El oficialismo pule detalles del proyecto para implementar un impuesto a las grandes fortunas, para alivianar el impacto financiero de la pandemia. El debate pasa por el piso mínimo en millones de dólares para determinar a cuántos alcanzaría la medida. Hay consenso en todo el arco político, con algunas diferencias en el modo de aplicación del tributo. Cerca de 15 mil argentinos harían el aporte

Economía de emergencia: impuesto a las grandes fortunas

Vía La Tecla https://www.latecla.info/5/home.htm

Situaciones extraordinarias exigen medidas de igual calibre. Esa parece ser la máxima que rige en el gobierno nacional desde hace poco menos de un mes, momento en que la llegada del coronavirus al país obligó al Presidente Alberto Fernández a decretar el aislamiento social preventivo y obligatorio. La evolución del contagio del covid-19 determinó la continuidad de la medida días atrás y se espera que se extienda todavía más durante las próximas semanas.

Ante este escenario, si bien la prioridad es garantizar el normal funcionamiento del sistema sanitario, comienza a erosionarse gravemente el sistema económico, que arrastraba serios problemas desde la gestión anterior. La pandemia fue el golpe de gracia para las alicaídas finanzas argentinas, por lo que desde los distintos sectores productivos y empresarios del país levantaron la voz en búsqueda de soluciones en el corto plazo.

En este sentido, desde Casa Rosada largaron un par de directivas para alivianar la crisis de las pymes y de los trabajadores en general, que incluyen la exención del pago de impuestos y cargas sociales, como así también el aporte de sumas de dinero a aquellos trabajadores informales. Incluso se analiza que el Estado cubra parte de los salarios del mes de abril del sector privado. Pero nada alcanza.

De este contexto de emergencia es que surge la propuesta de los diputados nacionales del oficialismo, que busca cobrar un impuesto a las grandes fortunas del país. Sería un tributo por única vez, que alcanzaría a aquellas personas que posean un mínimo de entre 2 y 3 millones de dólares. De concretarse, las estimaciones indican que serían 15 mil los argentinos que harían el aporte extraordinario.

Al frente de la iniciativa se ubican los diputados nacionales del Frente de Todos, Máximo Kirchner, Carlos Heller, Darío Martínez y Fernanda Vallejos. Esta semana incluso se reunieron los dos primeros con el Presidente y su equipo para analizar los pormenores del proyecto. La idea es presentarlo por mesa de entrada esta misma tarde, a más tardar a comienzos de la semana próxima. Según pudo saber La Tecla.info también colaboraron funcionarios bonaerenses del área de Economía y Arba en el armado del proyecto.

Al respecto, La Tecla.info habló con Darío Martínez, quien explicó que “la prioridad es el aislamiento y la cuarentena porque es lo único que está funcionando. Esto genera una demanda de recursos por sectores que va creciendo. Y esos recursos hay que ir a buscarlos. Por eso estamos proponiendo la idea de un impuesto a los patrimonios millonarios en dólares”.

Asimismo, el legislador aclaró que “esto no apunta a la clase media. Incluso lo contempla la Constitución, como empréstito forzoso para casos excepcionales como guerras y pandemias. Hay que avanzar con este tema. Y en el arco político, sea del color que sea, todos demandan más recursos y entienden que hace falta agrandar la torta. Y recordemos que es un país que viene de una crisis. Entonces podemos ir a buscar el acompañamiento a través de un tributo a los patrimonios millonarios en dólares, que no van a dejar de serlo por aportar”.

Sobre los detalles del proyecto, Martínez indicó que “estamos hablando de patrimonios por encima de 2 o 3 millones de dólares, con una alícuota progresiva. Alcanzaría a 15 mil o 30 mil habitantes, según el piso que se decida. Pero hay propuestas distintas, hacer un tributo directo, tipo bienes personales, o el que planteo yo, que tiene 3 patas: uno es la recaudación propia, otro un bono patriótico que se emita en este momento y que esté atado a indicadores del país, y otro tercio de inversión privada directa”.

