiempo que comparó: "desde Nación todos los días se informan medidas nuevas para todos los sectores de la economía, no sólo los formales sino también los informales, nosotros estamos realizando un seguimiento para implementarlas en la provincia y mantenemos un diálogo permanente".
Además, ante la pregunta respecto de a los sectores a los que apunta el decreto provincial, Perincioli destacó que “distintos sectores productivos, no sólo las pymes sino también el sector petrolero, la minería y el turismo, se están viendo afectados por la este aislamiento y no hay que dejar de atender esta situación", y aclaró que "si bien no son todas las medidas que el sector quisiera, son de un impacto alto y que se pueden ir mejorando a medida que vayamos viendo como el impacto económico se refleja en las arcas del estado provincial”.
Roxana Reyes (Diputada nacional por Santa Cruz)
“Se hace necesario pensar en otras herramientas alternativas”
La diputada nacional santacruceña Roxana Reyes, que integra la bancada de Juntos por el Cambio en la cámara baja del Congreso, aseguró en diálogo con este medio que “la emergencia económica y comercial dispuesta en Santa Cruz resulta sin duda una herramienta importante para atravesar la crisis que no hay ninguna duda afrontarán todos los sectores”, aunque advirtió además que “se hace necesario pensar en otras herramientas alternativas que aseguren el mantenimiento de las fuentes de trabajo acompañando a ese proceso desde el propio Estado”.
Respecto de dichas herramientas, Reyes consideró que “debemos pensar en fijar un aporte provincial representado por un quita de alrededor del 50% en los ingresos brutos a las pymes y otro tanto a las mipymes, de forma tal que puedan sostener la actividad y las fuentes de trabajo luego de pasada la cuarentena”. Asimismo, aseguró que además “se debe garantizar la cobertura de las necesidades de los grupos más vulnerables que seguramente por su informalidad laboral serán los más desprotegidos en esta crisis sanitaria”.
“Para todo eso debe reforzarse también desde el Estado provincial una ayuda económica para las actividades profesionales o comerciales y sus empleados que tengan cese o disminución de actividades por el aislamiento social obligatorio”, agregó la legisladora.
Por último, Reyes consideró que “los organismos de control son una actividad esencial del Estado”, por lo que acompañó la postura de la vocal del Tribunal de Cuentas por la minoría, Yanina Gribaudo, al solicitar “una serie de requisitos para compras, licitaciones y decretos en el marco de la Emergencia, de vital importancia para garantizar la transparencia en el manejo de los fondos públicos”.