3 de noviembre de 2025
RIO NEGRO
A raja tabla: Weretilneck avanza con un sistema de "premios" por productividad
El gobierno de Río Negro implementa suplementos salariales en Hacienda, Obras Públicas y Energía bajo el pretexto de "productividad", beneficiando a 400 agentes con hasta 30% extra, pero contradiciendo la eliminación de incentivos en otros organismos en 2024 y fomentando desigualdades.

En un controvertido giro que expone las inconsistencias en la gestión salarial del gobierno provincial de Río Negro, tres ministerios han introducido suplementos salariales bajo el dudoso manto de "productividad", beneficiando a unos 400 agentes mientras se ignora el régimen general y se agravan desigualdades entre empleados públicos.
Implementados mediante decretos estos mecanismos —que incluyen porcentajes de hasta el 30% o sumas fijas— parecen contradecir directamente la eliminación de fondos de incentivos en otros organismos a fines de 2024, una medida que se vendió como un paso hacia la equidad y la desburocratización.
Sin embargo, las autoridades minimizan el alcance, argumentando que no se trata de incentivos obsoletos sino de "desempeño específico", una justificación que huele a excusa para privilegios sectoriales en un contexto de ajustes fiscales y reclamos sindicales ignorados.
Esta iniciativa surge justo después de la supresión de fondos especiales en cuatro organismos —Secretaría de Trabajo, Registro Civil y Capacidad de las Personas, Inspección General de Personas Jurídicas y Registro de la Propiedad Inmueble— a través de una ley aprobada por unanimidad en la Legislatura el 26 de septiembre de 2024, que eliminó 367 tasas administrativas con una recaudación anual de unos $250 millones.
La norma modificó la Ley I N° 2716 para promover gratuidad en trámites, pero prometió preservar derechos adquiridos vía rentas generales, derogando leyes como la L N° 3925. Ahora, estos nuevos suplementos reviven incentivos selectivos, cuestionando si el gobierno realmente busca eficiencia o solo recompensa a ciertos grupos cercanos al poder, exacerbando divisiones internas y alimentando sospechas de clientelismo en un año electoral marcado por tensiones económicas.
Los funcionarios insisten en que la eliminación de fondos antiguos desmanteló sistemas ineficientes, reemplazados por sumas fijas, mientras que estos suplementos "motivan" en áreas clave. Pero esta distinción suena hueca: ¿por qué solo Hacienda, Obras Públicas y Energía? ¿Acaso no merecen "motivación" los empleados de otros sectores?
Sindicatos como ATE han denunciado esta diferenciación como un atropello a la igualdad salarial, y con razón, ya que fomenta resentimientos y podría desatar más conflictos laborales.
El suplemento en Hacienda: ¿Reconocimiento técnico o Exclusión interna?
El Ministerio de Hacienda, encabezado por Gabriel Sánchez, inauguró esta tendencia problemática en junio de 2025 con el Decreto N° 421/2025, publicado el 29 de mayo, que otorga un suplemento no remunerativo del 30% sobre el haber bruto (excluyendo adicionales por función) para personal en áreas selectas como la Secretaría de Hacienda y subsecretarías afines.
Basado en un antecedente de 2014 (Decreto N° 1237) que nunca se aplicó, se condiciona a presentismo y desempeño, pero excluye partes del ministerio, generando críticas internas por su selectividad arbitraria.
El posterior Decreto N° 531/2025, del 3 de julio, solo corrigió redacciones menores, sin abordar las inequidades.
En el Consejo de la Función Pública, la adjunta de ATE, Leticia Lapalma, expuso esta disparidad, forzando a la secretaria Natalia Crociatti a defenderla torpemente. Esta omisión de sectores enteros dentro del mismo ministerio subraya cómo estos "incentivos" podrían ser herramientas de favoritismo, no de verdadera productividad, en un gobierno que predica austeridad pero practica lo contrario.
Bonificaciones en Obras Públicas: reviviendo normas antiguas para gastos cuestionables
En septiembre, Obras Públicas, bajo Alejandro Echarren, resucitó un mecanismo obsoleto con el Decreto N° 820/2025, publicado en el Boletín Oficial N° 6425, asignando el 2% de montos de obras (partidas 331, 421 y 422) como adicional mensual distribuido equitativamente entre unos 200 agentes, con descuentos por incumplimientos. Remitiendo a la Ley J N° 286 de 1961 —derogada en 1976—, se justifica por "mayor dedicación", pero ignora que estos fondos provienen de presupuestos públicos ya tensionados.
Con asignaciones de $274 millones para septiembre-diciembre (unos $300.000 por agente mensuales), Echarren argumenta equiparación con entidades como DPA o ARSA, pero esto solo resalta desigualdades sistémicas: ¿por qué no un régimen unificado en lugar de parches costosos?
Esta reactivación de normas vetustas parece un derroche innecesario, priorizando "productividad" en obras que podrían beneficiarse más de controles estrictos que de bonos generosos.
El régimen en Energía: ¿Motivación por expansión o excusa para privilegios?
Octubre trajo el Decreto N° 931/2025 para la Secretaría de Energía, con suplementos escalados del 10% al 30% sobre el haber bruto para sus 100 agentes, vinculados a responsabilidades ampliadas por la adhesión al RIGI.
Se argumenta necesidad de un equipo "motivado" para proyectos energéticos, pero esto ignora que el crecimiento sectorial debería beneficiarse de salarios generales equitativos, no de extras que discriminan contra otros empleados públicos.
.Este enfoque porcentual, no remunerativo, parece diseñado para evadir impactos jubilatorios mientras se gasta en "compromiso", pero plantea interrogantes éticos: ¿es justo que solo este sector reciba boosts por "labores ampliadas" cuando toda la administración enfrenta presiones similares?