Por último, el referente del peronismo neuquino señaló: “tengo contacto permanente con sectores empresarios importantes de mi región y creo que no hay duda en cuanto al espíritu de esta necesidad y de a qué sector se puede ir a buscar colaboración. Son muchos los que entienden esta situación. Estamos trabajando en conjunto, tenemos buenas propuestas. Hay que escuchar a todos los sectores y estar abierto a las modificaciones o aportes que quieran hacer, para enriquecer el proyecto. Y eso se hace con consenso”.

El PRO será un duro hueso de roer

Si bien la sociedad en general reaccionó de manera positiva a esta iniciativa e incluso desde distintos sectores políticos se manifestaron a favor de la medida, desde el espacio fundado por el expresidente Mauricio Macri están en contra de la medida. Por caso, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, expresó su enérgico rechazo a la propuesta. "en este momento el Estado tiene que poner dinero y no sacarlo. No coincidimos en que sea momento de aumentar impuestos; al revés, se deberían bajar, postergar servicios, postergar pagos. En este momento de excepcionalidad todo lo que significa aumento de impuestos es contrario a lo que se está haciendo en el mundo entero", enfatizó.

Al respecto, La Tecla.info se comunicó con el diputado nacional Hernán Berisso, quien remarcó que “acompaño la posición del bloque de Juntos por el Cambio, que tiene que ver con velar no solo por lo que está pasando ahora sino por lo que va a pasar una vez que termine esta pandemia. Los impuestos, en Argentina cuando se ponen por única vez, llegan para quedarse. Si con esto se quiere crear una dicotomía, con que le vamos a sacar a los ricos para darle a los pobres, me parece una pavada”.

En la misma sintonía, el legislador de Juntos por el Cambio afirmó que “en la época en que vivimos hay que preservar al que produce. Por eso estoy en contra de este impuesto de emergencia patriótica para la lucha contra el coronavirus. Para luchar contra el coronavirus el que tiene que poner mucha plata es el Estado y tiene que recortar mucho. Y eso no es culpa del gobierno que pasó ni del actual, es algo endémico que tenemos en nuestro país desde hace muchos años. Este impuesto es distorsivo para el que produce. Podemos hablar del que no produce. Pero al que produce lo vamos a necesitar y mucho cuando termine esto”.

Por último, Berisso sentenció: “Como está presentado hoy, estoy claramente en contra. No hay que sacarle al que produce para darle al Estado. También hay que discutir cómo se aplica y qué control va a haber sobre este dinero. Revisemos en los bienes incautados y lo que se han robado en todos estos años. El Estado es el que tiene que poner. Los privados ponen todo el año con los impuestos que se cobran. Si vamos a discutir sobre los bienes improductivos, podemos sentarnos a hablar. Pero nadie nos convocó del oficialismo”.

La izquierda tiene su propuesta

"El proyecto del oficialismo no lo conocemos porque no lo han presentado. Solo hay trascendidos dando vueltas. Sí te puedo hablar del que presentamos nosotros, que plantea una serie de gravámenes a los grandes patrimonios, que afectaría a 15 mil personas, los ricos de la Argentina. Eso por un lado, por otro, plantea un impuesto a las ganancias bancarias, en eso se diferencia de lo que conocemos por rumores del proyecto oficialista. Y también un impuesto a la vivienda ociosa. Todo esto abarca al 0, 03 % de la población del país”, apuntó a este medio el diputado nacional del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, Nicolás del Caño.

Asimismo, el legislador resaltó que “este proyecto plantea una asignación específica, para lo que se estima recaudar que sería entre 15 mil y 20 mil millones de dólares. Esto permitiría por ejemplo multiplicar el presupuesto que se destinó para la salud como refuerzo al combate del coronavirus. Multiplicarlo 13 veces y con eso poder comprar insumos y equipamientos médicos y sanitarios como respiradores, camas. Sería un impuesto extraordinario y por única vez”.

