El municipio rionegrino atraviesa una crisis política, financiera e institucional sin precedentes. Aislado del gobierno provincial tras pasarse a filas libertarias, el intendente acusa al partido provincial de operar en su contra. Pero los números están en rojo y crece el conflicto con los trabajadores municipales

Gestión en Allen: Román contra las cuerdas

La crisis institucional, política y financiera que arrastra la municipalidad de Allen, Río Negro, se profundizó en los últimos días. El intendente, Marcelo Román, quedó acorralado por los problemas económicos y aislado políticamente, tras haber roto la alianza con el gobernador Alberto Weretilneck para convertirse en el primer intendente libertario de la provincia.

Afiliado al radicalismo, Román llegó al poder municipal en diciembre de 2023 gracias al acuerdo electoral que esa fuerza había sellado con Juntos Somos Río Negro, el partido provincial que gobierna la provincia. A los pocos meses anunció su desafiliación a la UCR para pasarse a las filas libertarias con la esperanza de ser beneficiado por el Gobierno nacional y poder prescindir del apoyo provincial. Sin embargo, nada salió como lo esperaba.

En marzo de este año, en la apertura de sesiones del Concejo Deliberante, Román anunció que la ciudad contaba con un superávit de alrededor de 200 millones de pesos. El dato llamó la atención a algunos concejales de la oposición, que venían solicitando información del estado de las cuentas al Ejecutivo, advirtiendo que algunos números no cerraban.

El Tribunal de Cuentas respondió la nota con un informe de casi cien páginas donde expuso cifras alarmantes. Por ejemplo, el municipio gastó en la realización de la Fiesta Nacional de la Pera –en enero de 2025- más de 576 millones de pesos, mientras que en 2024 la cifra destinada a ese evento había sido de 14 millones de pesos. Los festejos del 25 de Mayo, día en que se conmemora el aniversario de la ciudad, también pegaron un salto significativo: de 35 millones de pesos en 2024 ascendieron a 251 millones en 2025. Otros ítems que encendieron las alarmas fue una deuda con los proveedores de casi 3 mil millones de pesos y los gastos en publicidad por 34 millones de pesos.

Si se toman como referencia los datos informados por el Tribunal de Cuentas de junio de este año, al municipio ingresan mensualmente 510 millones de pesos de coparticipación provincial, 400 millones de pesos de coparticipación nacional y 477 millones de pesos por recaudación del municipio. En total, los ingresos suman unos 1.387 millones. “Nos estaría alcanzando solamente para pagar sueldos”, dijo a La Tecla Patagonia el concejal de JSRN Guillermo Pennesi, “ni siquiera hay un cronograma para pagarle a los proveedores”, agregó.

Ese mismo mes, medios de la región que siguen el caso, como Inforo, hicieron pública la renuncia de la entonces secretaria de Hacienda del municipio, Griselda Morell, tras denunciar persecución política y aprietes para firmar documentos. También expuso que todas las decisiones del municipio se tomaban con el consentimiento del empresario de medios local, Sebastián Ocampo, que oficiaba de asesor del intendente sin tener ningún cargo ni función designada en el municipio.

Los miembros del Tribunal de Cuentas radicaron una denuncia penal contra Román y Ocampo en la Fiscalía N° 4 de General Roca, a cargo de María Celeste Benatti, por los presuntos delitos de peculado y de usurpación de cargo público. Según contaron a LTP, solicitaron ser querellantes en la causa y van a ampliar la denuncia sumando otros hechos que actualmente están investigando, como una orden de pago por 25 millones de pesos, en diciembre pasado, a un privado, para arreglar maquinaria del corralón municipal que sigue sin funcionar.

El intendente respondió a las acusaciones del Tribunal de Cuentas en sus redes sociales. Aseguró que se trata de “operaciones políticas disfrazadas de control institucional!” y apuntó contra la presidenta del Tribunal, Belén Villar, a quien acusó de “falsear los números de manera deliberada con fines políticos”.

Lo mismo creen en el círculo rojo de LLA Río Negro, presidida por la diputada Lorena Villaverde, de donde Román salió eyectado a fines de agosto. Desde ese espacio dijeron a LTP que “JSRN opera contra toda la oposición en todos los ámbitos del Estado” y entendieron que, si bien muchos municipios están “desordenados”, no en todos la justicia y los medios operan de la misma manera que lo están haciendo en Allen.

Para Román, el déficit se originó en la decisión del Concejo Deliberante de rechazar el aumento de tasas que él había solicitado a principio de año y en la decisión del gobierno de Javier Milei de modificar el esquema tributario y afectar el reparto de la coparticipación a los municipios. Para salir de la crisis, el 28 de agosto envió un proyecto al Concejo Deliberante para declarar la emergencia pública en materia económica, financiera y fiscal por un plazo de seis meses con posibilidad de renovarlo por seis meses más.

De los nueve concejales que integran el cuerpo, sólo tres responden al intendente. Los ediles de la oposición aseguran que el proyecto que envió el ejecutivo sólo busca otorgarle superpoderes al intendente pero no contiene un programa que describa cómo empezar a equilibrar las cuentas. De no introducir modificaciones tendientes a empezar a ordenar los gastos, lo van a rechazar.

“Pasamos de tener superávit a una emergencia”

Guillermo Pennesi es Vicepresidente Primero del Concejo Deliberante Allen y preside el bloque de JSRN, bloque aliado al radicalismo momento de la llegada de Román al poder, pero que quebró el vínculo cuando se pasó a las filas de LLA. En diálogo con La Tecla Patagonia, describió la situación que vive la comuna allense y señaló que no se explica cómo, para el intendente, “pasamos de tener superávit hace cinco meses y ahora nos encontramos con una emergencia”.

