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10 de mayo de 2024
ECONOMIA

Entre “competencia desleal” y desarrollo productivo, el RIGI divide las aguas

Dentro del proyecto de la Ley Bases aparece la intención de poner en marcha el Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones, que plantea beneficios impositivos en números superiores a los US$200 millones. La Tecla Patagonia consultó a dos economistas para conocer acerca de su impacto

Entre “competencia desleal” y desarrollo productivo, el RIGI divide las aguas
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El proyecto de Ley Bases para la libertad de los argentinos, tal como lo ha denominado el Gobierno nacional, ya tiene media sanción en la Cámara de Diputados.

Sin embargo, durante los últimos días y tras el debate en comisiones que llevaron adelante los representantes del Senado de la Nación, creció la posibilidad de que el proyecto de ley, en el cual se aprobaron cada uno de sus artículos en particular, presente modificaciones y, en ese caso, la iniciativa impulsada por el presidente Milei deberá volver a discutirse en la Cámara baja.

Uno de los capítulos de la Ley Bases que tendría algunas modificaciones es la implementación del Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI), el cual plantea beneficios impositivos en números superiores a los US$200 millones.

Dicha iniciativa impulsada por el Ejecutivo nacional genera rechazo por parte de la industria nacional de modo tal que, así como está planteada, generaría una competencia “desleal”.

La Tecla Patagonia consultó a dos economistas para conocer con mayor profundidad acerca del RIGI y cómo podría impactar en las industrias fuertes de la Patagonia.

“Creo que entre los economistas estamos de acuerdo con que Argentina necesita un golpe de inversiones extranjeras fuerte, fundamentalmente por la incapacidad de sectores locales de generarlas porque son de enorme magnitud. Estamos hablando de valores por encima de los US$200 millones, con lo cual no hay competencia con el ámbito nacional. El país no está discutiendo para ver quién hace una inversión más grande, es o viene una desde afuera o no sucede. Es decir, no se da tanto una tensión desde el lado de quién la ofrece, no es una disputa entre ofertas. Lo que está pasando es que la oferta es rígida en industrias como la energética o la minera, las cuales ya tienen determinado cómo producir en ciertas características. O sea, hay que pensar en términos de demanda de inversiones: o vienen a Argentina o van a Bolivia, Chile u otras naciones”, expresó en primer lugar el economista de la consultora Equilibra, Gonzalo Carrera.

En ese sentido indicó: “Argentina, teniendo en cuenta el historial de inestabilidad macroeconómica y la mayor presión fiscal en términos generales, posee una dificultad para traer inversiones desde afuera. También hay otras ventajas, como por ejemplo el stock de recursos naturales específicos. La realidad es que, si existe una traba para remitir utilidades al exterior de inversiones, es difícil pedir que alguien traiga plata si no puede obtener su rentabilidad. Todo eso hace que el país necesite algún tipo de promoción adicional, beneficio extra y alguna certeza a las empresas extranjeras de que van a tener ganancias”.

Y continuó: “Como espíritu general creo que era necesario algún tipo de incentivo adicional, fundamentalmente para industrias como la minera y la energética, teniendo en cuenta que no hay actores locales que puedan hacer semejante inversión. Creo que hay una discusión que tiene que ver con que debe haber un vínculo entre lo público y lo privado, y las empresas del exterior deben jugar un rol en esto”.

Por otro lado, el economista manifestó en intercambio con LTP: “El espíritu es correcto en términos de tener un golpe de inversiones en estas áreas, lo cual permitirá exportar más y mejores salarios en dichas industrias. Está comprobado que mencionados sectores tienen índices importantes en relación a creación de empleo privado. Sin embargo, la tensión está en cuántos beneficios hay que darle a las compañías y cuánto derrame puede generar una inversión, es decir, no es tan lineal la cuestión. Los beneficios son discutibles y falta un poco más de orientación al respecto”.

En la misma línea comentó: “Tengo la sensación de que hay beneficios fiscales y beneficios cambiarios. Los primeros tienen que ver con reducciones impositivas, y siento que son en los que se puede ceder un poco. Si comparas con otros países, tiene cierto sentido que ofrezcas venir a la Argentina en caso de reducir los impuestos. En relación a los segundos, lo veo algo más problemático, porque uno de ellos marca la excepción de liquidar en el mercado oficial las exportaciones que se hagan a través del régimen MULC, y siento que es donde más necesitamos que las empresas que exportan liquiden así el Banco Central compra dólares, acumula reservas y permite estabilizar la macro”.

Además declaró en intercambio con este medio: “El otro aspecto que considero está en el debe tiene que ver con los no incentivos con los proveedores locales, algo que no parece estar en la agenda del Gobierno. En los beneficios, se les permite determinadas cosas a las empresas que fueron motivo de crítica de los industriales. De golpe, las compañías que vengan desde el exterior podrán mediante el RIGI atraer importaciones sin aranceles y, quizá, de vienes usados. Se podría haber incentivado a que se desarrollen proveedores de nuestro país”.

Finalmente, Carrera le dijo a La Tecla Patagonia: “En síntesis puede haber un shock de inversiones importante, siento que el esquema está armado para eso. Es una ley muy a modelo de las empresas que pueden manejar números altos. Puede servir para potenciar Vaca Muerta, para desarrollar infraestructura vinculada a la minería y a la energía y puede potenciar la diversificación de importaciones a través de distintos tipos de productos”.

La Tecla Patagonia se contactó también con el economista Rafael Flores, quien consideró al respecto: “En términos generales, la Ley de Bases, en lo que tiene que ver con promoción de grandes inversiones, va a generar un impacto en aquellas industrias que se caracterizan por inversiones de capital, particularmente industrias relacionadas con los hidrocarburos y la minería, las cuales son fuertes en la región”.

En ese sentido manifestó: “El problema es que no se tiene en cuenta la obligación de que haya proveedores locales para estas inversiones, por lo cual se desperdicia la posibilidad de que pequeñas empresas de la zona empiecen a crecer a partir de la relación que puedan establecer con las grandes compañías que lleven adelante dichas inversiones. Uno de los puntos más interesantes del proceso es el encadenamiento productivo donde se pueden insertar empresas de la región, y esto específicamente no está contemplado en el proyecto de ley”.

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