Tras la aprobación del cupo laboral trans en el Congreso, legisladores de la oposición en Chubut y Río negro salieron a apurar proyectos de ley sancionados, pero nunca reglamentados. Piden aceleración a medidas que pueden salvar vidas de personas travestis, trans y transgéneros

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La aprobación del Cupo Laboral Trans en el Congreso de la Nación, abrió una polémica en Río Negro y Chubut, que al igual que otras provincias ya se habían adelantado a lanzar alguna normativa que contemple la inclusión de las personas travestis, trans y transgéneros a puestos del Estado. En la provincia de Chubut hubo una ley aprobada al respecto en 2018, pero sigue sin reglamentarse, en tanto en Río Negro, la situación es muy similar y alentó el apuro del Bloque del Frente de Todos.

La primera movida nació de los diputados radicales de Chubut Manuel Pagliaroni y María Andrea Aguilera, quienes presentaron un proyecto de ley para que se garantice la inclusión laboral de este sector y además, se asegure a travestis y transexuales un cupo en la entrega de viviendas por parte del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPV). Los legisladores informaron que la iniciativa surgió en respuesta “a un reclamo del colectivo, y tras una reunión en la Comisión de Género y Derechos Humanos de la Legislatura”.

Los legisladores pusieron énfasis en el hecho de que la ley Ley I N° 621, aprobada en mayo de 2018 y que establece un cupo del 0,5% del personal del sector público provincial para el colectivo trans, “nunca fue reglamentada por el Poder Ejecutivo Provincial, pese a que se había establecido un plazo de 60 días para ello”.

El proyecto de ley reseñó la situación laboral del colectivo trans, marcada por la falta de oportunidades que han llevado a que la expectativa de supervivencia de las personas no supere los 40 años, según estudios recientes realizados por organizaciones no gubernamentales.

“Es la disparidad que se produce en el mundo laboral la que establece condiciones imposibles para el colectivo trans y travesti para subsistir en términos socioeconómicos”, dijeron los legisladores en el proyecto.

En tanto, la decisión de apurar al gobierno de Arabela Carreras para que la normativa finalmente se ponga en funcionamiento, fue encabezado por el bloque del Frente de Todos. En diálogo con La Tecla Patagonia, el diputado provincial del Fdt, Ramón Chiocconi, puso en evidencia que a más de 60 días de un pedido de informe, todavía no hay una respuesta clara.

“Estamos repitiendo un pedido de informe. Hicimos dos veces. Cuando se hace un pedido, hay 30 días para contestarlo. Si ellos lo justifican, hay 30 días más de prórroga que muchas veces lo asumen como automática”, dijo el legislador y cerró: “Ya pasaron más de 60 días y yo sigo insistiendo para que contesten algo”.

RIO NEGRO

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