Senadora sureña apuntó contra el Ministerio de Capital Humano por las contrataciones tercerizadas
Silvina García Larraburu acusó que la cartera de cargo de Sandra Pettovello incurre una maniobra poco transparente al emplear funcionarios mediante convenios con organismos internacionales, que representa un "despilfarro de recursos públicos", en un contexto de despidos masivos en el Estado
La senadora García Larraburu arrojó fuertes críticas al Ministerio de Capital Humano debido a la contratación de funcionarios a través de organismos internacionales, mientras se realizan despidos en otras áreas del Estado. Larraburu denunció que esta práctica dificulta la transparencia en la administración pública.
Según la senadora, la dependencia a cargo de Sandra Pettovello mantiene a muchos de sus trabajadores bajo un método de contratación poco claro. Mediante un convenio, el ministerio transfiere fondos a un organismo internacional para que sea este, y no el Estado, quien contrate temporalmente a un grupo significativo de funcionarios que trabajan en la cartera.
Para implementar este mecanismo, el Estado realizó dos desembolsos significativos: uno de 645 millones de pesos y otro de 395 millones de pesos, destinados al pago de haberes de estos funcionarios. El convenio con la Organización de Estados Interamericanos (OEI) permite la contratación de profesionales externos para proyectos específicos, principalmente en las áreas de educación y cultura.
Larraburu señaló que aunque esta forma de contratación no es ilegal, muchos de los contratados son en realidad empleados del ministerio, quienes facturan a la OEI como monotributistas. Esto significa que personal que desempeña funciones diarias en el ministerio es contratado externamente, lo que incluye el pago de una comisión a la OEI por cada contrato, representando un posible mal uso de los recursos públicos.
Además, mencionó que algunos funcionarios cobran a través de este sistema mientras esperan su nombramiento oficial, recibiendo posteriormente el retroactivo cuando se efectiviza su cargo.
La senadora concluyó que estas prácticas ponen en cuestión la eficiencia y transparencia del gasto público, destacando una aparente contradicción en la política de reducción del tamaño del Estado mientras se incrementan los costos mediante contrataciones indirectas.