Indicó que el proyecto tal como fue presentado no va a ser acompañado por los bloques opositores porque “lo único que dicta es darle una especie de superpoderes al intendente para que él pueda seguir dictaminando cuáles son las contrataciones que se deben realizar y cuáles no, el manejo de las horas extras… O sea, todas cuestiones que ya tenía”.

Agregó que Román pidió a la provincia un “rescate” económico que le fue denegado y agregó que “lo que le está pidiendo la Provincia es que tiene que achicar, porque si no achica el mes que viene vamos a estar en la misma problemática”. Para Penessi, “en la emergencia, por lo menos, tiene que plantear un plan de recuperación de deuda, con quita de intereses, con lo que sea, y el achique de funcionarios”, consideró, porque “hay más o menos 200 contratos de esta gestión que revisten categorías altas y, a su vez, cobran horas extras. Ese desfasaje de volumen de sueldos le terminó comiendo el presupuesto”, explicó. “Él tiene que empezar a achicar las categorías o los funcionarios y bajar un poco los sueldos. Si no, no va a poder recuperar los 400 millones”, analizó.

El concejal descartó que estén pensando en avanzar con un juicio político contra el intendente por mal desempeño de sus funciones porque el espíritu es el de “respetar institucionalidad”. “Marcamos las pautas y vamos a ir viendo cómo se van manejando, respetando por lo menos esta emergencia económica”, finalizó.

“En determinado momento comenzó a gastar más de lo que ingresa”

La presidente del Tribunal de Cuentas de Allen, Belén Villar, explicó a La Tecla Patagonia que “lo que hizo este gobierno fue incrementar demasiado la planta” y remarcó que “se va mucho dinero en sueldos”. El problema se acentuó en junio, cuando se sumó el pago del medio aguinaldo y hubo que desdoblar el calendario de pagos. “En determinado momento comenzó a gastar más de lo que ingresa”, resumió Villar.

Como si le hablara al intendente, Villar analizó que “si en mayo veías que la situación económica se te estaba complicando, no podés gastar 250 millones en un aniversario local o 600 millones en la Fiesta de la Pera, si al mes siguiente no podés pagar sueldos y aguinaldos”, y redondeó: “es muy mala gestión”.

Cuando el Tribunal de Cuentas dio a conocer la información requerida por el Concejo, Román acusó a Villar de manipular los números con fines políticos y remarcó que el informe carecía de legalidad por no contar con la firma del contador. Sin embargo, Villar aclaró que “las contestaciones a las notas con pedidos de información, salen con la firma del presidente del Tribunal de Cuentas, nada más. Las resoluciones sí necesitan la firma de todo el cuerpo”.

“Nosotros denunciamos penalmente a Marcelo Román y a Sebastián Ocampo por la presunta comisión de los delitos de usurpación de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La denuncia la hicimos por estos delitos” indicó y contó a LTP que días atrás ampliaron la acusación contra el intendente para que se investigue también una orden de pago que salió del municipio en diciembre pasado por el monto de 25 millones de pesos, por el arreglo de maquinaria del galpón municipal que sigue sin funcionar. Por último indicó que solicitaron presentarse como querellantes en la causa y están esperando la respuesta de la justicia.

Malos tratos y violencia psicológica: el otro conflicto

Lorena Cabrera es secretaria adjunta del SOYEM, uno de los gremios, junto con ATE y UPCN, que representan a los trabajadores municipales de Allen. Es empleada de planta permanente desde hace 20 años y en diálogo con La Tecla Patagonia contó que “el conflicto con esta gestión no empezó con el tema salarial”, sino con situaciones de “malos tratos, violencia psicológica, las exigencias de hacer cosas que no te corresponden, el traslado de trabajadores de un lugar a otro”, entre otras situaciones.

Durante el primer año de gestión, estos conflictos eran contenidos por un acuerdo paritario que conformaba a los sindicatos. “Ahora se junta todo este maltrato con el tema de la crisis económica. Ahí reventó todo”, contó Cabrera.

Este año, “se venía la Fiesta de la Pera y le dijimos (al intendente) que no la hiciera porque ya veíamos que venían tecleando con el tema plata”, señaló. Pese a las advertencias y al dinero que empezaba a escasear, el municipio les otorgó un 24% de aumento salarial para el primer trimestre y ofreció, en abril, un aumento del 35% para el segundo trimestre del año. “Nosotros peleábamos por llegar al 30 y salimos con el 35 para el trimestre”, contó la gremialista, aún sorprendida.

Pero en junio los aguinaldos los tuvieron que pagar en forma escalonada y ahora ni siquiera tienen fecha para retomar la paritaria para la segunda mitad del año que ya está transcurriendo. En medio de esa puja, los sindicatos se declararon en estado de asamblea permanente y realizaron protestas con bombos y quema de gomas frente al municipio. El ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria y el intendente debió reincorporar a 20 trabajadores que había despedido en ese período. Finalmente, los despidió el 3 de septiembre, cuando venció la conciliación.

Ese mismo día, el municipio dio a conocer el cronograma de pagos de los sueldos de agosto: se hará en forma escalonada, hasta el 26 de septiembre. En respuesta, los gremios anunciaron que volverán a realizar retención de tareas a partir del próximo lunes, por tiempo indeterminado. “El paro va a ser un momento muy duro para nosotros. No es agradable tener que estar en un lugar tocando el bombo, poniéndose a la gente en contra. Pero es el único arma que tiene el empleado para poder presionar porque con el diálogo no llegas a ningún lado con esta gente”, concluyó la delegada.

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