30 de octubre de 2024
RIO NEGRO
Techo Digno: postergaron la definición para el exintendente de Bariloche
Si bien primero se había establecido un cuarto intermedio de 48 horas para decidir sobre el pedido de sobreseimiento a Gustavo Genusso en una causa que investiga el manejo irregular de fondos para construir viviendas, el juez Marcelo Álvarez Melinger aplazó la resolución para la semana que viene
El caso judicial que enfrenta el exintendente de Bariloche, Gustavo Gennuso, por el presunto desvío de fondos asignados a la construcción de viviendas del plan Techo Digno, deberá esperar unos días más para una resolución clave. Luego de una audiencia en la que se debatió sobre la modalidad de las sesiones y los argumentos de ambas partes, el juez Marcelo Álvarez Melinger decidió extender el cuarto intermedio hasta el próximo 7 de noviembre.
En esa fecha, se definirá si se acepta el pedido de sobreseimiento presentado por la defensa de Gennuso o si se habilita el control de acusación que permitiría a la fiscalía avanzar hacia un juicio.
El fiscal jefe, Martín Lozada, planteó su objeción a la modalidad virtual de la audiencia de este miércoles, realizada a través de Zoom, al considerar que no se justificaba en este caso. Lozada argumentó que la modalidad remota debería reservarse para situaciones excepcionales, dado que la única persona fuera de Bariloche era el abogado defensor Juan Manuel Maza. Finalmente, el juez accedió a su solicitud de que las futuras audiencias se realicen de forma presencial.
A la espera de la audiencia definitiva, la defensa de Gennuso mantuvo su postura de que la maniobra cuestionada fue ejecutada por funcionarios de tesorería, y no directamente por el exintendente. Además, argumentaron que los fondos en cuestión nunca abandonaron el ámbito municipal y que el total de las viviendas fue entregado.
Por su parte, la fiscalía sostiene que Gennuso trasladó 105 millones de pesos de una cuenta específica del Banco Nación a otra en el Banco Credicoop, y que constituyó varios plazos fijos con esos fondos, generando un perjuicio en la administración pública que Lozada calificó como peculado.