22 de agosto de 2024
CHUBUT
Rechazaron la suspensión de juicio a prueba para los imputados por los destrozos en la protesta antiminera
La fiscal general jefe Florencia Gómez solicitó que los acusados de los incidentes de diciembre de 2021 sean sometidos a juicio oral y público, argumentando la gravedad de los hechos y el impacto en la comunidad. La jueza decidirá el próximo 26 de agosto si el caso avanzará a juicio.
En el marco del inicio del debate por los incendios, daños y desmanes antimineros ocurridos en diciembre de 2021 en Rawson, Chubut, la fiscal general jefe de Rawson, Florencia Gómez, reiteró su oposición a la "suspensión de juicio a prueba" para los imputados. La fiscal solicitó que sean sometidos a un juicio oral y público debido a la gravedad de los hechos, que incluyeron la afectación de bienes públicos y generaron temor en la población.
Durante la audiencia, con la mayoría de los imputados presentes, Gómez argumentó que el interés público prevalente y el impacto de los incidentes hacen necesario el juicio, citando precedentes similares resueltos por el Superior Tribunal de Justicia, como el caso de Matías Schierloh, quien fue condenado por incendios durante una protesta docente. La Fiscalía de Estado, en representación del gobierno provincial, también se opuso a la suspensión del juicio.
La defensa, representada por los abogados Pablo Sánchez y Miguel Moyano, insistió en la aplicación de la suspensión de juicio a prueba, ofreciendo diversas reparaciones por parte de los imputados. Entre las propuestas destacadas, se incluyó la donación de dinero para reparar edificios públicos o entidades de bien público y la realización de trabajo comunitario.
El caso de Lurdes Ariadna Nicole Molina Leguiza, imputada por daño agravado, ofreció la donación de seis bolsones de fideos y dos años de prisión en suspenso. Brian Osvaldo Díaz, acusado de daños en el Superior Tribunal de Justicia y la Fiscalía de Rawson, ofreció una reparación de 250.000 pesos. Gastón Velázquez, imputado por daño y hurto agravados, propuso una reparación de 200.000 pesos. Lucas Alexis Espinoza Andrade, acusado de dañar un vehículo policial, ofreció 200 horas de trabajo comunitario. Por último, Nicolás Alejandro Díaz, imputado por hurto agravado, ofreció 100 horas de trabajo comunitario.
Gómez subrayó que la gravedad de los hechos, que involucraron ataques a múltiples edificios públicos, incluyendo la Casa de Gobierno, la Legislatura Provincial, y el Superior Tribunal de Justicia, entre otros, justifica la necesidad de un juicio oral. La fiscal destacó que estos actos fueron perpetrados por "grupos minúsculos mezclados entre quienes se manifestaban legítimamente" y que no encontraron resistencia.
La jueza de garantías María Laura Martini decidirá el próximo lunes 26 de agosto si el caso será llevado a juicio oral. Gómez advirtió que no realizar el juicio podría aumentar el sentimiento de inseguridad en la comunidad y la insatisfacción social con las soluciones alternativas. También recordó que, según la jurisprudencia, la decisión sobre la necesidad de un juicio en casos de interés público corresponde al fiscal, no al juez.