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Viernes, 22 noviembre 2024
Argentina
22 de julio de 2020
CHUBUT

Más acomodos de familiares que no cumplirían funciones

Erica Perrone, esposa de Carlos Barbato, ex titular de Lotería e imputados ambos por la Justicia por enriquecimiento ilícito, tiene un cargo de Directora en la secretaría General de Gobierno con un sueldo superior a los $80 mil

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El escándalo de los “Ñoquis Calientes” de la exministra de Familia,Cecilia Torres Otarola, puso bajo la lupa la cantidad de “asesores” que figuran en las nóminas del Estado provincial y de los que no se puede determinar  si prestan o no servicios para el Estado. Todos con sueldos altos, sin necesidad de cumplimiento de horario,  ni tarea específica asignada.  

En este sentido, otra de las personas que figura en estas condiciones es Erica Griselda Perrone, la esposa de Carlos Barbato, el extitular de Lotería. Ambos fueron imputados por la Justicia, en enero pasado, por el delito de “enriquecimiento ilícito”. 

Carlos Alberto Barbato, ex titular de Lotería del Chubut defendido por Fabián Gabalachis, encuadra en la figura de enriquecimiento ilícito en calidad de autor. Por su parte, para su esposa Erica Perrone y Adrián Quinteros, sus conductas se encuadran en calidad de “interpósitas personas”.

Los fiscales de la causa, Omar Rodríguez y Alex Williams, sostienen que los ingresos de Barbato y de su grupo familiar, que no se condicen con los valores de los bienes adquiridos, una casa de dos plantas de Playa Unión valuada en casi 10 millones de pesos, además de automóviles de alta gama y cuatriciclos, entre otros vehículos. 



A pesar de la imputación, el Gobierno provincial, decidió mantener a Erica Perrone como asesora del Gabinete en la secretaría General de Gobierno con un sueldo superior a los $82 mil, según consta en los registros oficiales. Perrone ingresó a la administración pública en julio el año 2019. 

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El próximo lunes iniciará el juicio oral y público de la causa Ñoquis Calientes 

El caso tiene como figura central La exdiputada y exministra de Familia Cecilia Torres Otarola, que será juzgada junto a seis imputados más por presuntos actos de corrupción relacionados al uso indebido de recursos públicos. La Fiscalía solicitará penas que incluyen prisión efectiva e inhabilitación para ocupar cargos públicos

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