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Sábado, 23 noviembre 2024
Argentina
29 de febrero de 2024
CHUBUT

La Justicia declaró como ilegal los aumentos tributarios en Lago Puelo

El Superior Tribunal de Justicia de Chubut sentenció como nula la ordenanza municipal que establecía incrementos de impuestos, tasas y otros ingresos municipales, ya que no se aprobó por la mayoría del Concejo Deliberante que se requiere por Ley

La Justicia declaró como ilegal los aumentos tributarios en Lago Puelo
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El Tribunal Superior de Justicia de Chubut declaró la nulidad de la Ordenanza 52/2023 en la Municipalidad de Lago Puelo. Esta ordenanza, que incluía un significativo aumento de impuestos y otros ajustes fiscales para el ejercicio 2024, fue aprobada sin seguir el debido procedimiento establecido por la Carta Orgánica Municipal. La denuncia realizada por la Concejal Cristina Jara ha sido acogida por el tribunal, marcando un hito en la resolución de este conflicto de poderes.

La Ordenanza 52/2023, que contemplaba el Proyecto de Ordenanza General Impositiva para el Ejercicio 2024 en la Municipalidad de Lago Puelo, fue objeto desde su aprobación. Este proyecto, que incluía un "Anexo I" con importantes aumentos de impuestos, tasas y otros ingresos, así como disposiciones sobre exenciones tributarias y ajustes en los precios de los combustibles, fue cuestionado por la Concejal Cristina Jara.

La edil denunció que la aprobación de la ordenanza se realizó sin cumplir con los procedimientos establecidos por la Carta Orgánica Municipal. Según su reclamo, el proyecto fue aprobado por una mayoría simple de concejales, cuando se requería una mayoría especial según lo establecido por ley. Además, el Presidente del Concejo, el Vice Intendente, dio por sancionado el proyecto y fue promulgado como Ordenanza Municipal sin seguir el debido proceso.

El Tribunal Superior de Justicia de Chubut, tras analizar la denuncia de Jara, declaró la nulidad de la Ordenanza 52/2023. El tribunal concluyó que la aprobación de la ordenanza fue realizada de manera ilegítima y violatoria de las normas legales vigentes. Esta decisión marca un precedente importante en la resolución de conflictos de poderes municipales y en la defensa del cumplimiento de la ley en la administración pública.

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