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La Tecla Patagonia
Redacción
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Santa Cruz: licencias a la venta
Un escándalo explotó hace días en Río Gallegos luego de que la secretaria de Gobierno de la Municipalidad, Sara Delgado denunciara venta de carnets de conducir de manera ilegal en una presunta unidad del partido SER. Cómo funcionaba la sociedad ilícita y cuál es la postura del Ejecutivo provincial al respecto
El vínculo político entre el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, y el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, lejos está de encontrarse en los mejores términos a raíz de diversas denuncias de índole penal que enfrentaron a ambos ejecutivos desde el 10 de diciembre del año pasado.
En este contexto, un nuevo escándalo explotó hace días en la capital de Santa Cruz luego de que la secretaria de Gobierno de la Municipalidad, Sara Delgado se presentara ante la Fiscalía número 1 para denunciar venta de licencias de conducir, cuyo acto ilícito se habría cometido en un presunto local partidario de la agrupación política SER, la cual fue fundada hace cinco años por el propio Vidal. La unidad no solamente tiene el logo del espacio, sino también la leyenda “José Daniel Álvarez intendente 2023”, quien hoy se desempeña como jefe de Gabinete en el equipo de trabajo del Gobernador.
Quienes llevaban a cabo dicho delito lo hacían en la presunta unidad política de la agrupación SER, donde se les otorgaba a las personas la aprobación de los exámenes tanto teórico como práctico y toda la documentación correspondiente por un costo que oscilaba entre $180.000 y $300.000, para luego poder retirar las licencias de conducir obtenidas bajo esta modalidad en la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Río Gallegos.
Con lo cual, hubo implicancia en estos actos ilícitos por parte de dicha área dependiente del Municipio que conduce Grasso, de modo tal que la documentación que presentaban las personas que compraban los carnets contaban con los avales de distintos funcionarios.
Sobre esta línea, La Tecla Patagonia entrevistó a la funcionaria Sara Delgado para conocer todos los detalles acerca de la denuncia que realizó ante la Justicia por venta de carnets de conducir.
“Es como un rumor urbano que en el Municipio se venden carnets, y no solamente pasa en Río Gallegos. Cuando asumí en la Secretaría de Gobierno empecé a tratar de tirar de ese hilo, en algún momento di con alguien que a través de WhatsApp tuvo un ofrecimiento pero bueno, nunca pude avanzar sobre esa línea hasta que logro dar con una persona que me dijo que le habían ofrecido una licencia. Cuando miro los papeles que le dieron, veo que en realidad el documento no era trucho, de hecho tenía el sello y la firma de una funcionaria. A partir de eso, decidí presentar la denuncia ante la Fiscalía”, señaló Delgado a propósito del hecho que motivó su posterior acusación.
Sobre esa línea agregó: “¿Cómo funcionaba esto? La gente que manejaba todo te hacía la aprobación de los exámenes tanto teórico como práctico, con esos avales ibas a la Dirección de Tránsito y ahí te brindaban el carnet. Por lo tanto la licencia es legal, no trucha. En paralelo a la denuncia que realicé ante la Fiscalía, decidí convocar de urgencia a todos los trabajadores de las cooperativas. Yo me había manejado en absoluto secreto con respecto a este tema, solamente lo sabía el intendente Pablo Grasso. En la reunión les manifesté que ellos se preocupaban porque todo funcione de manera correcta y había dos o tres vivos vendiendo las licencias”.
Por otro lado, Sara Delgado declaró en intercambio con LTP: “La persona que fue a hacer el carnet en una básica pagó $180.000 porque quería el común, porque en el caso de querer el profesional estamos hablando de un valor superior a los $300.000. El día que realicé la denuncia se hizo un allanamiento en el lugar en el cual se cometían estos actos. Sé que es positivo el resultado y entiendo que encontraron incluso sellos de médicos. No puedo entrar en detalles porque prefiero que eso lo maneje la Justicia, pero sé que también se secuestraron teléfonos y registros. Ahora vamos a conocer cómo operaban las personas responsables, pero era una verdadera red. Yo estoy realizando cambios en el área de Tránsito para poder ordenar las cosas. No te digo que acá se termina todo, porque para que sucedan estas cosas tiene que haber gente dispuesta a pagar por un carnet”.
