Dos integrantes de la comunidad que desde hace años están en conflicto con la familia Salamida por la posesión de un lote en el cerro Belvedere, habían sido acusados de turbación de la posesión, tentativa de robo y amenazas por hechos ocurridos en 2024. El juez Eduardo Egea descartó las acusaciones

Sobreseyeron a miembros de la comunidad Paichil Antriao acusados de “terrorismo mapuche”

La justicia neuquina sobreseyó a dos integrantes de la comunidad mapuche Paichil Antriao, que habían sido acusados de turbación de la posesión, tentativa de robo y amenazas por hechos ocurridos el 3 de febrero de 2024, en un campo del cerro Belvedere, donde hay un conflicto histórico entre la familia Salamida y la comunidad.

Se trata de Damián Olivero, werken y lonco de la comunidad, y Dora Jovita Calfupán, que durante el juicio habían sido acusados también por la defensa de “terrorismo mapuche”, un agravante establecido en el artículo 41 quinquies del Código Penal, que se incorporó por la Ley Antiterrorista 26.734.

La acusación fue formulada por el ingeniero Hugo Farmentano, representado en el juicio por el abogado Hugo Petorosso, quien el 3 de febrero de 2024 se acercó al predio de la familia Salamida, junto a otras personas, y mantuvo una tensa discusión con Olivero, que a bordo de una motocicleta había irrumpido en la propiedad privada. Según la denuncia, la discusión escaló y hubo un forcejeo en el que Olivero, de manera violenta, le arrebató el celular al ingeniero.

Durante el proceso judicial, el abogado defensor Luis Virgilio Sánchez, cuestionó duramente el accionar del Ministerio Público Fiscal y de los querellantes. En su alegato, sostuvo que los acusados “no cometieron el delito que aquí se les enrostra, sino que además han sido ellos las víctimas de aquellos acontecimientos” porque fueron los ingenieros quienes irrumpieron en las tierras que están en posesión de la comunidad para delimitar el perímetro donde pensaban implantar una actividad con fines comerciales.

En su veredicto conocido ayer, el juez de garantías, Eduardo Egea, descartó la teoría del “terrorismo mapuche” y sostuvo que no hubo desapoderamiento del celular de Farmentano.

“El teléfono nunca salió de la esfera de custodia de su dueño”, sostuvo el magistrado y consideró que “no estamos ante un hecho de terrorismo, sino frente a un conflicto social y territorial”.

Además, sostuvo que “las mujeres de la comunidad no llegaron en auto. Estaban en sus casas, sus rucas. Fue ahí donde se encontraron con los ingenieros”, por lo que la presencia de los integrantes de la comunidad en la “parte de arriba” del lote no implicó turbación de la posesión.

El juez también le bajó el tono a la denuncia de amenazas. “Calfupán le dijo que si sacaba las cosas lo iba a cagar a trompadas. Pero hay que distinguir entre una amenaza penal y una amenaza en el marco de una disputa social”, dijo Egea, que comparó la frase con una expresión típica de un partido de fútbol, cuando un jugador de fútbol amenaza a un árbitro.
También consideró que "hay que distinguir entre una amenaza de una situación social conflictiva a una amenaza en término de relevancia penal".

En el cerro Belvedere, en la zona conocida como Pichi Mahuida, conviven desde hace décadas la familia Salamida (en la zona sur) y la comunidad Pachil Antriao, en la zona norte del Lote 9 que está en disputa y forma parte de un largo litigio sobre el reconocimiento territorial indígena, que aún no tiene resolución definitiva.

Durante el juicio, la defensa presentó pruebas y testimonios que demostraron que quienes se presentaron como víctimas no tenían títulos válidos sobre las tierras en cuestión, ni vínculos reales con el territorio. De hecho, se presentó como prueba un documento de 2005, aportado por la familia Salamida, donde quedó constancia de que José Salamida padre habría donado el terreno. Pero, según la defensa, el hombre ya había fallecido cuando se firmó ese primer testimonio de la escritura.

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