La Tecla Patagonia
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Entre los elementos secuestrados en su momento se encontraba el prontuario policial del ex presidente radical Hipólito Yrigoyen con 122 fojas de actuaciones y una reseña de sus actividades entre los años 1906 a 1910. Además una carta escrita por el general José de San Martín, fechada el 26 de diciembre de 1835, y dirigida al prócer chileno Bernardo O’Higgins.
La fiscal Alejandra Mángano había impulsado la investigación. En 2019 Bonadio había indagado a Fernández de Kirchner por el robo de los documentos históricos y la vicepresidente negó el hecho.
Cuando firmó el procesamiento por el delito de encubrimiento Bonadio había señalado que la ex presidente conocía la procedencia de estos documentos históricos y no lo denunció. “No es factible concebir que la Dra. Cristina Fernández de Kirchner, abogada, ex diputada, senadora nacional y ex presidenta del país por dos períodos, desconociera que tenía en sus manos dos instrumentos de trascendental relevancia histórica que, como tales, constituyen patrimonio cultural de la Argentina o de la República de Chile”. Y agregó: “Alguien no identificado sustrajo dichos elementos y la encausada los receptó, manteniéndolos en su poder hasta ser habidos por la policía”.
Cuando la defensa apeló el procesamiento argumentó que –tal como se había publicado en el libro Sinceramente-: la carta de San Martín se la había regalado el presidente de Rusia Vladimir Putin. En tanto el prontuario de Yrigoyen había sido -según explicó la ex presidente- un regalo de un allegado a un cura del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo,
En mayo de 2019, la Cámara Federal resolvió confirmar el fallo, pero por otro delito. Los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia: sostuvieron que no había certezas de que los documentos hubieran sido robados.
Cuando la Cámara devolvió el caso a Bonadio, el juez inició el proceso para mandar la causa a juicio oral y público. Ante esa situación la fiscal Mángano solicitó que se hicieran algunas medidas de prueba debido a la nueva calificación establecida por la Cámara.
Para la fiscal quedó claro que Fernández de Kirchner no obtuvo los objetos de mala fe. Fue así que postuló el sobreseimiento de la vicepresidente de la Nación. Consideró que la acusación por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público había prescripto. Ante la propuesta de la fiscal, el juez Martínez De Giorgi dictó el sobreseimiento de Fernández de Kirchner en junio pasado y ahora ordenó restituir los bienes en cuestión.