El Consejo de la Magistratura de Tercera Circunscripción Judicial decidió remover de su cargo a la magistrada de El Bolsón, Erika Fontela, luego de varias denuncias por maltrato y mal desempeño de la función. En un fallo por mayoría, 6 consejeros optaron por la destitución mientras que dos eligieron la suspensión por 60 días.
Además, por mayoría el Consejo de la Magistratura la inhabilitó por 5 años para ocupar otro cargo judicial y le impuso las costas del proceso del juicio político.
Según expresaron en el dictamen, “se fue desgastando la relación de la doctora Fontela con parte del personal del organismo a su cargo, en virtud de distintos episodios, y cómo ello afectó al resto de los integrantes que eran testigos directos del malestar de sus compañeros, al punto de ocasionar una atmósfera laboral tensa entre los agentes del Juzgado”.
En el mismo texto se establece que “de las declaraciones testimoniales producidas en el debate se desprende que el ambiente enrarecido del organismo se originó en conductas de la propia magistrada y no, como pretendió mostrar la Defensa, por inconvenientes o dificultades estructurales y funcionales ajenos a ella. A este respecto, la Jueza debió mantener la templanza actuando con la prudencia y el decoro del cargo que ostenta y no acudir a medios de agresión verbal, elevando el tono de voz o utilizando términos descalificativos tanto personales como profesionales".
Cabe señalar que durante el proceso de probaron situaciones de maltrato que se sostuvieron en el tiempo y que generaron diversos pedidos de licencia prolongadas por enfermedad, la renuncia de una empleada, el pedido de traslado y tratamientos psicológicos y psiquiátricos de algunos empelados, con diagnósticos de estrés graves y estado de tensión crónico, compatibles con climas de violencia laboral, según los especialistas de la psicología.
Asimismo, el fallo sostiene que “la conducta esperada de una magistrada y la forma en que debe dirigirse hacia otra persona, sin que sea relevante el tono o el modo jocoso con el cual se expresó y siendo evidente que esas palabras configuran humillación y maltrato e impactaron en el ánimo y salud de la persona a la cual va dirigido”.
"Ha quedado evidenciado de los elementos probatorios expuestos en el debate, que la jueza ha desarrollado un comportamiento ético-jurídico manifiestamente abusivo, humillante y autoritario, que degradó la convivencia interna en el organismo, situación que pone de manifiesto una falta de idoneidad en el manejo del recurso humano”, resalta el documento.
El voto mayoritario fue sostenido por el juez Ricardo Apcarián, los representantes del colegio de Abogados Silvio Raúl Barriga, Claudia López y Erica Alday y los legisladores Lucas Pica y Julia Fernández. En cambio, el juez Jorge Serra y el legislador provincial del Frente de Todos Marcelo Mango votaron por aplicarle una suspensión de 60 días, sin goce de haberes.
El juicio se desarrolló durante cuatro jornadas, tres con alegatos de apertura y testigos, de manera presencial, y una cuarta con los alegatos de clausura, de manera remota. El Procurador Jorge Crespo pidió la destitución y el defensor Rodrigo solicitó la absolución y, subsidiariamente, una suspensión por un mes. |