En tanto, Del Caño subrayó que “el planteo también apunta a otorgar un salario de cuarentena de 30 mil pesos para todos los trabajadores que no gocen de licencias pagas. Y también construir 100 mil viviendas en un año, que es otro de los problemas que tenemos. Estas son las diferencias claves entre nuestro proyecto y el del oficialismo. También planteamos el no pago de la deuda. Ellos estiman que van a recaudar casi 4 mil millones de dólares. En concepto de deuda, ya se pagaron 5 mil millones este año”.

Por último, el referente de izquierda disparó: “No podemos caer en la falsa dicotomía que nos planteó el Presidente Fernández, de que hay que elegir entre 100 mil muertos o millones de nuevos pobres. Se puede atacar los dos problemas. No con el impuesto aislado que propone el gobierno. Con nuestro proyecto sí. No conocemos el proyecto del oficialismo, por lo que es difícil manifestarse al respecto. Leí varias versiones, no sé cuál es la real. Pero en caso de que avance, hay que ver qué asignación específica tiene y qué tipo de control”.

El poroteo en tiempos de cuarentena

Para el oficialismo es clave establecer consensos, ya que tiene 119 legisladores y requerirá el respaldo de los interbloques provinciales, ante el rechazo que ya expresaron autoridades de de Juntos por el Cambio como la macrista Patricia Bullirch y el titular del radicalismo, Alfredo Cornejo.

En la misma línea, el diputado de la UCR José Cano dijo que “la salida económica es resolver problemas estructurales y no que el presidente Alberto Fernández escuche a dos o tres iluminados que plantean más impuestos a los sectores de la producción". Aunque aclaró: "Vamos a esperar a recibir el proyecto, porque Sergio Massa dijo que hasta ahora son borradores. El proyecto de impuesto Patria que circuló por los medios era un mamarracho".

Por su parte, el diputado nacional por La Pampa Martín Berhongaray, del radicalismo, coincidió "con que debe tributar de una manera diferenciada quien más tiene, pero con dos recaudos: el primero, que manda cuidar especialmente a las actividades más afectadas por la crisis económica; y, el segundo, cualquier nueva imposición debe respetar el marco normativo establecido". En tanto, el senador nacional Víctor Zimmermann, de la UCR chaqueña, consideró que "la Argentina ya tiene una presión tributaria muy alta, aunque esta es una situación excepcional".

Hasta el momento, los interbloques de Unidad Federal para el Desarrollo y la Equidad, que conduce el mendocino José Luis Ramón; y Unidad Federal, que preside Eduardo Bucca, manifestaron que esperarán a conocer la letra del proyecto antes de expresar su posición sobre la iniciativa..

En el Frente de Todos parece haber cierta unanimidad en que apoyarán la medida. En esa idea trabaja el el diputado nacional por Entre Ríos Marcelo Casaretto, que afirmó que está "de acuerdo con la creación de un impuesto extraordinario" para patrimonios de más de un millón de dólares. Mismo caso del legislador correntino Aldo Leiva, para quien "se trata de devolver una parte, que sería mínima y hasta casi simbólica, ante una situación de crisis económica global que impacta muy fuerte en nuestro país tras la hecatombe económica y financiera dejada por el nefasto gobierno de Mauricio Macri, donde no fue casualidad que algunos sectores obtuvieron riquezas mucho más que importantes".

Por el lado de los partidos provinciales, la diputada nacional Rosa Muñoz, de Chubut Somos Todos, afirmó que está "de acuerdo con la idea de que se grave con un impuesto extraordinario a los grandes capitales", pero dijo que tiene sus "dudas jurídicas", al tiempo que el senador nacional por la misma provincia, Alfredo Luenzo, del Frente de Todos, cree que "este es el cambio global que generó la pandemia, respecto a que no pueden existir en el mundo un puñado de ricos y millones de pobres". En tanto, el senador rionegrino Alberto Weretilneck reclamó que fuera "por única vez, con un destino específico y coparticipable".

CHUBUT

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El caso tiene como figura central La exdiputada y exministra de Familia Cecilia Torres Otarola, que será juzgada junto a seis imputados más por presuntos actos de corrupción relacionados al uso indebido de recursos públicos. La Fiscalía solicitará penas que incluyen prisión efectiva e inhabilitación para ocupar cargos públicos

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