Acerca de las vinculaciones políticas en relación a este tema consideró: “Acá hay dos cosas. Por un lado, la unidad básica de Claudio Vidal, ya que la misma es del jefe de Gabinete de su Gobierno, quien también fue candidato a intendente de Río Gallegos en las elecciones del año pasado. El silenciamiento por parte de los medios de comunicación es impresionante. Pero a mí eso es lo que menos me importa, lo que más me interesa es lo que pasó en Tránsito ya que depende de la gestión del Intendente. Estamos poniendo a manejar en la calle a personas que si no pagasen por una licencia no podrían hacerlo”.
Consultada por este medio sobre la reacción del Jefe Comunal indicó: “Es un tipo que te deja hacer y tomar tus decisiones; tener tus aciertos y poder equivocarte. Yo le expresé a Pablo (Grasso) lo que estaba viendo y conté con su total apoyo. Es decir, con autonomía pero con todo el respaldo. Acá hay mucha gente que busca trabajo, quizá personas que por ejemplo pretenden desempeñarse como camioneros y no tienen un carnet que les permita manejar ese tipo de vehículos, con lo cual una trata de dar una mano en la medida de lo posible, pero vender carnets no, eso nunca pasó acá dentro”.
Además, la secretaria de Gobierno de Río Gallegos manifestó: “La persona que pagó $180.000 por una licencia, y eso está plasmado en la denuncia, me dijo que cuando fue a la unidad a buscar los papeles firmados vio más de 35 folios, los cuales representan entre cinco y seis millones de pesos. ¿Quién se está quedando con esa plata? Si vos vas al lugar te das cuenta que la gente que vive ahí no tiene un nivel de vida acorde a esos números. ¿Entonces para quién trabaja esa gente? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer”.
Consultada por la implicancia en el ilícito de la Dirección de Tránsito, Delgado comentó: “Es muy obvio, cuando llegan los papeles de la persona que vino de la básica veo la firma de una funcionaria del área. Después incluso de los allanamientos, yo hablé con esta mujer y me dijo que sí había firmado. Lo concreto es que las licencias salían del organismo luego de que la gente presentaba los documentos correspondientes y con firmas nuestras. Es decir, hay alguien que se está quedando con plata, hablamos de gente que tiene que pagar un examen porque si viene a hacerlo acá no lo pasa, y por eso lo hace por afuera”.
Ante la consulta de La Tecla Patagonia por si hubo charlas al respecto con el Ejecutivo provincial, la funcionaria señaló: “No tenemos ninguna comunicación con el Gobierno. En ocho/nueve meses, el mandatario no recibió al intendente de la Capital. Ante su falta de gestión y de políticas públicas, ellos construyen un enemigo político y ese es Pablo Grasso. En esta situación en particular, el silencio es absoluto. Ni siquiera salieron a desmentir que fuera una unidad básica. De hecho cuando la DDI hizo los allanamientos no hubo patrulleros para que no se enteraran los vecinos”.
Finalmente y en relación a cómo sigue la causa, Delgado concluyó: “Ahora me estoy constituyendo como querellante en la denuncia presentada para tener acceso al expediente. También sale como querellante el secretario legal y técnico Gonzalo Chute”.
La postura del Gobierno de la Provincia
La Tecla Patagonia consultó a fuentes del Ejecutivo que conduce Claudio Vidal con el fin de conocer la otra campana de la denuncia realizada por Sara Delgado.
“El local del que se habla no es una unidad activa del espacio. No tenemos ninguna posición que tomar, es un hecho supuestamente delictivo. Si hay alguna persona sospechada que sea encontrada culpable se la tendrá que sancionar. Deberá actuar la Justicia, investigar el hecho y los posibles responsables”, le comentaron desde el Gobierno provincial a este medio.
“Que en la denuncia pública algunos funcionarios municipales hayan vinculado el local de SER con la leyenda de José Daniel Álvarez es un despropósito absoluto, carece de toda seriedad y no merece siquiera importancia. Si hay alguien en la clase política que es reconocido por ser intachable es Álvarez. Seguramente tengan que mirar hacia el Municipio porque en general ese tipo de casos suelen tener como protagonistas a personas que tienen acceso a documentación fidedigna”, agregó la misma fuente en intercambio con LTP.
Finalmente y consultado por si hubo alguna comunicación por parte de la Provincia con las autoridades de la municipalidad de Río Gallegos en relación a este tema, dicha fuente manifestó: “No tenemos nada que hacer porque es un hecho que debe investigar la Justicia. Como sucedió en el ámbito municipal no podemos hacernos eco de la denuncia”.