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2 de septiembre de 2020
JUJUY

Son esenciales, están sin recursos y ahora los quieren multar

El Gobierno provincial, decretó sancionar con multas y arresto a todo el personal de la salud pública y privada, que no siga las predisposiciones. Por su parte el abogado Quintar solicitará hábeas corpus. Mirá el Boletín Oficial.

Son esenciales, están sin recursos y ahora los quieren multar
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Tras la crítica situación que enfrentan los médicos y enfermeros, combatiendo el Covid-19, sin recursos y con mucho cansancio, ahora deberán combatir el decreto impuesto desde el Gobierno de Jujuy. A través del mismo,  se dispone: sancionar, multar e inhabilitar a todos los que sean convocados, tanto de los sectores públicos y privados, e incumplan con las medidas.

El decreto se llevó a cabo a través del Boletín Oficial N°104 publicado el 31 de agosto, donde en artículo 1°, se expresó:  “Al personal del sector público y/o privado que, integrando o afectado al sistema de salud público de la Provincia, cualquiera sea la situación de revista o el lugar donde cumpla funciones, que incurriere en incumplimientos a intimaciones, requerimientos y/o disposiciones de autoridad competente, que deriven en la falta de concurrencia o prestación efectiva de servicios en el destino que le sea asignado, conforme necesidad y/o urgencia, se le impondrá multas de pesos cuarenta mil ($ 40.000) hasta pesos un millón ($ 1.000.000), más accesorias de arresto y/o inhabilitación, cuando correspondiera, sin perjuicio de la aplicación del régimen previsto en el titulo Cuarto (4to) del Código Penal, y Código Contravencional.”

Además,  con respecto al cobro de las multas se decretó: “Facultase al Ministerio de Salud para el ejercicio de las atribuciones definidas por el Artículo 3º del Decreto Acuerdo Nº 741-G”.

Por su parte, el abogado Luciano Quintar, en una entrevista a un medio local de Jujuy, expresó el repudio de la medida y más en estos momentos donde el personal de la salud está en situación crítica. Al respecto dijo que frente a esta medida, sólo cabe solicitar  un hábeas corpus, “porque el gobernador se está arrogando facultades del Código Penal cuando no hay un delito”.



 

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